Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2003/10/27 00:00

Washington y la mafia

Las negociaciones entre Estados Unidos y los narcotraficantes del norte del Valle fracasaron. Se esperan 25 órdenes de captura con fines de extradición.

Los fiscales estadounidenses de Houston, Miami, Nueva York y Tampa que adelantan procesos judiciales en contra de los narcotraficantes del norte del Valle del Cauca fueron llamados recientemente a una reunión en Washington para estudiar la posibilidad de expedir 25 órdenes de captura con fines de extradición.

En el encuentro, funcionarios de las diferentes agencias federales (DEA, Aduana y FBI) les enseñaron a los fiscales "la vida, obra y milagros" de cada uno de los hombres señalados como los grandes capos del tráfico de drogas ilícitas en Colombia. Es decir, les dieron a conocer el prontuario de cada una de las 25 personas que están en la mira de la DEA y de la Policía colombiana para ser capturadas y juzgadas en Estados Unidos.

En la reunión los fiscales manifestaron las dificultades que tienen para recopilar pruebas en contra de los capos y por eso se llegó a estudiar la posibilidad de aplicarles la ley Rico (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations), o sea la norma que creó el gobierno de Estados Unidos en los años 60 para perseguir a las mafias y al crimen organizado. Esta permite que se pueda acusar y condenar a un jefe mafioso por las actividades ilegales de su organización aun si no se puede probar que éste las cometió directamente. Eso quiere decir que si se aplica esta ley a la mafia colombiana todos los capos del norte del Valle se considerarían culpables por cada uno de los delitos que haya podido cometer cualquier miembro de esta organización en cualquier lugar.

En el pasado la ley Rico sirvió para juzgar al ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega por traficante internacional de drogas y al ex dictador de Filipinas Ferdinando Marcos y a su esposa Imelda.

La reunión de los fiscales federales en Washington coincidió con el rompimiento de las conversaciones con la mafia.

Hace por lo menos tres años que agentes de la DEA, de la Aduana y del FBI venían sosteniendo reuniones reservadas con los jefes narcotraficantes, sus abogados y algunos fiscales estadounidenses para buscar un acuerdo que permitiera que por lo menos 10 de ellos se entregaran a la justicia norteamericana.

El proceso fue liderado por Hernando Gómez Bustamante, conocido como 'Rasguño', y a quien la mafia nombró su vocero no sólo por el poder que tiene en el bajo mundo del negocio de la droga sino porque es considerado el segundo narcotraficante más grande del país.

"Nunca en mi vida voy a ser sapo". Con este mensaje que le envió a la fiscal de Nueva York Bonnie Klapper hace 25 días, Gómez Bustamante dio por terminadas las negociaciones con los fiscales. Le hizo saber que definitivamente no aceptaba sus condiciones. La propuesta de Klapper consistía en que 'Rasguño' se convirtiera en un "testigo de excepción", es decir, que estuviera dispuesto a testificar sin limitaciones contra cualquier persona y en cualquier proceso judicial que actualmente se adelante en todo el territorio estadounidense. Mejor dicho, que se volviera informante. Cuando la exigencia fue rechazada de plano por Gómez Bustamante la propuesta de los jefes del cartel del norte del Valle, de desmantelar gradualmente toda la organización, se vino al piso.

Estos narcotraficantes habían intentado durante el último año buscar una fórmula con los gobiernos de Alvaro Uribe y George Bush para desmantelar lo que las autoridades llaman el cartel del norte del Valle del Cauca. Pese a las dificultades de negociación, 'Rasguño' había ofrecido entregarse voluntariamente a la justicia estadounidense aunque no tuviera orden de captura en su contra, ni un solo proceso judicial en Colombia. Manifestó en varias oportunidades estar dispuesto a pagar cárcel en Estados Unidos y una multa que podría llegar hasta 50 millones de dólares en dinero y propiedades, producto del negocio de narcóticos. Propuso, además, desmantelar gradualmente toda su organización y convencer a los demás narcos de que se sometieran a la justicia estadounidense con el mismo procedimiento aplicado a él. Sin embargo, después de esta propuesta bastante tentadora, vino una contrapropuesta de la fiscal Klapper que acabó definitivamente con la posibilidad de negociar. Ya no sólo la fiscal contemplaba la delación y la obligación de Gómez Bustamante de testificar sin limitaciones, sino que exigía que los demás jefes se entregaran masivamente. Para ellos esta propuesta era el equivalente a un suicidio colectivo.

Por eso todo fracasó. Y de ser verdad que se están preparando 25 órdenes de captura para extraditar a los narcotraficantes del norte del Valle, es de esperar que los afectados no se queden quietos.

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