Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2004/11/08 00:00

Vuelve y juega

Por segunda vez la Fuerza Aérea intenta comprar 24 aviones de combate que cuestan 234 millones de dólares. Esta vez la FAC promete mayor transparencia.

Vuelve y juega

La situación clásica es esta: en una base aérea en el oriente del país acaban de enterarse de que una avioneta del narcotráfico está cruzando por el espacio aéreo selvático del sur. Los pilotos salen inmediatamente en la vieja nave que tienen disponible. No llegarán a tiempo. La narcoavioneta tendrá todo el tiempo para aterrizar y cargar la cocaína, mientras el piloto toma tinto. A las dos horas, cuando llegue el avión de la Fuerza Aérea, los traficantes ya se habrán ido hace tiempo.

Puede ser peor. La base aérea recibe un llamado urgente para apoyar con fuego aéreo un combate donde están en juego las vidas de decenas de soldados. Es muy posible que sólo les puedan enviar helicópteros que demorarán horas, a veces más de 24, y que tendrán poca capacidad de sobrevolar el blanco durante un tiempo sostenido.

Estas escenas hipotéticas no son un invento. Ocurren todos los días en los lugares donde las Fuerzas Armadas realizan operativos contra la guerrilla y el narcotráfico.

Los aviones de combate que tiene Colombia son obsoletos y la gran mayoría no están funcionando. Mientras en 1997 el país tenía 26 aeronaves de combate en pleno funcionamiento, ahora sólo tiene 10. Y en dos años estarán reducidos a la mitad, para cubrir un territorio extenso, selvático y con amenazas de toda índole como es el colombiano. Por eso desde hace siete años la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, viene insistiendo en la necesidad de comprar 24 aviones de combate, ligeros, que apoyen con fuego las operaciones en tierra, y que también puedan combatir en los cielos, especialmente al narcotráfico.

A pesar de la urgencia de los aviones, pocas compras han sido tan polémicas y difíciles como ésta. Y es que lo que está en juego no es poco: 234 millones de dólares. Prácticamente, los recursos que se requieren para salvar toda la red hospitalaria del país.

Por eso es comprensible que el gobierno esté haciendo esfuerzos por blindar el proceso de contratación de posibles triquiñuelas, explicándoles a periodistas y congresistas las razones técnicas y económicas de la compra. Las mismas razones que hace dos años dejaron escepticismo en muchos sectores y se convirtieron en una gran tormenta política.

En 2002 Planeación Nacional había aprobado que la Fuerza Aérea se endeudara en 234 millones de dólares para comprar 24 aviones de combate. Ya se había avanzado en la negociación con una empresa brasileña para comprar aviones tipo Tucano, valorados como uno de los mejores turbohélice para terrenos como el colombiano. Pero a mediados de noviembre un diario de Brasil denunció que Estados Unidos estaba obstaculizando el negocio. El escándalo no se hizo esperar. De inmediato se conoció una carta que el jefe del Comando Sur, general James Hill, le envió al entonces comandante general de las Fuerzas Armadas, general Jorge Enrique Mora, en la que cuestionaba la decisión de comprar los aviones brasileños. El argumento de Hill era aparentemente operativo: "Estoy preocupado por el plan de la Fuerza Aérea Colombiana de gastar 234 millones de dólares en la adquisición de un nuevo equipo ligero de ataque aéreo... le recomiendo a la Fuerza Aérea Colombiana gastar este dinero en requisitos más apremiantes como modernizar su flota C-130". Sin embargo, versiones periodísticas de la época documentaron que detrás de la compra había intereses económicos, tanto de quienes intermediaban con los brasileños, que parecían ya tener el contrato en sus manos, como de los que representaban a empresas norteamericanas y de Suiza. La comisión que estaba en juego era más que apetitosa.

Finalmente, el gobierno decidió congelar el tema. Se suspendió el proceso de compra y en dos años no se volvió a hablar del tema. Hasta la semana pasada, cuando el ministro de Defensa, Jorge Uribe, les reveló a los medios que definitivamente se comprarán los sonados aviones. Sólo que esta vez el gobierno quiere blindar el proceso dotando a la prensa y a los congresistas de argumentos suficientes sobre la urgencia de tener esas aeronaves en diversas zonas del país y sobre la transparencia que tendrá el proceso de contratación.

En lo táctico, la polémica puede revivir en cualquier momento porque existen puntos de vista diferentes y prácticamente irreconciliables. Los críticos dicen que los aviones de combate se usan en guerras entre países donde se enfrentan ejércitos en masa y que en una guerra interna como la que vive Colombia es mejor tener helicópteros o aviones para transportar tropa, en el entendido de que las batallas se libran en tierra, usualmente contra grupos pequeños de guerrilleros.

No obstante, en una situación de ofensiva como la que adelantan las Fuerzas Armadas, el fuego aéreo puede ser una ventaja estratégica invaluable. Siempre y cuando se utilice bien. Especialmente porque los aviones tienen una capacidad de fuego de gran precisión, pueden hacer operaciones nocturnas, dotados con un sistema de cámaras y sensores que permiten también hacer reconocimientos e inteligencia. Y sobre todo que pueden volar a mayor velocidad que los helicópteros, permanecer más tiempo sobre el blanco y aterrizar en pequeñas y rudimentarias pistas, como las que hay en casi todo el país. Cada uno de estos aviones, nuevos y con todos los equipamientos, costará en promedio nueve millones de dólares.

Otra realidad que salta a la vista es que la actual flotilla de aviones de combate es obsoleta. Los seis A-37 disponibles para vuelos tienen 35 años, y su vida útil es apenas de 25. Y de los seis OV-10 que tiene el país, sólo uno está disponible para operaciones. Otros cinco están en mantenimiento y podrán durar como máximo un lustro más. Estos hechos parecen haber convencido al Comando Sur de las bondades de la compra.

Superado ese escollo, el otro gran tema para resolver es el de la contratación. Hace dos años el escándalo por las comisiones que estaban en juego desencadenó la congelación de la compra porque no estaba garantizada la transparencia. Para salirles al paso a estas críticas, el gobierno quiere que se haga una contratación de cara a la opinión pública con tres estrategias. La primera fue ponerle a este contrato una gerencia de alto nivel, para la que fue designado el general Gonzalo Morales, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la FAC.

También se diseñó una estrategia de información que se les adelante a posibles cuestionamientos. Como parte de ella se creó una página de Internet que hará públicas todas las fases de la contratación.

Y por último, la convocatoria de dos parlamentarios y dos empresarios del sector privado que funcionen como legitimadores de la compra. La idea de que los empresarios hagan parte del proceso fue del presidente Álvaro Uribe, quien quiere emular el modelo que se siguió cuando se adjudicó el Metro de Medellín. Esta vez los escogidos como legitimadores son el ex ministro y ex dirigente cafetero Gilberto Arango Londoño y el ex presidente de la organización Corona Julio Manuel Ayerbe. Según el ministro de Defensa, Jorge Uribe, "estas personas son reconocidas por la comunidad como gente seria de gran solvencia moral".

Sin duda, la figura es novedosa en el sector público y puede contribuir a que haya una suerte de veeduría ciudadana a una inversión sin precedentes en las Fuerzas Armadas. Esto significa que además de los órganos de control, dos personas de la sociedad civil tendrán los ojos puestos sobre la licitación, la adjudicación y la ejecución. Sería importante que, justamente por lo conflictiva que ha resultado esta contratación, el gobierno se planteara la posibilidad de una verdadera veeduría ciudadana, como la contempla la ley. Mostrarle a la opinión pública cómo se está realizando la compra le servirá para cuidar cada peso y, de paso, para convencer a muchos escépticos sobre las bondades de invertir medio billón de pesos en aviones de combate, en un país con necesidades sociales tan apremiantes.

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