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| Foto: Unicef

CONGRESO

Violadores de menores en Colombia podrían elegir ser castrados

Un proyecto de ley aprobado en primer debate en el Senado le permitiría al Ministerio de Salud aplicar tratamiento químico a los abusadores de niños, niñas y adolescentes. Esta es la propuesta.

14 de junio de 2017

La castración química es un método utilizado excepcionalmente como pena judicial en varios países del mundo. Indonesia, Polonia, Rusia y Estados Unidos son algunos de los que la han implementado. Los estadounidenses son expertos en la materia. Desde la década de los sesenta científicos han recetado la castración química a pedófilos aplicándoles acetato de medroxiprogesterona para bajar su apetito sexual. En vista de los resultados, tres décadas después el estado de California incluyó en su código penal este castigo y meses después lo acogió Florida.

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En Colombia, la Comisión Primera del Senado, aprobó en primer debate un proyecto de ley en el que esta medida también entraría a ser parte del Código Penal. El proyecto plantea que los abusadores de menores podrían elegir ser castrados por medio de un tratamiento químico que disminuiría su líbido y apetito sexual.

El proyecto, de autoría de varios senadores como Maritza Martínez y José David Name, de La U; Alexander López, del Polo y que fue su ponente en primer debate; Jaime Amín, del Centro Democrático; Juan Manuel Galán, del Partido Liberal, deja a juicio del violador ser castrado por el Ministerio de Salud.

Inicialmente, el proyecto pretendía imponer la castración a un violador que reincida en el delito, pero por recomendación de ese ministerio, los ponentes cambiaron la iniciativa para que esta deje al libre albedrío el tratamiento, que sería por medio de inyecciones que reducirían notablemente el aumento de hormonas y por defecto el apetito sexual sería eliminado o disminuido, para que el victimario no reincida en la conducta.

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“Nosotros no queremos dejar suelto este tema y por eso dijimos que podría ser una medida voluntaria, de que el procesado o condenado tome esta decisión como una forma de resarcir a la sociedad y el daño que ha cometido con los niños”, explicó Alexander López.

Países como Reino Unido, Australia, España y Francia han acogido en su legislación penas alternativas como esta, que no son impositivas. De ser aprobado por el Congreso, Colombia se convertiría en el segundo país de América Latina en adoptar la misma medida.

Hay cárceles en las cuales el uso de fármacos es de vieja data. Por ejemplo, en Whatton, Inglaterra, 100 presos se sometieron a inicios de este año a un tratamiento químico con inhibidores selectivos como Prozac para disminuir su apetito sexual. En ese centro penitenciario la casi totalidad de los reclusos ha cometido delitos sexuales, y la mayoría de estos son pedófilos. 

Una realidad preocupante

La violencia sexual contra los niños en Colombia es una de las tragedias silenciosas más graves del país. De acuerdo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de 46.000 niños han sido violados en el país durante los últimos seis años. El Instituto Nacional de Medicina Legal también registra cifras alarmantes. Entre 2006 y 2015 se realizaron 160.280 exámenes médicos por presunto abuso sexual. A esto se suma que la mayoría de los casos existe un subregistro del problema. 

Los casos de Yuliana Samboní o Sara Salazar Palacios han conmovido al país y se han convertido en símbolos de la necesidad de luchar de manera más directa contra este flagelo. 

El proyecto también plantea la aprobación de dos nuevos tipos penales en el Código Penal, que aumentan la pena para violadores y abusadores de niños en el país. El acceso carnal violento como agravante está en 18 a 30 años y la iniciativa la considera de 25 a 42 años sin ningún tipo de beneficio; si es acto sexual violento con menor de 14 años la pena pasa de 12 a 24 años a una pena que oscilaría entre 15 a 30 años.

El proyecto pasa a segundo debate en la plenaria del Senado y de ser aprobado allí le restarían dos debates más en la Cámara de Representantes.