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| 7/29/2006 12:00:00 AM

Vuelven los 80

La falta de justicia y verdad en la década de los 80 ha hecho que se revivan oscuros episodios como el asesinato de Galán y el holocausto del Palacio de Justicia, o que salte a la palestra Virginia Vallejo. Lección para el proceso con los paramilitares.

Hace muchos años el país no se había conmocionado tanto con un testimonio periodístico como el de Virginia Vallejo. Quizá desde la indagatoria de Santiago Medina, el tesorero de la campaña de Ernesto Samper, cuyo testimonio fue publicado textualmente por El Tiempo en 1995. O la entrevista en televisión del ex ministro de Defensa Fernando Botero, cuando le dijo al país que Samper "sí sabía" de los dineros del narcotráfico en su campaña. Estas dos declaraciones encendieron la mecha del proceso 8.000 y terminaron por destapar los tentáculos del cartel de Cali en la política durante los años 90.

El show de Virginia, más allá de su admirable teatralidad o la gravedad de sus denuncias, centró la atención de la opinión pública en un período en que el concubinato entre el narcotráfico y la política no se ha esclarecido. Una década que incubó muchos males y que tuvo como coletazo el terrorismo y la desintitucionalización, pero que nunca fueron examinados a fondo. Una década donde no hubo ni justicia ni verdad. No hubo procesos serios para establecer la verdad sobre la manera como Pablo Escobar intentó poner de rodillas al establecimiento político, empresarial y periodístico. Tampoco hubo justicia: con la muerte del capo y el fin del narcoterrorismo el país volvió la mirada y dejó atrás, sin resolverlos, los grandes misterios sobre los macabros propósitos del cartel de Medellín, y sobre los aliados y cómplices que lo acompañaron. La década de los 80 está llena de interrogantes por resolver.

Muy distinto a la del 90, cuando el proceso 8.000 se convirtió en un ejercicio de justicia y verdad sobre la relación entre el cartel de Cali y la política. La manera como los hermanos Rodríguez Orejuela financiaron la campaña de Ernesto Samper y de decenas de candidatos al Congreso se conoce hasta en sus detalles más caricaturescos. La verdad fue conocida por todos los colombianos en las escandalosas denuncias que hacían, a manera de entregas, todos los medios de comunicación. Las revelaciones eran muy jugosas: cheques, grabaciones, videos, indagatorias, testimonios. En fin, se podría decir que fue el proceso 8.000 fue el primer reality de la política colombiana.

También hubo justicia. Botero y Medina, los artífices de la maquiavélica operación, terminaron en la cárcel. Cerca de 20 congresistas perdieron sus curules y pagaron tiempo tras las trejas. Tres ex contralores -David Turbay, Manuel Francisco Becerra y Rodolfo González- también fueron condenados. El propio Presidente de la República fue llevado a juicio y exonerado por el Congreso, su juez natural. Este proceso levantó una gran polémica y se produjo en un entorno de opinión pública que sólo se satisfacía con un fallo condenatorio. Pese a que hubo una justicia a medias, y que hubo muchos errores, las manos de las instituciones establecidas para administrar justicia determinaron la suerte de los acusados. La sociedad asimiló ese proceso hasta el punto de que sus secuelas se sienten hoy día: el intento de nombramiento de Ernesto Samper como embajador en Francia se tuvo que abortar.

No se puede decir lo mismo de los 80 y el cartel de Medellín. El sorprendente video de Virginia Vallejo y sus señalamientos a diestra y siniestra dan una medida de la gravedad de los hechos cuyos detalles, culpabilidad y complicidades, aún se desconocen. Es claro que la ex diva no tiene la verdad revelada. Ni siquiera la prueba reina. Pero deja muy claro que Escobar tenía como propósito arrodillar al establecimiento. Su declaración en el sentido de que aspiraba a ser Presidente de la República después de Santofimio puede ser exagerada, pero muestra que a punta de plomo y plata quería garantizar su impunidad, enterrar la extradición y someter al Estado.

Además de la inesperada reaparición en las pantallas de Virginia, en los últimos meses han coincidido otros hechos que reviven los fantasmas de los 80. Por ejemplo, el debate que inició el presidente Uribe hace un año sobre la supuesta participación del M-19 y el narcotráfico en el Palacio de Justicia con supuestos propósitos de quemar los expedientes de las extradiciones. Los 20 años del holocausto del Palacio de Justicia también despertaron una gran polémica sobre lo que realmente ocurrió el nefasto noviembre 6 de 1985. O, más recientemente, el juicio a Santofimio ha sacado a la luz testimonios y protagonistas relacionados con la vida del cuestionado político y sobre la manera como el crimen organizado planeó y llevó a cabo el atroz magnicidio de Galán. La polémica intervención de Uribe, el cinematográfico juicio de Santofimio, los 20 años del Palacio de Justicia y, lo que faltaba, la femme, pusieron a los 80 en la vitrina del presente.

La década incógnita

La década de los 80 fue una década en la que, para la historia, quedaron más chismes y rumores que fallos y verdades históricas. Las preguntas sin respuesta sobre la infiltración mafiosa en la política de estos años comienzan con la elección presidencial de 1982 entre Belisario Betancur y Alfonso López. Hasta ahora se había hablado de un encuentro entre Escobar, acompañado de sus principales aliados, y la cúpula de la campaña de López, encabezada por Ernesto Samper, en el Hotel Intercontinental de Medellín. Allí se coronó un aporte en forma de compra de unas boletas para una rifa organizada por la campaña en Antioquia. También hubo mucho ruido en el sentido de que la campaña victoriosa, la de Betancur, había recibido 'dineros calientes'. Vallejo afirma que dentro del clan de mafiosos del cartel de Medellín había conservadores como Rodríguez Gacha, que querían ayudar a su candidato. ¿Hasta donde llegó esta financiación? ¿Fue determinante en la victoria de Belisario? ¿Hubo tal financiación?

En el cuatrienio siguiente, de Virgilio Barco, también hubo episodios cuyos alcances nunca se conocieron plenamente. Barco fue un Presidente de mano dura contra la mafia, por convicción, por temperamento y porque el ambiente político después del asesinato del ministro Lara Bonilla obligaba a hacerle la guerra a Escobar. Los actos más sangrientos se produjeron en su presidencia: los asesinatos de Luis Carlos Galán y Guillermo Cano, y las bombas contra El Espectador, Vanguardia Liberal, el avión de Avianca y el DAS.

En medio de la confrontación contra el cartel de Medellín, entre 1986 y 1990 también hubo episodios que no han sido conocidos. Barco sorprendió a la opinión pública cuando no incluyó en su primer gabinete a Eduardo Mestre, el más firme candidato para el Ministerio de Gobierno, quien terminó procesado por vínculos con el cartel de Cali. ¿Qué información tenía el Presidente? En cambio, el ex contralor Manuel Francisco Becerra, condenado en el proceso 8.000, fue ministro de Educación, y el ex procurador Orlando Vásquez Velásquez, quien también fue condenado, ocupó el Ministerio de Gobierno. ¿Qué papel jugaron en los consejos de ministros en los que se discutían las fórmulas para mantener la extradición? Poco se conoce sobre el secuestro de la hermana del hombre fuerte del gobierno, el secretario general Germán Montoya, a la postre vilmente asesinada. ¿Hubo contactos para liberarla? ¿A qué nivel? ¿Se aceptaron compromisos? ¿Por qué la mataron?

Otro capítulo, escandaloso y no aclarado, fue el de la Constituyente. Una amplia mayoría aprobó la prohibición de la extradición pocas horas antes del sometimiento de Escobar a la justicia. La polémica votación estuvo precedida por un video en el que aparecían abogados del cartel de Cali entregando dinero a los constituyentes. Ahora Virginia Vallejo asegura haber escuchado de Escobar que tenía arrodillada a un 60 por ciento de la asamblea. ¿Actuó la Constituyente bajo presión? ¿Fue sobornada? ¿Se limitó la intimidación a este tema? ¿Había un arreglo con Escobar para prohibir la extradición a cambio de su entrega?

Otro conjunto de interrogantes surge de los contactos que se hicieron en varias oportunidades entre el cartel de Medellín y el establecimiento político, con el fin de explorar caminos para acabar la guerra. El más conocido fue en 1984, en Panamá, después del asesinato de Lara Bonilla. Asistieron, por solicitud del presidente Betancur, Alfonso López Michelsen y el procurador, Carlos Jiménez Gómez, para escuchar una propuesta de Escobar: su entrega y la de sus bienes, a cambio de la no extradición.

Pero hubo otros contactos que tuvieron lugar para facilitar la liberación de Andrés Pastrana, en 1988, cuando era candidato a la Alcaldía de Bogotá, y posteriormente, en 1991, de un grupo de notables secuestrados por el cartel de Medellín, encabezado por Francisco Santos y Maruja Pachón de Villamizar, cuñada de Luis Carlos Galán. ¿Hasta dónde los decretos de sometimiento a la justicia que expidió Gaviria vinieron de esa presión? ¿Qué negociaciones se produjeron? ¿Había expectativas de un diálogo amplio, sobre asuntos diferentes a la extradición? ¿Se pactó allí la prohibición de enviar nacionales a cárceles extranjeras?

Las otras inquietudes provienen de los orígenes del paramilitarismo, engendro creado por el dinero del narcotráfico en esos años de oscuridad. Se sabe que Gonzalo Rodríguez Gacha, lugarteniente de Escobar, construyó una sofisticada maquinaria de terror. Los primeros paras aparecieron en el Magdalena Medio en asociación con ganaderos que buscaban protección frente al acoso de la guerrilla. Recibieron sofisticado entrenamiento de mercenarios extranjeros. De ese núcleo, surgieron los asesinos de Galán. Pero muchas ramificaciones criminales se quedaron entre el tintero. ¿Hasta donde llegó, como afirma Virginia Vallejo, el grado de soborno de 'Gacha' con los altos mandos militares? ¿Es este el origen del genocidio contra la Unión Patriótica, ocurrido en la segunda mitad de los 80? ¿Y de los asesinatos de los líderes de la izquierda Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo?

Son demasiados episodios cuyas páginas aún no se han cerrado. Y no es que no haya habido intentos de conocer la verdad, tribunales, como el que creó Betancur sobre el Palacio de Justicia; decenas de libros y escritos, desde los del Nobel Gabriel García Márquez, Noticia de un secuestro, hasta los de los bandidos como 'Popeye' y Carlos Castaño. Pero son intentos aislados. No hay una verdad judicial ni han sido llamados ante los tribunales personajes que circularon en la política, en los medios o en el mundo empresarial bajo la égida de Escobar.

¿Cuál es la causa del prolongado silencio? De una parte, como es obvio, que hay muchos intereses creados. La oscuridad les conviene a los cómplices, e incluso a figuras públicas que, sin cometer delitos ni compartir objetivos, convivieron y se beneficiaron con la mafia. La propia Virginia Vallejo prefirió mantenerse callada durante más de una década, entre otras cosas, por miedo. A ese mismo argumento acude 'Popeye' para justificar su cambio de versión sobre la participación de Santofimio en el magnicidio de Galán.

Hay otras razones. El cartel de Medellín era muy distinto al de Cali. Actuó con métodos más artesanales, sin cheques ni sofisticados contadores estilo Pallomari que dejaron rastro y acumularon pruebas en computadores portátiles. Su apelación al terrorismo cruel y desmedido, a partir de abril de 1984, alejó a muchos de sus amigos. La Vallejo no fue la única. Una cosa era hacerle la vista gorda a dineros mal habidos y otra, muy distinta, ser cómplice del baño de sangre que vivía el país.

Falta ver si Virginia Vallejo abrió una caja de Pandora y vendrá ahora un destape de lo que hasta ahora permaneció oculto y se comenta hace años sotto voce. Lo cierto es que la conmoción nacional de los últimos días y sus posibles secuelas hacia el futuro demuestran que la falta de verdad y de justicia no es una base confiable para una paz duradera. Al menor golpe de viento, como ha ocurrido con varios episodios de los 80, las brasas se encienden bajo las cenizas.

Esta lección tiene especial relevancia en momentos en que, otra vez, el país se debate ante un dilema entre paz y justicia, en el proceso de desmovilización de los paras. El espejismo de la paz podría dejar cabos sueltos que volverán a salir en unos años. Con un agravante: cada vez más la comunidad internacional impone mayores exigencias para el ejercicio de la justicia y el esclarecimiento de la verdad. Todo lo que ocurrió con el cartel de Medellín en los 80 no puede repetirse con un cartel de los paras en la década del 2000.Los márgenes de maniobra para la impunidad se están estrechando a causa de la globalización de la justicia, la Corte Penal Internacional y los 'Baltasares Garzón'. Lo cual obliga a tomar los toros por los cuernos, por más bravos que sean, como lo hizo Chile con el caso Pinochet.

Y si no, ¿quiénes serán las 'Virginias Vallejos' de los paras? ¿Acaso la 'Gata'?
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