VOTOS ERRANTES

A LAS 8:45 DE LA MAÑANA del pasado 6 de septiembre, minutos antes de asistir a una sesión ordinaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), el registrador Luis Camilo Osorio no tuvo dudas de la exactitud dc los datos que le habían entregado sus asesores. Luego de analizar los extensos listados provenientes de todo el país, se convenció de que el trasteo de votantes, un fenómeno que apareció tímidamente en el país hace dos años, se había convertido en una enorme bola de nieve que, de no atacarse a tiempo, desestabilizaría la tercera elección popular de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, prevista para el próximo 30 de octubre.

Ante la gravedad de lo que ocurría, se dirigió a la sala de juntas del CNE y solicitó que se le escuchara de inmediato. Sin titubeos, informó que sus delegados en 27 departamentos y en siete zonas de Bogotá, habían detectado un inusitado crecimiento en el número de ciudadanos inscritos para las próximas elecciones. Exhibió cuadros estadísticos y dijo haber comprobado que entre el 17 y el 30 de agosto pasado hubo un masivo traslado de personas de unos lugares a otros, con lo cual se alteró el censo electoral y, lo más grave, se colocó a decenas de municipios del país frente a la posibilidad de que personas extrañas a la región eligieran a los mandatarios locales. Además, reveló la existencia de un video en el que aparece un bus del Ministerio de Transporte atestado de personas, cuando se dirigía a la localidad de Choachí, Cundinamarca.

Ante la mirada inquieta de los 11 magistrados del CNE, Osorio también relató el caso de Busbanzá, en Boyacá, el municipio más pequeño del país, donde, de una manera que calificó como sospechosa, de 17 cédulas inscritas para las elecciones presidenciales en mayo pasado, se pasó a 204. Lo peor es que allá solo se necesitan 172 votos en total para elegir alcalde. Acto seguido, Osorio dijo que la información recopilada por su despacho le permitía establecer que el número de municipios afectados por el trasteo de votos podría llegar a 350, una tercera parte del territorio nacional.

El registrador abundó en detalles, pero sus argumentos no convencieron a la mayoría de los magistrados del CNE, quienes alegaron que era preferible verificar sobre el terreno la existencia del fraude electoral, antes de generar una situación de caos. Frente a la insistencia de Osorio optaron por realizar una votación para determinar si el CNE podía anular las inscripciones, únicamente con la información estadística suministrada por la Registraduría, en todo el país. Osorio fue derrotado siete a tres y de inmediato fue conformada una comisión encargada de coordinar a unos 200 funcionarios de la Registraduría en todo el país. El plazo era mínimo: en 10 días se debía establecer si había ocurrido trasteo de votantes.

Aunque dispendiosa, la tarea fue más fácil de lo esperado. A lo largo y ancho del país los delegados de la Registraduría visitaron casas, fincas, hoteles y edificios, y corroboraron que en efecto el fraude era monumental. Por ejemplo se encontró que en Nemocón, Cundinamarca, luego de inscribirse, 90 campesinos dejaron registrada como lugar de residencia la vereda Casablanca. No obstante, se verificó que solo uno de ellos era conocido por los 150 habitantes del caserío.

En Talaiga Nuevo, Bolívar, los votantes fueron más allá. Cincuenta campesinos hicieron que una niña de nueve años colocara su huella digital en el registro de inscripción de cada uno de ellos. En Nilo, Cundinamarca, 90 campesinos dijeron que su sitio de residencia era la hacienda Bretaña, pero allí no hay ningún tipo de construcción y el lugar está habitado por tres personas. Lo mismo ocurrió en Mosquera, en la hacienda San José, propiedad de un ex ministro de Relaciones Exteriores, quien se sorprendió mucho cuando los funcionarios de la Registraduría fueron a preguntarle si allí habitaban 28 personas que se habían inscrito como votantes. La respuesta fue negativa. El nombre de la hacienda fue mencionado para encubrir el trasteo de votos.

Comprobada la existencia de la maniobra, el CNE actuó rápidamente y en tres decisiones consecutivas anuló las inscripciones en 301 municipios -72 de ellos este viernes pasado-. "Es insólito -le dijo a SEMANA el registrador Luis Camilo Osorio-. Yo conozco los sistemas electorales de casi todo el mundo y esa conducta fraudulenta no se da. No hay vestigios de trasteo de votos y en ninguna parte se da la particularidad de que un líder imponga su mandato con voluntades traídas de otras partes".

De acuerdo con la información que hoy reposa en la Fiscalía, la responsabilidad por el trasteo de votantes está directamente relacionada con los grupos que predominan en cada una de las regiones donde fue detectado el fenómeno. "Va a ser muy difícil establecer quiénes están realmente detrás de cada inscripción. Y mucho más cuando éstas fueron anuladas, porque los ciudadanos ya no van a volver al sitio donde se inscribieron. Ahora van a votar en su lugar de residencia", dijo una fuente de la Fiscalía Regional de Bogotá.

El registrador Luis Camilo Osorio agregó que "cuando el río suena es porque trae piedras. Cuando ocurre esto, en que los votantes son movilizados como nómadas para satisfacer intereses oscuros, es porque hay mucho dinero caliente corriendo por ahí". Insistió en que la autonomía electoral de los municipios "está siendo violentada por la presencia intimidatoria de la guerrilla y los grupos paramilitares, los negocios sucios del narcotráfico y los intereses mezquinos de algunos políticos corruptos".

Hasta ahora solo se ha establecido la responsabilidad de ocho funcionarios públicos en el trasteo de electores. Siete de ellos son de la propia Registraduría: cuatro de Cundinamarca y los tres restantes de Córdova, Sucre y Bolívar, respectivamente. A estos empleados oficiales se les acusa de complicidad al desphazarse a lugares diferentes a los de su jurisdicción para incribir ciudadanos.

Al mismo tiempo, las autoridades establecieron que un secretario de Gobierno también habría participado en la maniobra. Estos funcionarios ya fueron separados de sus cargos y enfrentan procesos disciplinarios qué en corto tiempo podrían llevarlos a la destitución.

Las autoridades electorales están especialmente sorprendidas por lo que ha ocurrido en Cundinamarca, donde 70 de sus 114 municipios fueron cuestionados por el masivo trasteo de votantes. La explicación parece tenerla el delegado departamental de la Registraduría, Arnaldo Alvarez, quien dijo que "todos los municipios cercanos a Bogotá son importantes porque disponen de una buena cantidad de dinero en presupuesto y muchos grupos, entre ellos los políticos con ansias de poder, se la juegan con todo para ganar una alcaldía u ocupar una silla en el concejo ".

Con la anulación de las inscripciones en otros 25 municipios del país, este martes el CNE culminará la tarea de saneamiento de uno de los procesos electorales más viciados en la historia reciente del país.-