Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/02/16 00:00

Visa USA

Los jefes paras avanzan en un preacuerdo con Estados Unidos. Ahora buscan la extradición porque le temen a la Corte Penal Internacional.

Los jefes de las AUC recluidos en la cárcel de Itagüí aseguran que el arma y la granada encontradas por el Inpec no son de ellos. Pero admiten que tenían los 11 millones de pesos para pagar su alimentación

El anuncio que hizo el jueves el presidente Álvaro Uribe de que extraditaría a los jefes paramilitares involucrados con la granada y los 11 millones de pesos hallados en la cárcel de Itagüí, asustó a muchos, incluidos a los propios jefes de las AUC. O por lo menos, a los que vienen negociando desde hace cerca de un año un preacuerdo con la justicia de Estados Unidos.

SEMANA supo que ya negoció el primero y se encuentra radicado en Washington. Es Hugues Manuel Rodríguez Fuentes, el 'comandante Barbie', conocido ganadero de Valledupar y hombre clave de 'Jorge 40'. Él se encargó de despojar a muchos campesinos de sus tierras y de manejar negocios de tráfico de droga. Nunca se desmovilizó y desde marzo de 2007, cuando esta revista reveló sus relaciones con las AUC y el narcotráfico, 'Barbie' se refugió en Venezuela y desde allí negoció con la justicia de Estados Unidos.

Varios ex comandantes de las AUC le siguen los pasos. A través de un reconocido abogado norteamericano, hombres como Salvatore Mancuso; Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco', y Diego Murillo, alias 'Don Berna', tienen muy adelantados sus acuerdos jurídicos con los gringos.

¿Y por qué quieren irse? Luego de tanta sangre que corrió en el país para imponer la figura de la extradición, los narcos -y de paso los paras- han descubierto que irse para Estados Unidos es mejor negocio que quedarse en Colombia.

Ahora saben que es mejor irse a Estados Unidos e intentar lograr rebajas hasta del 70 por ciento en las condenas -como ha ocurrido- por su colaboración con la justicia y luego vivir a cuerpo de rey su propio 'sueño americano'. En vez de quedarse en Colombia con el enorme riesgo de morir en cualquiera de los ya comunes cruces de balas con los que los nuevos capos tratan de tomar el negocio o, peor aun para ellos, esperando a que la Corte Penal Internacional (CPI), que ya ha mostrado interés en el tema, los requiera.

Los casos de extraditados como Orlando Sánchez Cristancho, que hoy tiene criadero de caballos en Florida, o Víctor Patiño Fómeque, cuyo hijo se moviliza radiante en un BMW por las calles norteamericanas, son una prueba de que el negocio funciona. Y como si fuera poco, si la colaboración les da para que logren la residencia o la ciudadanía de Estados Unidos, quedarían blindados ante la CPI, pues Washington no acepta ese tribunal.

El acuerdo al que llegarían con Estados Unidos se fundamenta en la entrega de una considerable suma de dinero, rutas de narcotráfico y denuncia de las redes de tráfico de armas internacionales con las que trabajaron los paras.

El preacuerdo parte del compromiso de no divulgar los pormenores de la negociación. Sin embargo, SEMANA pudo establecer que para que la extradición sea efectiva, los paras tienen que terminar de decir la verdad en Colombia y cumplir con la reparación a las víctimas. Una vez sean condenados, serían extraditados y terminarían de pagar la pena de justicia y paz en una cárcel de Estados Unidos, lo cual está expresamente permitido en la ley.

La negociación con la justicia estadounidense partiría de una condena de 20 años y sobre ese tiempo les descontarían los años que llevan presos en Colombia. En la práctica podrían terminar pagando cuatro o cinco años de prisión en Estados Unidos. Sin embargo, si alguno de los jefes paras llegara a estar involucrado en el caso de armas de la semana pasada en la cárcel de Itagüí, no sólo perderían los beneficios de la ley, sino que verían frustrado el acuerdo con la justicia norteamericana.

La pregunta que el gobierno debería formularse y responder antes de dar un nuevo paso es ¿a quién beneficia más la extradición? ¿al país o a los paramilitares?

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