Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2004/07/25 00:00

Virus peligroso

El Régimen Subsidiado de Salud en el Atlántico tiene faltantes enormes y en muchas partes del país está contaminado por la injerencia de grupos armados.

A la gente más pobre del país le están robando la plata de la salud.

Esta semana será crítica para los funcionarios que manejan los recursos de la salud en los municipios del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla. Primero, tendrán que explicarle a la Superintendencia de Salud qué se hicieron 35.000 millones de pesos que no aparecen por ninguna parte y que habían sido girados en los últimos años por la Nación para atender la salud de la gente más pobre a través del régimen subsidiado. Y segundo, algunos se verán en aprietos para justificarles a las autoridades judiciales sus estrechas relaciones con los paramilitares. En una visita relámpago que hizo la Superintendencia encontró una situación deplorable que muy probablemente conducirá al gobierno a tomar medidas de emergencia. En el informe final al cual tuvo acceso SEMANA, en los últimos tres años dejaron de ingresar al sector de la salud en el Atlántico 23.000 millones de pesos. Y en 2003 en Barranquilla se apropiaron indebidamente de más de 12.000 millones de pesos a través de siete Administradoras del Régimen Subsidiado (ARS) que no están autorizadas por la Superintendencia y que tienen afiliadas a 157.718 personas de los estratos más bajos. (Ver gráfica). Las ARS, una figura creada por la ley 100, son empresas privadas contratadas por los municipios o departamentos para que les brinden atención en salud a los usuarios más pobres. Para hacerlo, estas ARS reciben recursos de las entidades territoriales según el número de afiliados que presenten. Lo más grave es que la investigación está encontrando que en algunos municipios quienes mandan en el régimen subsidiado son jefes paramilitares. Se ha descubierto que miembros de las autodefensas hacen parte de los grupos de finanzas de algunas ARS que trabajan en complicidad con funcionarios públicos corruptos y particulares. La noticia sobre la filtración en el régimen subsidiado de grupos al margen de la ley es alarmante, pero no es nueva. Precisamente, hace tres meses, el presidente Álvaro Uribe prometió tomar medidas urgentes y drásticas e indignado dijo que cerraría las ARS a las que se les comprobaran irregularidades en el sistema de salud. El jefe de Estado dijo, en esa oportunidad, en un consejo comunal en Quibdó, que se ha logrado establecer que algunas ARS están conectadas con políticos de las regiones y que el gobierno iba a indagar si grupos ilegales participan en el manejo de los recursos de dichas entidades. Después de esta advertencia presidencial se conformó un equipo integrado por analistas financieros, los mejores hombres de la Policía judicial y fiscales anticorrupción, que temporalmente se fueron a vivir a Barranquilla. Su misión fue seguirles el rastro a las finanzas de la salud en los 22 municipios del Atlántico y en su capital. Las primeras pruebas indican que habría nexos de los paramilitares con algunos alcaldes, secretarios de Salud y de Hacienda, gerentes de hospitales y hasta con dueños de droguerías. Frente a esta alarmante situación, el gobierno decidió poner en cabeza del coronel Óscar Naranjo, director de la Dijin, el seguimiento de estas irregularidades. El oficial, experto en inteligencia, conformó un equipo de 28 especialistas en finanzas y en lavado de activos. Uno de los hombres de inteligencia que le sigue el rastro a este caso dijo a SEMANA: "Ya tenemos interceptaciones telefónicas en las que funcionarios regionales hablan con paramilitares sobre los contratos, sobre cuáles ARS pueden ingresar a los diferentes municipios, fijan una cuota por afiliado que va entre 6.000 a 10.000 pesos y demuestran cómo los dineros son repartidos entre algunos alcaldes, coordinadores de las operaciones y paramilitares". Existen además videos y fotografías de reuniones clandestinas en hoteles y oficinas entre alcaldes y paramilitares. Algunos, según la investigación, parecen actuar bajo presión y extorsión de las AUC, pero otros alcaldes no disimulan su complicidad cuando proponen las maniobras financieras que pueden utilizar para quedarse con la plata del Estado. "Es paradójico que en diferentes regiones los usuarios viven altamente agradecidos con unas ARS, sin saber que le producen un doble daño al Estado apropiándose de la plata para la salud de los más pobres", sostuvo el coronel Naranjo. Por fortuna el gobierno y las autoridades judiciales no sólo cuentan ahora con el completo informe de la Superintendencia sobre el manejo de los recursos de la salud en el Atlántico y Barranquilla, sino que se lograron conformar tres líneas de información que han facilitado la labor de investigación judicial: la primera con usuarios y víctimas de los atropellos, la segunda con personas que están dentro del sistema y son testigos de las desviaciones de los dineros y la tercera con la labor de inteligencia de la Policía que ha logrado infiltrarse dentro de lo que llamó en alguna ocasión el ministro de Salud, Diego Palacios, la mafia de la salud. El resultado de esta primera investigación en la Costa Atlántica le daría toda la razón al Ministro. Algunos investigadores le contaron a SEMANA cómo algunos funcionarios no sólo burlan la ley, sino que destruyen los discos duros y desaparecen los documentos que soportan el ingreso de los dineros públicos al sector de la salud."Es crítica la gestión financiera en el departamento del Atlántico, el distrito de Barranquilla y los municipios visitados, en la medida en que no existe la información confiable que permita tener certeza sobre el manejo dado a los recursos de la seguridad social en salud". La Superintendencia escogió una muestra con base en los datos de afiliados al régimen subsidiado que le suministró la Secretaría de Planeación del Atlántico, y cuando analizó los estados financieros de siete (Soledad, Sabanalarga, Puerto Colombia, Sabanagrande, Palmar de Varela, Suan y Campo de la Cruz), de los 22 municipios encontró 14.418 inconsistencias en los datos. Por ejemplo existen 4.822 afiliados con el mismo nombre pero diferente fecha de nacimiento, 1.216 con el mismo nombre y apellido, y hasta una ARS que tenía afiliada 650 veces a la misma persona. En Barranquilla, en un año, de abril de 2003 a marzo de 2004, fueron afiliadas 17.724 personas al régimen subsidiado y ninguna se encuentra en los datos del Sisbén. El mismo informe de la Secretaría de Salud tiene 9.621 inconsistencias en su base de datos, de las cuales 5.136 personas tienen el mismo documento de identidad, 3.319 son 'gemelos' (igual nombre, apellido y fecha de nacimiento) y 1.168, homónimos o sea igual nombre y apellido. Según las autoridades, la investigación en curso en el Atlántico es apenas la punta del iceberg en la dilapidación de recursos y la corrupción de las ARS en el país. De ahí que el gobierno vaya a necesitar todo el respaldo político y el apoyo ciudadano para tapar esta vena rota que además puede resultar siendo un problema de seguridad nacional.

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