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| 2/16/2015 5:00:00 PM

Son más de seis millones las víctimas de la violencia

El contralor Edgardo Maya aseguró que es necesario buscar nuevas fuentes de financiación para la atención de los afectados.

Este lunes, la Corte Constitucional pasó al tablero a todas las entidades del Estado encargadas de la atención a las víctimas del desplazamiento forzado, uno de los delitos que más víctimas arrojan en el conflicto armado. Fiscalía, Contraloría, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, entre otras, expusieron los avances en la materia.
 
El contralor general, Edgardo Maya Villazón, propuso redefinir las metas que el Gobierno tendría que considerar en materia de atención, asistencia y reparación, pues las proyecciones han sido superadas. Una encuesta realizada por la entidad mostró que el número de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia ascendió al 11,9 % de la población total de Colombia.

"El universo de las víctimas es mayor al previsto en los inicios de la política, se incrementó el despojo de tierras y es gravísima la situación de pobreza e indigencia de la mayoría de víctimas del desplazamiento forzado en Colombia, revela la Primera Encuesta Nacional de Víctimas de la Contraloría”, dijo Maya.

Aunque señaló que el país ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado, todavía es prematuro el levantamiento del Estado de Cosas Inconstitucional proclamado en la sentencia T-025 de 2004.

Advierte la Contraloría que existe una confusión respecto a las cifras de desplazamiento planteadas por el Estado y diferentes organizaciones, “mientras La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) reportaban 3,8 millones de víctimas, la Encuesta encontró 5,6 millones, al tiempo que los reportes actuales del sistema del Gobierno hablan de seis millones de personas desplazadas por la violencia y un millón de personas afectadas por otros hechos victimizantes”, dijo Maya.
 
La Encuesta indica también que, según los cálculos más conservadores, el despojo de tierras en el país se estima en más de siete millones de hectáreas, lo que significa un incremento de 435.000 hectáreas de despojo en tres años, si se compara con la medición que realizó en el 2010 la Comisión de Seguimiento a la Política de Desplazamiento.

Al exponer todas estas nuevas cifras, el contralor Maya Villazón consideró que para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, es necesario que el diagnóstico se ajuste a parámetros de medición más próximos a la realidad.
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