Vuelve y juega

En algún momento el país pensó que ya había superado lo peor que le podía pasar a la Fiscalía: el año y medio de interinidad que padeció porque la Corte Suprema no quería ponerse de acuerdo. Pero parece que la caótica situación se repite. En un abrir y cerrar de ojos renunció la fiscal Viviane Morales, se dio por hecho el ascenso del entonces vicefiscal Wilson Martínez, pero este renunció y se encargó del cargo a Martha Lucía Zamora.

Y lo peor es que a diferencia de la otra crisis, cuando solo dependía de que la Corte Suprema votara, ahora el lío es mayor: nadie sabe si el elegido estará uno o cuatro años al mando. Y mientras eso no se decida, el presidente Juan Manuel Santos no podrá armar la terna, para que de nuevo el alto tribunal decida. ¿Cuánto se demorará esta vez?

Este panorama es realmente dramático para una entidad que, como la Fiscalía, es considerado el segundo cargo en importancia en el país, no solo por el poder, la cantidad de funcionarios y las monumentales consecuencias de cada una de sus decisiones, sino porque de su buena salud depende que funcione el aparato de la Justicia.

En un primer momento se pensó que solo se trataba de encontrarle un buen reemplazo a Viviane Morales, que anticipó su salida luego de que el Consejo de Estado pidió anular su elección. Pero la sensación de desconcierto ha ido en aumento porque las altas cortes se han dedicado a tirarse la pelota como si estuviera en juego un asunto marginal y no una de las tres ramas del poder público.

Desenrollar el ovillo de lo que pasa en los altos tribunales no es fácil. El lunes de la semana pasada, la Corte Suprema de Justicia aceptó formalmente la renuncia de la fiscal Morales. En principio se creía que todo sería cuestión de un simple trámite. Así, el magistrado Javier Zapata anunció que el jueves la corporación se ocuparía de analizar si el próximo fiscal sería para un nuevo periodo de cuatro años o hasta el 31 de julio de 2013, como estaba previsto institucionalmente. El país respiró aliviado porque el magistrado aprovechó para pedirle al gobierno el envío de la terna lo más pronto posible. Muchos creían que por fin todos estaban sintonizados para definir un cargo que en los últimos años ha sido noticia en buena medida por su interinidad.

El gobierno respondió que era urgente precisar la temporalidad del periodo. El procurador general Alejandro Ordóñez terció al indicar que el Consejo de Estado debe definir este aspecto. El Consejo de Estado alegó que no podía pronunciarse sobre algo que no se le había consultado. La cosa empezaba a enredarse. Y, en efecto, la sorpresa llegó el jueves, cuando la Corte Suprema se declaró "incompetente" para definir el tiempo. Nadie daba crédito al espectáculo que se veía por todos los medios de comunicación.

Ahora, mientras se aguarda el concepto del Consejo de Estado, se tejen cábalas de toda índole. Distintas voces coinciden en que si ese tribunal indica que el periodo del fiscal general es breve, el gobierno se la jugará por Zamora. Se cree que su nombramiento sería bien recibido porque es una jurista conocida, tiene amplia experiencia, la conocen porque se desempeñó como procuradora delegada ante la Corte Suprema y luego como magistrada auxiliar de la Sala Penal. Es decir, viene de sus entrañas. De hecho, apenas hace un mes había regresado a la Fiscalía como asesora de Viviane Morales. En los mentideros judiciales se dice que la influencia de la Corte Suprema explica por qué el joven exvicefiscal Wilson Martínez se hizo a un lado, lo que permitió el nombramiento de Zamora justo el último día de labores de Morales.

Algunas voces creen, sin embargo, que ternar a la fiscal Zamora también puede generar molestias, en especial en un sector del uribismo, que recibiría la nominación de esa figura, bendecida por la Corte Suprema y cercana al magistrado de la parapolítica Iván Velásquez, como una provocación.

Ahora, si el Consejo de Estado conceptúa que el próximo fiscal debe ocupar el cargo por cuatro años, lo más probable es que el gobierno envíe una terna con grandes figuras jurídicas para ponerle punto final a una situación que no le ha hecho bien a nadie. Dentro del sonajero están el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, que ya fue ternado antes; el exministro Fernando Carrillo, recientemente designado para dirigir la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado; el exmagistrado Manuel José Cepeda, que asesora al gobierno en la reforma a la Justicia Penal Militar, y el exembajador de Colombia en Ecuador y expresidente de la Corte Suprema de Justicia Fernando Arboleda Ripoll.

Como se ve, nombres es lo que hay, pero en un país con una profunda tradición santanderista muchos se frotan las manos mientras esperan el concepto del Consejo de Estado. Ya sea que se pronuncie en un sentido u otro, habrá abogados prestos a demandar la elección que luego se dé en la Corte Suprema. El gobierno, entonces, hace bien en aguardar el concepto, pues cuando se formulen las demandas el asunto será atendido por el propio Consejo de Estado, y es mejor que esa pelea llegue a esa corporación antecedida por un pronunciamiento de la misma.

Lo que ahora el país espera es que una vez sea formulada la terna, la Corte Suprema sea capaz de elegir a tiempo y no se enfrasque de nuevo en divisiones eternas. Aunque el máximo tribunal guarda profundas diferencias frente al gobierno por cuenta del proyecto de reforma a la justicia, y dentro de él existen aún dos fuerzas opuestas, nadie cree que los magistrados se expondrán de nuevo a ser señalados de congelar la elección del fiscal y menos que vuelvan a interpretar excepcionalmente las reglas para elegir.
 
La dupla encargada
 
¿Quiénes son los dos experimentados juristas que estarán al frente de la Fiscalía mientras llega un fiscal en propiedad?

Martha Lucía Zamora, la nueva fiscal general encargada, es una mujer de amplia trayectoria en la Rama Judicial y conoce la Fiscalía tanto como a la Corte Suprema de Justicia. Es abogada de la Universidad Externado de Colombia y está vinculada con la rama desde 1991, siempre ocupando cargos de relevancia. Fue secretaria de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional Constituyente y una vez creado el ente investigador trabajó allí durante la gestión de Gustavo de Greiff, el primer fiscal general de la Nación.
 
Fue la primera mujer fiscal delegada ante la Corte Suprema, cargo que conservó durante la gestión de Alfonso Valdivieso y parte del periodo de Alfonso Gómez Méndez. Durante esos años instruyó procesos de connotación como el de Dragacol o el del entonces gobernador del Valle Gustavo Álvarez Gardeazábal. En 2001 Zamora se fue a trabajar con Edgardo Maya como procuradora delegada ante la Corte Suprema y, tras ocho años allí, pasó a ser magistrada auxiliar de la Sala Penal de esa corporación, donde investigó a congresistas envueltos en el escándalo de la parapolítica. Hacía apenas un mes había regresado a la Fiscalía, como asesora, cuando se produjo el sismo en la arquitectura jurídica del país y pasó a ser fiscal general encargada.

Una vez posesionada, Zamora nombró como su vicefiscal al jurista José Ricardo González, quien venía desempeñándose como fiscal delegado ante la Corte Suprema y es reconocido por instruir el proceso por el escándalo del carrusel de la contratación en el Distrito. González seguirá al frente de esa misión, por lo que el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno tendrá como acusador ahora al vicefiscal. La designación de González cayó bien, pues, como su jefe, es reconocido por su amplia experiencia: fue procurador, juez y lleva varios años siendo catedrático en distintas universidades.