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Los horrendos crímenes que han quedado registrados en los diarios y de los que se habla ‘sottovoce’ en la ciudad han acabado con la imagen ‘señorial’ que alguna vez tuvo Palmira.

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Violencia en Palmira, la ‘Ciudad de Dios’ de Colombia

Palmira, a escasa media hora de Cali, se está convirtiendo en un hervidero de bandas que matan hasta por deporte. SEMANA revela escalofriantes interceptaciones.

23 de junio de 2012

Palmira es una ciudad en desarrollo y epicentro del boom azucarero en el Valle del Cauca. Su ubicación estratégica la convirtió en puerto seco y corredor obligado entre el convulsionado norte de Cauca y Cali.

Pero desde hace dos años la violencia parece que se enquistó en esta urbe donde viven 296.000 personas. Desde 2010 los homicidios crecen por encima de los 200 casos al año y la tasa de muertos por cada 100.000 habitantes supera con creces la de ciudades más grandes como Bogotá, Medellín y Cali.

Quizás la violencia que azota a Palmira no difiera en nada del fenómeno de inseguridad urbana que por estos tiempos se enquistó en el resto del país a raíz de la expansión del microtráfico; pero la diferencia está en que, en este caso, y gracias a una investigación de las autoridades, se sabe con pelos y señales el reto al que se enfrentan con esas bandas, la manera escandalosa como operan, el poder que ostentan y el terror que imparten.

SEMANA tuvo acceso a docenas de audios de una investigación que desde agosto de 2011 desarrollaron miembros de la Sijin y el CTI de la Fiscalía, con los que este año lograron desarticular al menos tres de las seis oficinas de cobro que azotan a Palmira, capturar a unas 26 personas y acusarlas de cerca de 19 homicidios. "Tienen tal poder que se dan el lujo de rechazar ayuda de otras bandas como los Urabeños y los Rastrojos", dijo un investigador.

Gracias a esas interceptaciones telefónicas, hoy las autoridades cuentan con un grueso expediente donde los delincuentes ordenan y planean crímenes, controlan el negocio del narcotráfico y detallan extorsiones. La mayoría de esas pruebas son tan contundentes y escalofriantes que los criminales optaron por aceptar los cargos.

Palmiranos consultados por esta revista coincidieron al afirmar que el problema hizo metástasis, "a los comerciantes nos extorsionan y la cifra varía de acuerdo con el genio del jefe de la banda, y el que no paga se va o lo matan", dijo una fuente que pidió reserva de su nombre.

La verdad es que este año han ocurrido episodios escandalosos que dan serias señales de la descomposición social que enfrenta esa ciudad. Por ejemplo, en marzo un policía murió cuando quedó en medio de una balacera entre dos bandas que se peleaban el dominio territorial. En abril la ciudad fue sorprendida con dos descuartizamientos y en mayo hubo conmoción tras el aterrador caso de intolerancia en el que un joven decapitó a su hermano y huyó con la cabeza.

Para Martha Walteros, directora del Observatorio del Delito, un esfuerzo público y privado donde se analizan las estadísticas de criminalidad en la ciudad, el fenómeno es de fondo y no de simples medidas policiales, "la cultura de resolver los problemas por cuenta propia, el irrespeto a las normas y el uso masivo de armas de fuego, lo empeoran", concluyó la señora Walteros.

Aunque este año las cifras de asesinatos cedieron, el problema delincuencial sigue latente y es tan alarmante que la propia Consejería para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, que lidera el caleño Francisco Lloreda, debió realizar cuatro reuniones en esa ciudad y poner en marcha planes integrales. María Eugenia Muñoz, secretaria de Gobierno de Palmira, reconoce la gravedad de la situación, pero advierte que "están trabajando para resolverlo".

Llama la atención que esa ciudad cuenta con una buena representación política al tener un senador y dos diputados; además, es el fortín político de reconocidos barones electorales del Valle. Pese a esa figuración, hoy no cuenta ni siquiera con un fiscal especializado para investigar crímenes y la Policía trabaja con las uñas para atacar los 134 puntos de expendio de bazuco detectados por las autoridades y que a diario facturan en promedio un millón de pesos.