Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2002/02/19 00:00

Votos a punta de fusil

Paramilitares y guerrilla usan el poder de las armas para imponer sus candidatos al Congreso. En varias regiones las elecciones no van a ser limpias.

Votos a punta de fusil

Hasta hace poco la situación no pasaba de rumores. Se decía que paramilitares en el norte y guerrillas en el sur estaban intimidando y hasta cooptando a los candidatos regionales. Una noticia de la semana pasada, sin embargo, confirmó los temores. Salvatore Mancuso, uno de los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, (AUC), reveló públicamente que su organización pretende “elegir el 35 por ciento del Congreso” en las próximas elecciones el 10 de marzo. Otras informaciones que corroboró SEMANA revelan que el propósito de los paramilitares es similar al de las guerrillas.

“Por eso los electores deben mirar bien por quién votan. Lo peor para una sociedad es que los violentos se tomen los escenarios democráticos, dice un analista de este fenómeno. Sea quien sea el presidente tendría un enorme obstáculo allí para gobernar libremente”.

Es vox populi lo qué están haciendo los paramilitares en sus zonas de influencia. “Por lo menos 500 personas, entre ellos muchos alcaldes y concejales, han tenido que ir a los campamentos de los paras. Allí les dicen cuál es el candidato por el que hay que votar”, se denunció hace unos días en la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, organismo presidido por el ministro del Interior, Armando Estrada Villa, y que busca garantizar la transparencia electoral.

¿Qué buscan los paramilitares con esta estrategia? Para muchos observadores, están repitiendo el modelo del cartel de Cali con el proceso 8.000, que entregaron el dinero y se quedaron con los cheques para amarrar a los políticos. Repitiendo este esquema los paras llegarían al Congreso para buscar una posible negociación en un tiempo corto. “La situación es muy similar. Es una organización presionada por Estados Unidos y combatida por el Estado. Entonces buscan otra puerta, que es la de entrar al Congreso”, dice un analista que sigue el tema y que ha tenido información de primera mano de la Casa de Nariño.

Legalizar el crimen

Un funcionario del gobierno explica que, sea por simpatía ideológica o por presión violenta, no es bueno que personas que representan a las autodefensas lleguen al Congreso. “Sería legalizar una organización que utiliza métodos violentos; que es criminal”, dice. Y es que la revelación de Mancuso, hecha a la prensa internacional, confirma las denuncias que en las últimas semanas venían haciendo los candidatos liberal Horacio Serpa y conservador Juan Camilo Restrepo, quienes han advertido que los fusiles de los paras les apuntan a los votantes en el sur del Magdalena y de Bolívar, en el noreste antioqueño, en Cesar, Córdoba y Putumayo. “Hay que frenar esta tendencia, el paramilitarismo se ha duplicado en los últimos años y la sociedad se hace la de la vista gorda”, dice el aspirante conservador. Mancuso sostiene que no presionan a nadie por la fuerza sino que los convencen por la ideología. “Vamos a elegir personas que representan a zonas campesinas de influencia de las AUC”.

La dificultad para las autoridades está en identificar los casos de presión armada pues pocos denuncian con nombres específicos. Así las cosas, se puede caer en una peligrosa cacería de brujas en la cual no se investigue a quien infrinja la ley sino a quien defiende un discurso afín a un lado o en otro. Eso es lo que asegura que le ha ocurrido, por ejemplo, al dirigente del Magdalena Medio Max Alberto Morales, quien ha servido de contacto entre las autodefensas y otros sectores de la sociedad. Morales, que pretendía ir a la Cámara por Boyacá, abandonó a última hora su propósito: “En este país todo el que tenga un discurso contra la subversión es de inmediato estigmatizado injustamente como paramilitar, eso me pasó a mí y debí hacerme a un lado”.

En la otra orilla la situación es igualmente dramática. Las Farc también impulsan candidatos y eliminan o amenazan a los que no les rinden cuentas en sus zonas de influencia. Basta echar un vistazo a las fronteras de la zona de distensión. En el Meta, por ejemplo, el dirigente político más importante es el liberal Alan Jara, secuestrado por las Farc cuando iba en un carro de las Naciones Unidas. En el Huila, las cuatro vertientes políticas más influyentes están contra la pared por la coacción guerrillera. Consuelo González de Perdomo y Orlando Beltrán permanecen cautivos, el grupo de Jaime Losada no sabe qué camino tomar pues toda la familia de este dirigente político fue secuestrada en su propia casa en el edificio Miraflores de Neiva, y finalmente está Jorge Eduardo Gechen Turbay, quien tuvo que enclaustrarse también en Neiva porque las amenazas no le dejan ir a hacer proselitismo fuera. “Es muy peligroso. Las Farc tienen un fuerte control militar. Basta ver el ataque al Batallón Magdalena de Pitalito. Si eso ocurre con una unidad contraguerrilla ¿qué puede pasar con un candidato invitando a los electores a que apoyen su nombre?”, dice un dirigente político de este departamento. Es decir, Huila tiene hoy a los cuatro representantes a la Cámara que elige con el fusil apuntándoles.

En Caquetá la situación también es alarmante. Constanza Turbay, única sobreviviente de su familia, exterminada por las Farc, recibió el apoyo de muchos sectores sociales para que lanzara su nombre. Ella lo pensó pero al final desistió porque por seguridad jamás pudo volver a su departamento. El candidato conservador Luis Fernando Almario tuvo que salir corriendo de Florencia ante un ataque de las Farc que duró cerca de tres horas y en el que participaron unos 100 guerrilleros. Al final le destruyeron todo aunque salvó su vida. Ahora se inscribió para aspirar a la Cámara pero sólo estuvo en Florencia un día y ni siquiera pudo pasar allí la noche. “Lo podían matar”, dijo uno de sus asesores.

El avance de la guerrilla

“Como advirtió Diego Turbay, congresista asesinado en 2000, en un debate en agosto de 1998: las Farc están desarrollando una expansión territorial con las armas y la intimidación. Esa estrategia sigue y ahora utilizarán las elecciones para continuar su avance”, dice un habitante del Caquetá.

En este escenario es imposible decir que Colombia va a tener unas elecciones totalmente libres. “Se imponen candidatos, se controlan administraciones municipales y se incide en la aplicación o no de justicia, sin que haya resultados reales de la fuerza pública contra esta forma de violencia”, aseveró Jorge Rojas, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).

Rojas llamó la atención sobre otro factor que poco se ha tenido en cuenta: el de los desplazados. El desplazamiento de más de un millón y medio de colombianos, debido a la violencia, reducirá la participación popular en las próximas elecciones legislativas y presidenciales. “Esto significa que el 40 por ciento del territorio no ofrece condiciones óptimas para ejercer el derecho al voto”. Siempre se ha sabido que la democracia colombiana tiene limitaciones, por ejemplo, que aún falta mucho para tener un poder electoral realmente independiente o una ciudadanía que vote en libertad. Pero de ahí a que en el 40 por ciento del país se estén imponiendo o impidiendo candidaturas a punta de fusil de los grupos armados es herir mortalmente al sistema democrático.

Las autoridades civiles y militares aseguran que están en capacidad de garantizar el desarrollo normal de los comicios legislativos, pero hasta ahora no se ha conocido un solo caso en que se investiguen hechos de intimidación contra aspirantes y se castigue a los responsables. Tampoco autoridad alguna ha debatido la validez de las elecciones del 10 de marzo en regiones donde ningún candidato puede ejercer su derecho libre a ser elegido. Parecería que quienes poseen el poder legítimo de hacerlo tienen tanto miedo como los candidatos y los electores de la regiones. De seguir así las cosas el Congreso va a terminar con demasiadas personas que representen, voluntariamente o no, los intereses de las extremas violentas, en contravía de los de la gran mayoría de colombianos que quieren vivir en paz.

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