Villa narco

Desde cuando el español Manuel Abajó Abajó llegó a Colombia en los años 70, lo trataron como a un rey. Era amante del polo y de los caballos de pura sangre que exportaba en aviones de la Fuerza Aérea. Tenía la pinta perfecta para cada ocasión. Era jugador, bebedor y mujeriego. A sus 30 y pico de años, descrestó al jet set bogotano y hacía alarde de ser amigo de políticos, generales y embajadores.

En España pensaban todo lo contrario. Gozaba de mala reputación. Presumían que convertía sus caballos de exportación en 'mulas' para llevar la cocaína a su país. Decían que sus amigos eran narcos de los carteles de Cali y de Medellín. Y tenía fama de embaucador y mentiroso.

Los españoles no estaban equivocados. Un fiscal que no le perdió el rastro a Abajó durante 1999 y 2003 logró demostrar que, después de purgar una primera condena de nueve años por narcotráfico en la cárcel de Carabanchel, en Madrid, el español continuó con sus negocios turbios. Junto con otros 11 narcotraficantes, españoles y colombianos, utilizaba cuentas bancarias en España, Nueva York, Florida y Bogotá para ordenar transferencias con dineros provenientes de la venta de cocaína.

El 29 de julio de 2003, un juez español ordenó el decomiso de todas esas cuentas en donde había 32 millones de dólares. Las sociedades de toda la red mafiosa fueron disueltas. Entre ellas figuraban Inversiones Maba, Inversiones Nuevo Mundo, Explotaciones Hípicas Internacionales e Inmunizadora de Maderas del Oriente, controladas todas por Abajó, quien fue condenado nuevamente a seis años de cárcel y a pagar una multa de 10 millones de euros.

Su nombre salió de nuevo a relucir en Colombia cuando se desató la polémica sobre qué hacer con su casona Villa Adelaida, ubicada en la calle 70 con carrera séptima, al norte de Bogota. La Alcaldía de Bogotá quería restaurar la casa y conservarla como monumento nacional. El Ministerio de Cultura respaldaba un proyecto que consistía en construir un hotel, un restaurante y un paseo comercial. Los vecinos de la zona también opinaron a través de una consulta popular. Pero la batalla tomó un curso inusitado cuando la concejal Lariza Pizano le pidió a la Fiscalía que investigara el pasado non sancto de su dueño. Hubo quienes creyeron que se trataba de sabotear el proyecto. Otros quisieron enterrar el pasado de Abajó porque pensaban que sus problemas con el narcotráfico fueron hace muchos años. Algunos estaban convencidos de que lo que se quería era 'narcotizar' el predio y llegaron a decir que era imposible demostrar que detrás había dineros calientes. Mientras crecía toda esta polémica, el español le dijo en una carta a la ministra Elvira Cuervo de Jaramillo: "Nunca he sido sindicado de ningún tipo de delito. Y remata: Me siento vulnerado en mi honra y derechos fundamentales por la campaña tan malediciente que ciertas personas han venido haciendo contra mí y contra el proyecto en cuestión, que con tal de perjudicarnos han aludido a los más bajos e innobles procedimientos". Sin embargo, lo que la Fiscalía colombiana consiguió fueron contundentes fallos jurídicos en su contra proferidos por la justicia española. Y eso, ni aquí ni allá, se considera una "campaña malediciente".