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| 4/24/2005 12:00:00 AM

Vista a los cerros

Después de 28 años, el Ministerio del Medio Ambiente definió y limitó la zona de protección de los cerros orientales de Bogotá. Aún falta lo más difícil: qué hacer con los barrios y edificaciones que allí se construyeron.

Tuvieron que pasar 10 directores del Inderena y seis ministros del Medio Ambiente para que el gobierno nacional definiera los límites que conforman el parque de los cerros orientales, una de las reservas naturales y paisajísticas más importantes de Bogotá, creada en 1976.

Semejante demora es un elocuente indicador de los intereses que están en juego y de los conflictos que genera. No acababa de ser anunciada la medida, y ya habían surgido todo tipo de polémicas. Desde los que consideran que es un aporte trascendental para proteger uno de los patrimonios más importantes del país hasta quienes denuncian que la providencia sólo busca beneficiar a los constructores y familias más ricas y poderosas de la ciudad.

La historia de esta reserva, que ha sido blanco de todo tipo de intereses, comenzó hace 28 años, cuando el entonces Instituto de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena) declaró y alinderó como zona de protección la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, una montaña que, además de ser un valioso patrimonio paisajístico, sirve de regulador de aguas de la sabana, del clima y depurador del aire del oriente de la ciudad, entre otros.

El problema es que el acuerdo que creó un parque natural de 14.170 hectáreas nunca apareció en el Diario Oficial, ni sus límites consignados en la oficina de registros de la ciudad para que hubiera claridad en qué zonas se podían permitir desarrollos urbanos, mineros o rurales, y en cuáles no.

Este vacío permitió que se construyeran desde barrios de invasión o populares hasta exclusivos conjuntos, casas, discotecas, universidades y colegios. En total, según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 519 hectáreas, el 3,7 por ciento del total de la reserva, sufrieron un cambio en el uso de los suelos a lo largo de los 17 kilómetros que lo conforman. Además de estas construcciones se desarrollaron 105 canteras, 43 cercanas a la ciudad, que afectaron el paisaje y la regulación hídrica de la sabana.

Para ponerle fin al deterioro de esta reserva y a los vacíos existentes, el Ministerio, también presionado por los organismos de control y por fallos judiciales, decidió registrar en 2003 el área de protección ante la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, tal como intentó hacerlo en un principio pero fue rechazado.

Durante estos 26 años los requisitos habían cambiado y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá había modificado el uso de algunas zonas, pero en especial se requerían coordenadas georreferenciadas precisas y no linderos y accidentes geográficos como los usados en 1976-77 para crear la reserva.

Para realizar este mapeo, el Ministerio contrató al Instituto Agustín Codazzi, que tras dos años de trabajo y de invertir 1.470 millones de pesos, obtuvo la cartografía exacta del parque. Igualmente se hizo un inventario del uso del suelo y se proporcionó la información catastral de los predios que habían sido construidos en la reserva.

Finalmente, el martes pasado el gobierno expidió la resolución 463, en la que redelimitó la reserva y estableció su reglamentación y manejo, y este lunes consignará en la oficina de Registro los 18 planos que detallan las 13.143 hectáreas que hoy componen la reserva. Esto significa que con estas decisiones, el Ministerio redujo en 973 hectáreas el tamaño del parque de su constitución original, ya que encontró que 519 estaban edificadas o habían sido afectadas por otro tipo de explotación. Dejó las 454 restantes como una zona de mitigación de la reserva de los cerros.

Finalmente, la resolución le entregó a la administración de Bogotá la reglamentación del uso de estas 973 hectáreas para que determine qué hacer con lo ya construido y con la zona de mitigación. A la CAR le entregó el control y manejo de la zona forestal y les prohibió a los curadores urbanos otorgar cualquier licencia de construcción en esta zona, permitir construcciones más arriba de los 2.700 metros o en terrenos con inclinaciones superiores a los 45 grados.

La decisión, que tomó a la mayoría de bogotanos por sorpresa, dejó ganadores y perdedores. A quienes construyeron sus predios en lo que eran zonas de reserva, el Distrito y la CAR tendrá que buscar la forma de legalizarlos. Y los que esperaban la aprobación para desarrollar algún proyecto, muy seguramente no lo podrán hacer, salvo que en la reglamentación que expida el Distrito y la CAR se les autorice.

Uno de los críticos más acérrimos de la medida fue el representante Gustavo Petro, del Polo Democrático Independiente (PDI), quien solicitará al Tribunal de lo Contencioso Administrativo su suspensión inmediata y hará un debate para denunciar "el acto de corrupción más grande ocurrido en Bogotá desde la venta de Ciudad Salitre".

Según el parlamentario, la resolución les quitó un patrimonio a los bogotanos al reducir el tamaño de la reserva y entregársela a los particulares, a "aquellos que construyeron lujosos edificios y conjuntos de manera fraudulenta. Fácilmente, la firma de la ministra del Medio Ambiente les endosó más de un billón de pesos de utilidades a los constructores privados sólo por el valor de la tierra. Privatizó un bien común y legalizó lo ilícito", dijo Petro.

A su vez, la ministra de Ambiente, Sandra Suárez, advirtió que la resolución sólo "obedeció a criterios técnicos, sin buscar beneficiar a unos y perjudicar a otros. Esta es una decisión histórica que pone fin a todo tipo de ambigüedades e interpretaciones que estaban amenazando la reserva. Por eso podemos decir que con esta medida, el 93,1 por ciento de la reserva quedó completamente blindada y protegida".

Claro que así como hay lujosas edificaciones, también están barrios populares como San Luis, San Isidro o La Sureña, en los que viven miles de personas y que incluso ya fueron legalizados por la Administración Distrital o están en espera de serlo.

Precisamente la ciudad tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de estos predios y de las 454 hectáreas verdes, pues será la ciudad la que reglamente y determine qué hacer con esta zona. La medida del Ministerio, como dijo un alto funcionario de la ciudad, le da a la ciudad la posibilidad de salir de muchos problemas, pero le crea otros más. Además de mirar el tema de los usos de la tierra y de las licencias, deberá soportar las presiones de los dueños de los terrenos y de los constructores que buscan beneficios en esta nueva zona de la ciudad.

Una de las medidas que se espera sean utilizadas con mayor fuerza para las personas beneficiadas con la determinación será la del impuesto de plusvalía, para que por lo menos le devuelvan a la ciudad a un buen precio el privilegio de vivir en una de las zonas más hermosas de Bogotá. Y ojalá, a futuro, tanto la CAR como el Distrito sean capaces de defender lo que les pertenece a todos los bogotanos y no permitan que los cerros se sigan urbanizando.

El debate que suscita la nueva reglamentación se va a calentar en los próximos días. En especial, porque prácticamente legaliza lo construido. Tampoco es clara la forma como la ciudad y la Nación podían ordenar el derrumbe de barrios populares o de exclusivos clubes, edificios y colegios para ser devueltos a la reserva. Habría que ver si el presidente Álvaro Uribe y el alcalde Luis Eduardo Garzón están dispuestos a asumir semejante costo político y económico.

La medida significa en síntesis un paso adelante. Pero hasta que no se aclare su alcance y se adopten decisiones complementarias, la larga historia de conflictos sobre los cerros tutelares de Bogotá no habrá concluido.
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