Vuelve y juega la reforma a la Justicia

La reforma soluciona uno de los principales factores de disputa en las altas cortes: la edad de retiro forzoso. Se aumentaría de 65 a 70 años. Lo que sucede en la actualidad es que se cree que como una norma de 1979 estableció el límite de los 65 años, esta edad solo aplica para las cortes que existían  antes de la Constitución de 1991, es decir la Corte Suprema y el Consejo de Estado. Por lo tanto, en la práctica los únicos magistrados que pueden estar más allá de  esa edad son los de la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. Esa desigualdad había creado conflictos entre los magistrados y fue uno de los puntos que detonaron el escándalo de la pasada reforma a la Justicia. 

Dos puntos han sido calificados como micos. El primero es que los congresistas puedan ser nombrados en ministerios, algo que estaba prohibido. El gobierno asegura que con esto “se pretende darles movilidad laboral”,  pero la norma puede crear una peligrosa puerta giratoria entre el Capitolio y el Palacio de Nariño. El segundo es la prohibición de investigar disciplinariamente a los funcionarios que tienen investigaciones penales. Esto significaría una perdida de poder para el procurador. La propuesta ha caído mal, pero tiene una justificación y, de hecho, así es en países como Alemania. Lo que busca es prevenir que existan fallos contradictorios. Por ejemplo, casos en que los funcionarios son absueltos por la Fiscalía, pero sancionados con inhabilidades de 20 años, o al revés. Esa es una tesis que ha defendido como jurista Yesid Reyes, incluso antes de que fuera ministro.