Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2001/08/13 00:00

Visiones encontradas

El enfrentamiento entre la ONU y la Fiscalía revela la dimensión de la crisis de derechos humanos del país.

Visiones encontradas

Durante 10 dias la abogada paquistaní Hina Jilani, de 48 años, visitó Colombia en calidad de representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la cuestión de los defensores de derechos humanos. Vino a ver y a oír, acompañada por su asistente suiza y dos traductores. Estos se encargaron de traducirle al inglés, una de las tres lenguas que domina, la tragedia nacional de los últimos años de los defensores de derechos humanos, 54 de los cuales han sido asesinados y otros 14 desaparecidos entre julio de 1996 y septiembre de 2001. A los que habría que sumar los 125 sindicalistas asesinados desde enero de este año.

En el tiempo que permaneció en el país Jilani no tuvo un solo segundo disponible en su agenda. Su jornada comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. En el gobierno habló con el presidente Andrés Pastrana, con el vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell, y se reunió con la Comisión intersectorial permanente para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este organismo tienen asiento representantes de cuatro ministerios, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Programa presidencial para los derechos humanos. Para que su labor fuera más completa se entrevistó con miembros de las Fuerzas Armadas en Medellín y Barrancabermeja, ciudades que incluyó en su periplo oficial.

La otra cara de la moneda le fue revelada a Jilani en las reuniones que sostuvo con 80 representantes de la sociedad civil, en las que estuvieron desde directores de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos hasta líderes de minorías sexuales, pasando por miembros de partidos políticos organizados y estudiantes. Antes de salir del país la representante especial, después de compilar la información y analizarla con detenimiento, habló y respondió preguntas durante una hora en una rueda de prensa. No dijo nada que el país no conociera pero sorprendió que una funcionaria de tan alto nivel hablara en forma tan directa y clara.

Jilani reconoció que el Estado tenía medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos pero aclaró que el gobierno no ha sido lo suficientemente fuerte en la aplicación de la política al respecto y que “no basta con sacar leyes, éstas tienen que ser aplicadas”. También manifestó que no le parecieron satisfactorias las explicaciones que el Presidente o los mandos militares le dieron acerca del por qué del alto nivel de violación de los derechos humanos en Colombia. Sin embargo lo que provocó verdadero revuelo fueron sus comentarios sobre la debilidad del sistema judicial y, en particular de la Fiscalía, a la que calificó como el eslabón más fragil de la cadena. Jilani dijo que estaba “muy preocupada sobre la capacidad de la unidad de derechos humanos de la Fiscalía para investigar violaciones de derechos humanos con la misma independencia que lo hizo la anterior dirección de la Fiscalía”.

Con sus palabras la abogada paquistaní puso el dedo en la llaga y reiteró un pronunciamiento que en el mismo sentido había hecho meses atrás la Comisión interamericana de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El abogado Alejandro Ramelli, director de la Unidad de derechos humanos, se sorprendió con los cuestionamientos. Pensó que luego de la reunión de tres horas que sostuvo con Jilani el pasado 24 de octubre, en compañía del fiscal, Luis Camilo Osorio, y de la encargada de asuntos internacionales, a su colega extranjera le había quedado claro el papel que cumple el ente fiscalizador y lo difícil que resulta investigar estos casos en el país.

El ojo de la tormenta

En las últimas semanas el fiscal, Luis Camilo Osorio, ha soportado una andanada de críticas nunca vista para un funcionario en ese cargo. Se le acusa de borrar de un solo plumazo la labor que llevaba a cabo la Unidad de derechos humanos, que desde su puesta en funcionamiento en 1995 ha conocido 1.100 procesos, por la mayoría de los cuales están sindicados paramilitares. Como prueba de los cambios que se han hecho en esta dependencia mencionan varios hechos como, por ejemplo, la salida precipitada de Pablo Elías González, vicefiscal, y de Pedro Díaz, director de la citada unidad, por haber ordenado la detención del general retirado Rito Alejo del Río por sus presuntos vínculos con paramilitares. El militar fue liberado por orden de un juez y Osorio dijo que el proceso en su contra iba a ser revisado. Jilani dijo sobre este particular que “se envió un mensaje negativo referido a la impunidad”.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) sostienen también que algunos casos de desaparición forzada que eran tratados por la Unidad de derechos humanos han sido trasladados a unidades antisecuestro, como si se tratara de cualquier crimen común, y que han cambiado súbitamente a fiscales que investigaban casos de derechos humanos por largo tiempo y los han reemplazado por funcionarios que los desconocen. Ramelli sostiene que no ha removido a ninguno de los 29 fiscales que tiene a su cargo, salvo los que lo han solicitado por motivos personales, y que ha promovido la profesionalización de su equipo en Estados Unidos.

Otra crítica que se ha hecho a la nueva dirección de la unidad es que la descentralización que inició, que contempla la creación de 11 subunidades en diferentes puntos del país, puede ser contraproducente. Los fiscales, al estar en la misma región que los guerrilleros y los paramilitares, no tendrían garantías para su labor y podrían ser fácilmente coaccionados o amedrentados. Ramelli es consciente de este riesgo pero confía más en la posibilidad de afianzar de esta forma un verdadero sistema de investigación de las violaciones a los derechos humanos. El país y la comunidad internacional esperan que tenga razón y así se podrá superar de una vez por todas la principal característica que encontró Jilani en su viaje: “Colombia es un país en el que todos parecen vivir atemorizados”. n





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En el tiempo que permaneció en el país Jilani no tuvo un solo segundo disponible en su agenda. Su jornada comenzaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. En el gobierno habló con el presidente Andrés Pastrana, con el vicepresidente y ministro de Defensa, Gustavo Bell, y se reunió con la Comisión intersectorial permanente para los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. En este organismo tienen asiento representantes de cuatro ministerios, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Fiscalía, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y el Programa presidencial para los derechos humanos. Para que su labor fuera más completa se entrevistó con miembros de las Fuerzas Armadas en Medellín y Barrancabermeja, ciudades que incluyó en su periplo oficial.

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Con sus palabras la abogada paquistaní puso el dedo en la llaga y reiteró un pronunciamiento que en el mismo sentido había hecho meses atrás la Comisión interamericana de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA). El abogado Alejandro Ramelli, director de la Unidad de derechos humanos, se sorprendió con los cuestionamientos. Pensó que luego de la reunión de tres horas que sostuvo con Jilani el pasado 24 de octubre, en compañía del fiscal, Luis Camilo Osorio, y de la encargada de asuntos internacionales, a su colega extranjera le había quedado claro el papel que cumple el ente fiscalizador y lo difícil que resulta investigar estos casos en el país.

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Las organizaciones no gubernamentales (ONG) sostienen también que algunos casos de desaparición forzada que eran tratados por la Unidad de derechos humanos han sido trasladados a unidades antisecuestro, como si se tratara de cualquier crimen común, y que han cambiado súbitamente a fiscales que investigaban casos de derechos humanos por largo tiempo y los han reemplazado por funcionarios que los desconocen. Ramelli sostiene que no ha removido a ninguno de los 29 fiscales que tiene a su cargo, salvo los que lo han solicitado por motivos personales, y que ha promovido la profesionalización de su equipo en Estados Unidos.

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El ojo de la tormenta

En las últimas semanas el fiscal, Luis Camilo Osorio, ha soportado una andanada de críticas nunca vista para un funcionario en ese cargo. Se le acusa de borrar de un solo plumazo la labor que llevaba a cabo la Unidad de derechos humanos, que desde su puesta en funcionamiento en 1995 ha conocido 1.100 procesos, por la mayoría de los cuales están sindicados paramilitares. Como prueba de los cambios que se han hecho en esta dependencia mencionan varios hechos como, por ejemplo, la salida precipitada de Pablo Elías González, vicefiscal, y de Pedro Díaz, director de la citada unidad, por haber ordenado la detención del general retirado Rito Alejo del Río por sus presuntos vínculos con paramilitares. El militar fue liberado por orden de un juez y Osorio dijo que el proceso en su contra iba a ser revisado. Jilani dijo sobre este particular que “se envió un mensaje negativo referido a la impunidad”.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) sostienen también que algunos casos de desaparición forzada que eran tratados por la Unidad de derechos humanos han sido trasladados a unidades antisecuestro, como si se tratara de cualquier crimen común, y que han cambiado súbitamente a fiscales que investigaban casos de derechos humanos por largo tiempo y los han reemplazado por funcionarios que los desconocen. Ramelli sostiene que no ha removido a ninguno de los 29 fiscales que tiene a su cargo, salvo los que lo han solicitado por motivos personales, y que ha promovido la profesionalización de su equipo en Estados Unidos.

Otra crítica que se ha hecho a la nueva dirección de la unidad es que la descentralización que inició, que contempla la creación de 11 subunidades en diferentes puntos del país, puede ser contraproducente. Los fiscales, al estar en la misma región que los guerrilleros y los paramilitares, no tendrían garantías para su labor y podrían ser fácilmente coaccionados o amedrentados. Ramelli es consciente de este riesgo pero confía más en la posibilidad de afianzar de esta forma un verdadero sistema de investigación de las violaciones a los derechos humanos. El país y la comunidad internacional esperan que tenga razón y así se podrá superar de una vez por todas la principal característica que encontró Jilani en su viaje: “Colombia es un país en el que todos parecen vivir atemorizados”. n





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