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| 3/20/2005 12:00:00 AM

Violento martirio

Según el Vaticano, Colombia es uno de los países más peligrosos para los religiosos. Más de 150 clérigos de varias confesiones asesinados en los últimos años son la prueba.

El 8 de Diciembre pasado, el sacerdote Javier Francisco Montoya desapareció cuando viajaba a celebrar la fiesta de la Inmaculada Concepción con los humildes habitantes del municipio de Nóvita (Chocó). Días después, frente al clamor de la Iglesia y de varias comunidades para que fuera liberado, las Farc le anunciaron a una comisión que lo buscaba que lo habían fusilado en las riberas del río Tamaña. Agregaron que no se preocuparan por su cadáver, pues ellos mismos lo habían sepultado.

Como el padre Montoya, más de un centenar de religiosos han sido secuestrados, desaparecidos o asesinados en los últimos años en Colombia. La situación ha sido tan extrema que el propio Vaticano consideró en 2003 a Colombia el país más peligroso para la tarea de la evangelización. En 2004 perdió ese dudoso honor superado por Burkina Faso, Uganda, Burundi y Suráfrica, pero siguió apareciendo en la fatídica lista.

Según la Conferencia Episcopal Colombiana, en los últimos años la Iglesia Católica ha visto asesinar a un obispo, 55 sacerdotes, cuatro religiosos, dos misioneros y dos seminaristas, sin contar con los numerosos secuestros, amenazas, desplazamientos y ataques violentos contra muchos de sus miembros. Sólo entre 1987 y 2004, 41 clérigos fueron asesinados.

En este martirologio católico, la imagen más destacada es la de monseñor Isaías Duarte Cancino, arzobispo de Cali, asesinado por varios pistoleros en esa ciudad después de oficiar el matrimonio colectivo de un centenar de parejas. Pero muchos otros religiosos desconocidos para la opinión pública serán recordados y honrados por sus comunidades en esta Semana Santa.

De igual dramatismo es la situación que viven las denominaciones cristianas protestantes. Según cifras de la Federación Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol), ONG que reúne al 60 por ciento de estas iglesias, al menos 115 pastores y líderes religiosos fueron asesinados en los últimos tres años. Decenas de templos tuvieron que ser cerrados, y muchas viudas y huérfanos de pastores tuvieron que ser protegidos.

Este fue el caso de la iglesia Sardi en Tierralta (Córdoba), donde el 7 de mayo de 2003 un grupo de hombres armados asesinó frente al templo al pastor Miguel Mariano Posada, casado y con ocho hijos, a su esposa, a la tesorera y a la líder de jóvenes de la iglesia. Esta congregación tuvo que cerrar su templo por amenazas, al parecer de las AUC, y sus miembros decidieron irse para otro municipio.

Las Farc han sido las responsables de la gran mayoría de asesinatos, ataques y amenazas a los grupos religiosos. Al contrario del ELN, que ha combinado la revolución con la religión, el grupo de 'Tirofijo' considera ésta como una contradictora natural de su proyecto revolucionario marxista. Por su parte, los paramilitares han atacado con mayor énfasis a las iglesias evangélicas y protestantes. En general, "estos grupos han matado, secuestrado, extorsionado y prohibido la libre expresión de la religiosidad en Colombia", advierte el último 'Reporte internacional sobre la libertad religiosa', realizado por el Departamento de Estado de Washington.

A medida que el conflicto armado se ha extendido por el país, las iglesias han sido las únicas que siempre han estado cerca de las comunidades, han defendido sus derechos y han denunciado los atropellos a los que son sometidas. "Las organizaciones armadas, en especial las Farc, amenazaron y atacaron a miembros del clero por oponerse al reclutamiento de menores, defender los derechos humanos, ayudar a los desplazados y desmotivar el cultivo de coca", advierte el informe del Departamento de Estado.

Para la historiadora y experta en religiones Ana María Bidegaín, el fenómeno se da por varias razones. La más importante es el alto sentido de religiosidad de los colombianos, en especial en el campo y zonas marginales. Eso, unido al creciente trabajo social de las iglesias, ha convertido a muchos sacerdotes y pastores en líderes comunales, en agentes de cambio al servicio de Dios, o sea en una verdadera competencia para la guerrilla. También se habla de algunos casos minoritarios de religiosos puestos por su militancia política.

El compromiso social de la Iglesia Católica se inspiró en el Concilio Vaticano II y se gestó en la reunión de obispos de Medellín en 1968, en la que se decidió trabajar por salidas a la injusticia social y a las raíces de la violencia. Entonces se propuso ser una Iglesia servidora del pueblo y compartir sus dolores, esperanzas y luchas. Este cambio de ruta, junto con la llegada de nuevas corrientes como la teología de la liberación, la llevaron a trabajar codo a codo con las comunidades, especialmente las más pobres y olvidadas.

El otro cambio se dio en Colombia en 1989 con el relevo de la jerarquía que permitió la llegada de obispos y sacerdotes que habían trabajado en zonas rurales y marginales. La Iglesia fue la primera en denunciar los abusos de las guerrillas, la influencia del narcotráfico, el fenómeno del desplazamiento, el paramilitarismo y la defensa de los derechos humanos, entre otros. Es que para la jerarquía, un sistema de organización social sobre la base de la violencia no es compatible con los principios de la solidaridad y la dignidad humanas. De ahí que insista en una salida negociada al conflicto, pero con justicia social.

"La Iglesia ha participado del mismo dolor y sacrificio de los colombianos por lograr la paz. Ese esfuerzo conlleva amenazas, persecución y muerte. Neutralidad no puede haber: estamos a favor de la paz y de la reconciliación, en medio de dos orillas, de los alzados armados y del Estado, en busca de acercamientos. Al estar en medio del conflicto y no ser identificado con ninguna orilla, haciendo un llamado a la conversión, al diálogo y al perdón, se genera malestar", reconoció monseñor Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja y vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.

En aquellas zonas donde ya hay un actor armado dominante, los religiosos deben enfrentar un serio dilema: mantenerse en la defensa de las comunidades y en una independencia incómoda que los puede poner en peligro, o tomar partido y desvirtuar todos los postulados de la Iglesia.

Las cifras demuestran que se han decidido por lo primero. Además de los asesinatos de los últimos años, cinco obispos, 18 sacerdotes y un misionero fueron secuestrados. Como el obispo de Yopal, monseñor Misael Vacca, a quien el ELN se llevó en julio del año pasado cuando realizaba una visita pastoral al caserío de Morcote (Boyacá). O el del padre Saulo Carreño, de Saravena, que fue retenido en 2002 cuando iba a recibir a un grupo de alcaldes, concejales y diputados de Arauca. El 4 de noviembre de 2003, el padre Carreño fue asesinado a tiros por un hombre que se movilizaba en una bicicleta. Otros 11 obispos, 33 sacerdotes y tres religiosas fueron víctimas de amenazas de muerte, y unas 70 iglesias o casas curales fueron destruidas o averiadas en ataques a poblaciones, mientras que en muchas regiones, como lo corroboran varios obispos y arzobispos, hay zonas vedadas para los religiosos.

Por su parte, las iglesias cristianas protestantes también han sido perseguidas por su labor social, por su trabajo evangelizador y, en algunos casos, por defender al Estado sin importar que detrás esté un grupo armado. "La mayoría de ataques a estas iglesias están generalmente motivados por diferencias económicas o políticas, o por la propiedad de la tierra, y en muy pocos casos, por razones religiosas". Algunos grupos cristianos protestantes han sido más perseguidos por las Farc y el ELN por considerar que son un brazo político del imperialismo norteamericano.

Por ahora, los religiosos son conscientes de que el número de mártires, de hombres y mujeres que dan su vida por profesar y defender sus creencias religiosas, seguirá creciendo, pues "mientras estemos en medio del conflicto y se siga defendiendo una neutralidad y una salida negociada, se van a seguir presentando muertes de sacerdotes y religiosos", advirtió el jesuita Alejandro Angulo, director del Cinep.
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