Martes, 17 de enero de 2017

| 1997/04/28 00:00

VIOLENCIA POLITICA

Analistas y autoridades se preocupan porque el año electoral 1997-1998 pueda ser elmás violento en la historia de Colombia.

VIOLENCIA POLITICA

Si algo ha caracterizado la historia de Colombia ha sido la violencia política. Desde las guerras civiles del siglo pasado, pasando por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, múltiples acontecimientos de la vida nacional han tenido como trasfondo el enfrentamiento por causas políticas. No hay sino que pensar en que Colombiaes el único país en el mundo en el que en un solo año (1989-1990) fueron asesinados tres candidatos a la Presidencia de la República: Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro.
Siempre se pensó que ese era un récord que aun para Colombia resultaría difícil de romper. Y es muy posible, en efecto, que nunca se repita tal sucesión de magnicidios. Pero los informes oficiales señalan que el año electoral que se avecina (1997-1998) podría ser tanto o más violento que 1989. Primero, porque uno de los temas obligados del próximo debate electoral será la extradición y si éste toma fuerza es seguro que los narcotraficantes no se van a quedar con las manos cruzadas. Segundo, porque todos los años previos a las elecciones presidenciales son años picos en la actividad guerrillera. Y tercero, por el crecimiento que han tenido los grupos paramilitares en los últimos años.
Tal como sucedió en la pasada campaña, la extradición volverá a ser un tema central del debate electoral. Ninguno de los candidatos podrá evadir el tema a la hora de exponer sus ideas ante el país. Con el ingrediente adicional de que no sólo tendrán que decir si están de acuerdo o no con la extradición, sino que -dadas las características del debate en la actualidad- tendrán que pronunciarse sobre su retroactividad. Y eso hará que la campaña tenga unas connotaciones particularmente delicadas.
Para el general Rosso José Serrano, director de la Policía Nacional, es muy posible que a la par con el incremento de las acciones guerrilleras haya una reacción violenta de parte de los narcotraficantes. "La guerrilla ha atacado los puestos de policía para desalojarnos y así poder presionar a la gente para que vote por sus candidatos. Su objetivo es poner alcaldes en 600 municipios. Por otra parte, los grupos de narcotráfico están muy bravos con las leyes de extinción de dominio y aumento de penas. Estamos evaluando cuál va a ser su reacción ante estas acciones y ante lo que más temen, que es la extradición", dice Serrano.
El general cree que la suma de todos estos elementos hará que este año electoral sea particularmente violento y no descarta que se presenten atentados y bombas como en 1990. Esta situación obligará, en su opinión, a que los candidatos presidenciales utilicen más la televisión que las plazas públicas para difundir sus programas y eviten los desplazamientos por tierra. Esta recomendación la hace teniendo en cuenta la actual polarización del país y las posiciones de los eventuales candidatos, la mayoría de los cuales se inclinan por la extradición, el endurecimiento de penas contra la delincuencia y una estrategia integral de manejo de la subversión.
Si a eso se suma que, según informes de inteligencia militar, los grupos guerrilleros andan en una verdadera carrera armamentista, con el fin de dar cumplimiento a la estrategia trazada en la primera conferencia militar de la subversión, realizada en 1995, de desatar el próximo año, en plena contienda electoral, la que ellos han llamado la "etapa de insurrección general" -ver recuadro- y que en esa meta se cruzarán con un paramilitarismo creciente y cada vez más organizado, el panorama no es nada halagador.
Alcaldes en la mira
Por el momento, lo que está claro es que 1997 arrancó en forma particularmente violenta. En los dos primeros meses del año fueron asesinados los alcaldes de Solano (Caquetá), La Paz (Cesar) y La Plata (Huila). Los de Betania y Puerto Nare (Antioquia), El Castillo (Meta), Riosucio y Sipí (Chocó), Pamplona (Norte de Santander), Balboa (Risaralda), Codazzi (Cesar), Juan de Acosta (Atlántico) y el reemplazo del alcalde asesinado en La Paz está amenazado de muerte. La alcaldesa de Guadalupe (Antioquia) fue secuestrada por el ELN y liberada después de que los guerrilleros comprobaron que no patrocinaba la creación de grupos Convivir. Algunos alcaldes ya dimitieron. Otros continúan en sus cargos pero todos tienen miedo de lo que pueda pasarles.
No son los únicos asustados. Diputados, concejales, guerrilleros reinsertados, dirigentes y militantes políticos de todas las tendencias saben que también están en la mira. En lo que va corrido de 1997 han sido asesinados un concejal de Belén (Nariño), un militante de la Alianza Democrática M-19, un ex candidato a la alcaldía de Tibú (Norte de Santander) y el secretario de Gobierno de Ocaña, en el mismo departamento. Eso sin contar el atentado contra Tomás Velásquez Sánchez, ex representante a la Cámara por el grupo de reinsertados Esperanza, Paz y Libertad -EPL-, el secuestro del representante liberal del Huila Julio Bahamón o las masacres selectivas que han venido cometiéndose en diferentes sitios del país y que, según denunció Amnistía Internacional, ya dejan más de 200 muertos en este año.
Es un hecho, además, la confrontación entre guerrilleros y paramilitares para consolidar el dominio de ciertas áreas. En Codazzi, por ejemplo, había una calma relativa hasta finales del año pasado. La población, sin respaldarlos, sobrellevaba la presencia de los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-. Hace cinco meses llegaron a la zona las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá -Accu- y mataron a un inspector de Policía, a quien acusaban de ser colaborador del ELN. Desde entonces se prendió la guerra en la región. Hoy el alcalde Gilberto Gómez y los miembros del Concejo municipal están amenazados por las autodefensas. De acuerdo con informes oficiales, esta conflictiva situación se presentará, sino se vive ya, en los departamentos del eje cafetero, Antioquia -especialmente en el área de Urabá-, Cesar, Sucre, Arauca, Casanare, Caquetá, los Santanderes, Boyacá, Cauca y Nariño.
Un país dividido
Alejandro Reyes, investigador de la Universidad Nacional, cree que esta proyección puede particularizarse más. "Hoy el país puede dividirse con una línea en dos partes, con dos dueños diferentes: el noroccidente de los paramilitares y el suroriente de la guerrilla. El mayor potencial de violencia está en las fronteras de seguridad de unos y otros: lugares como la Sierra Nevada de Santa Marta y sus alrededores, el sur del Cesar y la región aledaña, Barrancabermeja, el nordeste antioqueño, el norte y el sur del Valle del Cauca, Cundinamarca y Meta, en donde va a centrarse la violencia preelectoral", dice Reyes. Tanto guerrilleros como paramilitares saben que para librar y ganar estas batallas no pueden improvisar. Por eso la violencia que se ha presentado en estos meses no es más que el resultado de la aplicación de sus respectivas estrategias de guerra.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz calcula que hay presencia guerrillera en 622 municipios del país. Es decir, en más de la mitad de los que existen en todo el territorio nacional. En 57 de estas zonas, según un reciente informe de la Policía Nacional, los subversivos mantienen una constante fiscalización de las administraciones regionales, una estrategia que hace parte de su supuesta campaña contra la corrupción administrativa, de sus planes de control municipal y poder popular local y de su intención de crear cogobiernos. Para las Fuerzas Armadas, Nariño es el departamento donde más se evidencia el dominio político a través de este sistema inventado por el ELN.
Esta esquina de Colombia se volvió atractiva para la guerrilla por el auge de los cultivos ilícitos y por su estratégica posición para el tráfico de armas, municiones y explosivos. También es el área donde se ha presentado el mayor número de secuestros transitorios de alcaldes, quienes se volvieron objetivos políticos y militares para los guerrilleros. El año pasado, por citar un caso, Juan Legarda, alcalde del municipio de Ricaurte, fue amenazado, secuestrado durante dos meses y obligado a dejar su cargo por el ELN. La alcaldesa de Barbacoas, María Lucía Cortes Quiñones, no tuvo mejor suerte: fue secuestrada por las Farc primero y luego recibió amenazas del ELN. Otros 11 alcaldes nariñenses fueron amenazados o retenidos durante el mismo período. Nadie está a salvo. Las amenazas cobijan -como lo hicieron saber las Farc por medio de un video que enviaron a la Asamblea Departamental- "a todos los funcionarios departamentales y municipales involucrados en manejos irregulares de dineros y bienes del Estado".

Candidatos encubiertos
De cara a las próximas elecciones regionales las Farc, que hoy cuentan con 64 frentes, tienen previsto organizar el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, una agrupación política que se mantendría en la clandestinidad y participaría en los comicios con candidatos encubiertos o ejercería su influencia a través de la presión a otros aspirantes. Con este movimiento las Farc buscan consolidar y ampliar su poder local sin correr el riesgo de que sus militantes sean exterminados como lo fueron los de la UP. El profesor de la Universidad Externado de Colombia Camilo Echandía, asesor de la Consejería Presidencial para la Paz, sostiene que "la fuerte expansión territorial de la guerrilla registrada en los últimos años no guarda relación con su potencial político ni electoral, que incluso ha decaído ostensiblemente. La expansión territorial de la guerrilla no se traduce en un mayor poder de convocatoria, sino más bien en el incremento de su capacidad de intimidación".
Con miras a sus propósitos electorales las Farc están aprovechando el secuestro de los soldados de la base Las Delicias para obtener dividendos políticos. Por un lado, con el ataque a dicho destacamento enviaron el mensaje de que más allá de una narcoguerrilla con intereses simplemente económicos siguen siendo, según Alejandro Reyes, "un ejército guerrillero, con capacidad de combate, de tomar prisioneros y de atacar un campamento de 110 hombres. Mostraron que siguen siendo un ejército político-militar, interesado en acumular poder local y dominio territorial". Por otro, al tratar aparentemente bien a los soldados, intentan demostrar su interés por el respeto al Derecho Internacional Humanitario -DIH-. En su informe de este año el Departamento de Estado norteamericano criticó a la dirigencia guerrillera por su explotación propagandística de este tema y su inoperancia a la hora de tomar medidas para respetar las leyes humanitarias internacionales.
Al ELN, con 30 frentes activos, también le interesa para sus fines políticos y propagandísticos mostrar que respeta el DIH. El año pasado sus miembros adoptaron un código de guerra, que aparentemente cumplen, para ganar puntos ante la comunidad internacional. Además se han planteado dejar el secuestro como fuente de financiación y evitar el reclutamiento de menores de edad. Dos propuestas que contrastan con la decisión que adoptaron en su última conferencia, celebrada a finales de 1996, de crecer hasta tener 20.000 hombres en armas y dar la guerra de movimientos y posiciones, ideas que significan el triunfo del sector duro del frente Domingo Laín sobre las tesis políticas del cura Manuel Pérez y de Nicolás Gabino. "La línea militarista ganó. A Luchar, el brazo político del ELN, desapareció. Hoy su objetivo es tomarse militarmente un área y defenderla. Esto no significa que hayan abandonado la estrategia del poder local. No van a retirarse de zonas donde son fuertes, como Arauca, ni en las que ya entraron, como el Casanare, el bajo Magdalena y el nororiente antioqueño. Por el contrario, el propósito político de esta arremetida militar es tomar totalmente el poder de hecho y de derecho", dice el politólogo Alfredo Rangel.
Las consecuencias del triunfo de la línea militarista del ELN no se han hecho esperar. A finales del mes pasado atacaron con carrosbomba o petardos las poblaciones de Saravena (Arauca), Aguachica (Cesar), Cúcuta (Norte de Santander) y Bucaramanga y Barrancabermeja en el departamento de Santander.
De la defensa al ataque
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz calcula que en aproximadamente 450 municipios del país hay presencia de grupos paramilitares, de autodefensa y de justicia privada. Aunque su presencia territorial no es tan grande como la de la guerrilla, su poder de confrontación está en alza y en su última cumbre nacional, realizada en noviembre del año pasado, acordaron seguir ganando terreno. Esta actitud evidencia el cambio que tuvieron estas organizaciones a partir de 1992, fecha desde la cual han aumentado considerablemente sus actividades, según la Defensoría del Pueblo. De acuerdo con varios expertos en la materia, la tendencia de los últimos tres años apunta a la desintegración de los grupos de mayor estructura y cubrimiento territorial y a un cambio en su naturaleza. Pasan de ser autodefensas, en el sentido literal de la palabra, a ser grupos de carácter ofensivo, generadores de violencia. Durante los primeros 113 días del año pasado, por ejemplo, su incursión en Sucre dejó 137 muertos y 800 desplazados.
Diferentes ONG nacionales e internacionales atribuyen a paramilitares más de la mitad de los recientes actos de violencia política y persisten en involucrar a los organismos militares en ese tipo de acciones, aunque de manera indirecta y como parte de una estrategia que llaman 'Cambio de etiquetas'. En el último informe de Human Rights Watch se explica en que consiste ésta: "Supuestamente, paramilitares fantasmas que el Ejército alega que no puede ni identificar, ni localizar, ni controlar, asumen la culpa por masacres y desapariciones forzadas, lo que permite a los militares evadir la responsabilidad". En otras palabras, según estas ONG, el Ejército les dejaría el trabajo sucio a los paramilitares.
El Movimiento de Autodefensas ya se dio cuenta de esta situación y tomó cartas en el asunto. En la cumbre ya citada, los paramilitares reconocieron que la participación de militares en sus operaciones sólo les ha traído problemas y manifestaron su actual desconfianza hacia los uniformados. "Unos evaden nuestra cercanía por temor a la Procuraduría y otros simplemente nos quieren usar, pues es bien sabido que nosotros somos quienes en últimas ponemos el pecho en el combate y en buena parte de los operativos antiguerrilla", dice un documento que recopila el trabajo realizado en la cumbre. Su recomendación es que "de ahora en adelante la guerra debemos plantearla de acuerdo con la capacidad operativa de cada grupo regional".
Capacidad que por acciones recientes, como el secuestro de los familiares de los jefes guerrilleros o por los planes de guerra que tienen, parece ser más grande de lo que se creía. Los paramilitares, después del éxito de sus operaciones en Córdoba, Urabá, sur del Cesar, Meta y Magdalena Medio, pasarán a la ofensiva. Sus prioridades son: primero, reconquistar la zona cafetera, el norte del Valle, el noroccidente antioqueño, el sur de La Guajira, el nororiente del Cesar, el sur de Bolívar, Casanare, el Bajo Magdalena, el noroccidente del Tolima, norte y sur de Cundinamarca y los Llanos Orientales. Segundo, intensificar la inteligencia en las zonas urbanas. Ya eligieron algunos escenarios para este trabajo, como Ciudad Bolívar, Bosa y San Cristóbal, en Bogotá; Moravia y Aranjuez, en Medellín; Crespo, en Cartagena; el barrio Cuba, en Pereira; las zonas surorientales de Barranquilla e Ibagué y Barrancabermeja. "Barranca es la primera ciudad con experiencia de guerra urbana. Al norte y al noreste hay guerrilla y por el sur, desde Puerto Boyacá, suben los paramilitares. Allí la guerra es calle por calle, manzana por manzana, barrio por barrio", dice Alejandro Reyes.
La tercera prioridad de los paramilitares es Putumayo. Según el informe final de su última cumbre,"es urgente desplazar hombres y recursos para esta misión. Allí la subversión ha logrado crear un gobierno paralelo, altamente peligroso para la Nación". Este departamento también está en los planes del Ejército, que podría aplicar ahí la misma estrategia que en Caquetá y Guaviare. Hay quienes piensan, incluso, que el objetivo final de las operaciones en estos lugares no es fumigar los cultivos sino desorganizar al campesinado que está detrás de ellos y quitarle el apoyo de base a las Farc.
Fuego cruzado
A simple vista, y a pesar de las recientes iniciativas de paz, no hay ningún indicio de que este panorama de guerra vaya a cambiar. Todo lo contrario, puede empeorar si se incluyen en el escenario otros actores como las Convivir, organizaciones que nacieron amparadas en el derecho a la legítima defensa pero que han sido duramente criticadas por diferentes sectores por la aparente simpatía que tienen con los paramilitares.
Lo que está claro es que guerrilleros y paramilitares tienen algo en común: su desprecio por el ejercicio democrático. Ambos, según el profesor Camilo Echandía, "han sustituido el propósito de lograr influencia política a través de candidatos y electorados propios por las cada vez más recurrentes prácticas de intimidación que les permiten manejar los gobiernos locales, estableciendo con su presencia armada las reglas del juego y los compromisos de los candidatos e impidiendo que escapen a su control, escojan a sus colaboradores y propongan alternativas".
Está claro, también, que Colombia está inmersa en una guerra de vastas proporciones a la que no se le ve ninguna solución, al menos en el corto plazo. A pesar de todos los debates que se han dado en los últimos años sobre la necesidad de una política de paz -y de las distintas iniciativas que se han puesto en práctica-, lo cierto es que el Estado ha permanecido al margen de muchos de los conflictos que amenazan la vida democrática del país y que las Fuerzas Armadas no han logrado desarrollar una estrategia que permita contrarrestar la acción de los violentos.
El recrudecimiento del conflicto armado que se prevé para este año electoral no hace más que poner en evidencia la necesidad de una solución global al problema de la violencia en Colombia y de una política estatal claramente diseñada con ese propósito. No es gratuito, por eso, que las primeras manifestaciones del nuevo ministro de Defensa, Gilberto Echeverri Mejía, en el sentido de impulsar esta última, hayan tenido tan buen recibo en el país. Ya son millones los colombianos que esperan poder vivir, en un futuro no muy lejano, una jornada electoral en la que de verdad se pueda afirmar que la gran triunfadora fue la paz.

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