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| 9/26/2014 12:00:00 AM

Cuando el voto deja de ser un derecho

El país entraría en la lista de naciones que obligan a sus ciudadanos a votar. Implementación sería traumática.

Derecho o deber. Ese ha sido el eterno debate sobre la que es llamada la máxima expresión de la democracia, el voto popular. En Colombia se ha dado desde 1942, cuando fue eliminada de la Constitución la obligatoriedad del sufragio. En aquel entonces, uno de los defensores del voto obligatorio fue Jorge Eliécer Gaitán. El caudillo liberal decía que “solo tendremos una patria grande cuando todos estemos obligados a labrarla”.

Este jueves, la Comisión Primera del Senado sorprendió al país cuando aprobó, en la reforma al equilibrio de poderes, un artículo que de prosperar en los siete debates que le faltan al proyecto, obligaría a todos los ciudadanos colombianos mayores de 18 años a acudir a las urnas. La norma que se diseña en el Congreso tiene cierta flexibilidad, pues establece que el voto obligatorio será un experimento durante los próximos tres periodos constitucionales (es decir elecciones presidenciales) y que las sanciones para quien no vote serán pedagógicas.

El principal argumento de quienes impulsaron esta iniciativa es que con el voto obligatorio no sólo se derrotaría la abstención, que por ejemplo en la primera vuelta de las pasadas elecciones presidenciales fue del 62 %, sino que atacaría otras prácticas clientelistas como la compra de votos.

Ese es el principal argumento del gobierno y los congresistas del oficialismo, que antes parecían poco convencidos de obligar a la gente a votar, pero que a la hora de la verdad decidieron elevarlo como norma constitucional.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, asegura que “la abstención hay que derrotarla con todos los instrumentos”. Roy Barreras asegura que si todos los colombianos habilitados para votar acuden a las urnas, se derrotaría el clientelismo. Al presidente Juan Manuel Santos, hace unas semanas no le gustaba la idea. “Como una persona de pensamiento liberal no me gusta”, dijo cuando presentó el equilibrio de poderes. El cambio de parecer tendría una explicación, facilitar la participación en el referendo por la paz que mínimo necesita la participación de aproximadamente nueve millones de colombianos.

Pero más allá de cálculos políticos, otros sectores, como el Polo Democrático calificaron el voto obligatorio como un atropello a los derechos y libertades de los ciudadanos. Alexánder López Maya, uno de los senadores derrotados en este debate, no bajó la medida de autoritaria. De la entraña de este partido, el exmagistrado y excandidato presidencial Carlos Gaviria defiende el derecho a la abstención como una manifestación de la democracia. “La decisión del Congreso es antidemocrática”, dijo.

El exsenador Camilo Romero, copresidente de Alianza Verde, dice que desde los sectores alternativos genera rechazo una medida de esa naturaleza pues se puede interpretar como autoritaria. Pero que tiene elementos positivos y que podría ser la oportunidad más contundente para intentar transformaciones positiva de la sociedad y que la ciudadanía podrá buscar alternativas de poder. Sin embargo dice que los principales que se van a oponer serán las clases políticas tradicionales, pues verán esto como una amenaza.

Y es que precisamente el voto obligatorio podría tener consecuencias en el mapa político. La mayoría de gobernantes y dirigentes elegidos por voto popular han sido elegido con menos del 40% de los electores habilitados. De incrementarse la participación pues se verán obligados a duplicar sus votos. Y en teoría el espectro de la abstención es el que menos los favorece.

Carlos Motoa, de Cambio Radical, se apartó de esta idea en el debate. Asegura que convertir un derecho en una imposición es incostitucional. "Promovamos incentivos, ideas, pero no obliguemos", dice.

El otro ángulo que merece atención es el de las autoridades electorales. La norma no se consultó con la Registraduría, pero el voto obligatorio tendrá impacto en la organización de las elecciones. Desde incrementar los recursos hasta aumentar los puestos y mesas para votar.

Alfonso Portela, registrado para asuntos electorales, anticipa que si la norma se aprueba, en las próximas elecciones en el país se deberá ampliar el horario de la jornada, incluso plantea la posibilidad de que sean varios días para facilitar la participación. Pero sobre todo dice que la forma más efectiva para evitar traumatismos es la implementación inmediata del voto electrónico (hay una norma que así lo establece pero que el gobierno no cumplió en las pasadas elecciones) o el voto remoto, que es que cualquier ciudadano, desde cualquier lugar del país o del mundo, pueda acceder a votar.

Lo cierto es que el debate apenas comienza. La reforma al estado aún está imberbe. Le restan siete debates de aquí hasta junio del año próximo y allí cualquier cosa puede pasar. Lo cierto es que ahora, a diferencia de hace unos meses, el gobierno parece jugado con esta norma, pues para uno de sus intereses, el de la refrendación de los acuerdos de paz, le caería como anillo al dedo.
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