Violencia contra sindicalistas sigue enredando el TLC con EE.UU.

Una organización defensora de derechos humanos contradice la tesis de la administración de Barack Obama de que Colombia da pasos importantes para juzgar a los asesinos de activistas sindicales y por lo tanto merece la aprobación del Congreso de Estados Unidos de un tratado de libre comercio.
 
"Colombia continúa enfrentando niveles alarmantes de violencia sindical", aseguró Human Rights Watch (HRW) en una carta dirigida esta semana a la fiscal general de Colombia, Viviane Morales.
 
En el 2010 fueron asesinados 51 activistas sindicales y 23 en lo que va del 2011.
 
Aunque la cifra ubica a Colombia como el país más peligroso para la actividad sindical, incluso los mayores críticos del Gobierno admiten que las cifras están muy por debajo de los casi 200 asesinatos que se registraban a inicios de la década, según datos de grupos no gubernamentales colombianos como la Escuela Nacional Sindical (ENS).

HRW reconoció que el número anual de sindicalistas asesinados es un cuarto de los ocurridos hace una década y dio la bienvenida a un reciente anuncio de la fiscal Morales de añadir 100 policías judiciales y otros 14 fiscales a la subunidad que investiga los casos.

Pero los homicidios no cesan.

Colombia sigue sumergida en un conflicto armado interno desde hace casi 50 años y los grupos sindicales y de derechos humanos de Estados Unidos y de Colombia insisten en que hasta tanto se detengan Bogotá no merece tener un tratado de libre comercio (TLC) con Washington.

El tratado fue firmado en el 2006 y desde entonces espera el visto bueno del Congreso estadounidense.

La organización defensora de derechos humanos HRW tomó hace varios años la decisión de oponerse a la ratificación del TLC con Colombia hasta que no se registren "mejorías significativas y duraderas", según han dicho sus directivos.

En su misiva, fechada el 29 de septiembre, la principal crítica de HRW parece centrarse en que la mayoría de las condenas están referidas a los autores materiales de los asesinatos de los trabajadores sindicalizados y que no se ha investigado a los intelectuales, desde políticos hasta colegas.

"Mientras algunos crean que pueden dar órdenes, pagar o instigar a grupos armados para asesinar a sindicalistas sin ningún tipo de consecuencias, seguirán existiendo grupos armados o sicarios dispuestos a hacerles el trabajo sucio", dijo HRW en su carta de 13 páginas.
 
Agregó que "dado que las investigaciones son inadecuadas, es imposible saber a esta altura en cuántos asesinatos el móvil fue en realidad la actividad sindical de las víctimas".

La Fiscalía General creó en el 2006 una unidad especial dedicada a investigar los homicidios de sindicalistas que comenzó a funcionar al año siguiente. Aunque HRW destacó que esa nueva dependencia logró progresos importantes, hasta ahora, sin embargo, "prácticamente no ha logrado avances en la obtención de condenas en casos de asesinatos cometidos en los últimos cuatro años y medio".

En ese período sólo hubo condenas en seis de 195 asesinatos.

El magro resultado se debe en parte a que se trata de homicidios ocurridos después del 2006, fecha límite de la llamada ley de Justicia y Paz por la cual paramilitares consiguen condenas reducidas -como máximo ocho años de prisión- a cambio de confesar sus crímenes cometidos antes de ese año.

"Al día de hoy, Colombia ha obtenido condenas en menos de 10% de los 2.886 asesinatos de sindicalistas registrados desde 1986 por la ENS", dijo HRW.

La unidad de sindicalistas aseguró a la AP que 513 personas han sido condenadas.

Esas condenas, agregó HRW, fueron producto casi exclusivo de confesiones de paramilitares y "no se efectúa una investigación exhaustiva que puede determinar el verdadero motivo por el cual la agresión se dirigió específicamente a esa víctima".

Debido a "deficiencias en la estrategia de investigación" por parte de los fiscales no se han podido "identificar patrones delictivos que les permitan dar con las personas -incluidos funcionarios y empleadores- que habrían ordenado, instigado o actuado en connivencia con grupos armados para atacar a sindicalistas".

Sólo en 10 sentencias se han producido condenas a políticos, miembros de las fuerzas de seguridad, empleados o compañeros de trabajo de las víctimas, dijo el grupo.

En el caso del asesinato de un profesor de deportes ocurrido en el 2002 en San Rafael, en el departamento de Antioquia, uno de los paramilitares que confesó el crimen dijo que fue cometido por orden del alcalde, según el texto de la sentencia condenatoria de febrero. Pero hasta ahora no existe una investigación formal al entonces alcalde, Édgar Eladio Giraldo, que fue reelegido en el 2008, aseguró el fiscal Hernando Castañeda, de la unidad que investiga los crímenes de sindicalistas.

"No tengo ningún conocimiento de eso, ni sabía que estaba involucrado en eso", dijo Giraldo en entrevista telefónica al ser consultado por el asesinato del profesor Julio Ernesto Ceballos.

José Miguel Vivanco, director para el continente americano de HRW, dijo que tras décadas de violencia contra los sindicalistas, el reto que enfrenta la fiscal Morales es enorme.

"En las actuales circunstancias, lo que está en juego es la capacidad del sistema de justicia de disuadir de manera efectiva la violencia contra sindicalistas", dijo Vivanco en la carta a la Fiscal General.

Otro de los sectores que se oponen a la ratificación del TLC es el Sindicato de Trabajadores del Acero estadounidense. Los datos contenidos en la carta de HRW "prueban lo que la central (de trabajadores) le está diciendo a la Casa Blanca, la situación de los derechos laborales en Colombia no está mejorando y aprobar el TLC no es apropiado", dijo Dan Kovalik, del Sindicato.
La Federación Americana del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO, por su sigla en inglés) divulgará en breve un pronunciamiento en el que asegura que Colombia ha incumplido un plan de acción laboral que acordaron el presidente Juan Manuel Santos y Obama en abril como condición para que el Congreso estadounidense apruebe el tratado.

En el pronunciamiento, la AFL-CIO afirma que no hay "justificación económica, política o moral para premiar a Colombia con un tratado de libre comercio".

Nkenge Harmón, vocera del representante comercial de Estados Unidos en Colombia, afirmó que el historial de procesamientos de los responsables de la violencia contra sindicalistas ha "mejorado significativamente" y destacó que desde Estados Unidos se han destinado recursos adicionales, como entrenamiento y apoyo, para atender el tema.

En Washington el congresista demócrata Jim McGovern, que sigue el caso colombiano, no se atrevió a pronosticar qué sucederá finalmente con el tratado. "Mi preocupación es que si se aprueba el TLC en este momento, se quita la presión que hay sobre los poderes que en Colombia pueden hacer un intento sincero, honesto y concentrado para mejorar la situación" de los sindicalistas, dijo.
 
AP