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El 12 de marzo fue asesinado dentro de la Universidad de Antioquia el joven Jorge Isaza. La presencia de grupos armados y de expendedores de drogas tiene alarmados a todos

SEGURIDAD

Violencia en el campus

En vísperas de que se elija nuevo rector, la Universidad de Antioquia está sumida en un caos explosivo: plazas de vicio, milicias, robos, amenazas, panfletos y hasta un homicidio en la ciudad universitaria. ¿Qué está pasando?, 101260

21 de marzo de 2009

Ni los muros, ni las mallas, ni la rigurosa vigilancia han evitado que la violencia política y la delincuencia común lleguen a las universidades. Uno de los casos que más preocupan es el de la Universidad de Antioquia, donde el pasado 12 de marzo en la tarde fue asesinado el joven Jorge Isaza. Aunque inicialmente se dijo que se trataba de un estudiante, posteriormente se aclaró que la víctima era un ex alumno de la universidad, y los indicios preliminares de la investigación apuntan a que se trató de un conflicto por asuntos de droga.

Justamente el expendio y consumo de toda clase de drogas se ha convertido en una bomba de tiempo en el campus. Aún está fresca en la memoria de todos la imagen de los dos estudiantes que fueron hallados muertos en un salón de ingeniería el año pasado por una sobredosis de heroína. La universidad se ha convertido en una de plazas de vicio más preciada de la ciudad. En el sector conocido como 'el aeropuerto', que históricamente ha sido la 'zona de tolerancia' para el consumo, se puede conseguir desde un pucho de marihuana hasta una bolsa llena de éxtasis y gramos de heroína. Es tan importante este lugar que no sólo abastece a los 300 consumidores que se calcula hay dentro de la ciudad universitaria, sino que gran cantidad de jíbaros se abastecen allí para vender la droga al menudeo en el resto de Medellín. Incluso hay casos graves, como los que ha encontrado la Fundación Carisma, de expendedores de drogas que inducen al consumo a jóvenes, a través de degustaciones gratuitas de heroína que en poco tiempo generan una adicción inmanejable en los muchachos.

El tema se les ha salido de las manos a las autoridades. El rector reconoce que sólo puede combatir el consumo con campañas educativas que hasta ahora han servido de poco. Y que la venta se ha vuelto inmanejable, pues la presencia de la Policía se ha convertido en una permanente controversia con muchos sectores de la universidad que rechazan el ingreso de los uniformados, por considerarlo una violación de la autonomía universitaria.

Este auge del crimen se da también en momentos en que la polarización política y las amenazas e intimidaciones están al rojo vivo. A principios de marzo circuló por Internet una amenaza de muerte contra 30 estudiantes de diferentes facultades. El correo estaba firmado por 'Paramilitares pertenecientes al bloque antioqueño de las autodefensas'. El miedo entres los amenazados está latente, tanto es así que algunos ya cancelaron su semestre académico. SEMANA pudo constatar que todos hacen parte del comité de voceros de la universidad, que son líderes políticos y han servido como puente entre los estudiantes y la parte administrativa. Un blanco fácil para los grupos radicales de derecha, que desde hace tiempo tienen asidero dentro de la universidad.

Las guerrillas también han puesto su cuota de zozobra. El año pasado una multitud de hombres encapuchados comenzaron a marchar dentro de las instalaciones, a cantar el himno de las Farc y a gritar consignas a favor de los líderes de ese grupo.

"No podemos negar que dentro de la universidad hay todo tipo de grupos y combos tal como sucede en el resto del departamento", dice el rector Alberto Uribe. Pero eso no tranquiliza a nadie. Un grupo importante de profesores está defendiendo la propuesta de que la universidad se abra y se integre a la ciudad, pues el cerco que la rodea la ha convertido en trinchera para actos como los que han ocurrido recientemente. Una universidad abierta obligaría a darles un tratamiento a los criminales que allí se albergan, como el que se le da a cualquier delincuente en otro sitio de la ciudad. Y no un trato especial como el que se le ha dado hasta ahora, que puede estar facilitando la impunidad sobre todos los delitos que se cometen en el campus.