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| 12/9/2010 12:00:00 AM

Wikileaks: Así seguía EE.UU. el escándalo de los 'falsos positivos'

El exembajador William Brownfield reportaba a Estados Unidos que algunos altos mandos militares y políticos al parecer se oponían a las investigaciones por los asesinatos.

Según los cables revelados por Wikileaks, el exembajador de Estados Unidos en Colombia William Brownfield seguía de cerca el escándalo conocido como los ‘falsos positivos’, asesinato de civiles presentados por miembros del Ejército colombiano como guerrilleros e integrantes de bandas criminales muertos en combate.

En el cable, titulado “iniciativas de derechos humanos encuentran resistencia en militares”, Brownfileld transmite las apreciaciones del general Carlos Suárez, encargado de la investigación de estos hechos dentro de las Fuerzas Militares.
 
Según el mensaje revelado por Wikileaks, Suárez dijo que Álvaro Uribe Vélez “consideraba el éxito militar en términos de muertes”, pese a argumentos de algunos militares y políticos que hacían énfasis en la defensa de los derechos humanos. A lo que agregó que “los últimos informes de muertes de enemigos en combate, muchos de ellos no pertenecientes a las Farc, crean una imagen engañosa de progreso”.

También se lee en el despacho diplomático, que Suárez le aseguró a la embajada norteamericana que tras los asesinatos en el departamento de Cesar, le recomendó al comandante del Ejército, general Óscar González, despedir a 28 oficiales del Batallón La Popa por la presunta participación en los asesinatos de civiles, pero él despidió a 11 militares.
 
En efecto, el 23 de enero de 2009, el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos anunció la destitución de 10 oficiales y un suboficial, involucrados en varias ejecuciones extrajudiciales en la zona.

Las investigaciones se originaron tras las denuncias de nexos entre el ex comandante del Batallón La Popa, coronel Hernán Mejía (hoy detenido), con paramilitares para presentar como muertos en combates a civiles (entre ellos indígenas) y paramilitares rasos que eran ejecutados por sus compañeros y presentados como resultados del Ejército (ver artículo).
 
Una investigación interna concluyó que los 11 militares habían incurrido, posiblemente, en graves irregularidades, por las cuales no podían mantenerse en su cargo. “Unos seguían en el batallón (La Popa), otros no. Pero todos estaban activos”, aseguró en su momento el comandante de las Fuerzas Militares, general Fredy Padilla de León. 
 
En el cable revelado por Wikileaks, Suárez afirmó que “el problema de las ejecuciones extrajudiciales es generalizado, que el fenómeno se originó en Soacha y que la práctica se extendió posteriormente a otras brigadas y comandos, incluido el Comando Conjunto del Caribe”.

En otro aparte del despacho se lee, según Suárez, que la insistencia por resultados de algunos mandos militares sería la causa de los ‘falsos positivos’.
 
Desde mediados de 2007, varias familias de Soacha, municipio vecino de Bogotá, denunciaron que unos 17 muchachos de esa localidad, reportados como desaparecidos, fueron presentados por el Ejército en Norte de Santander y Urabá, entre otras zonas, como guerrilleros muertos en combate.
 
Según el despacho, el general Suárez aseguró que estos asesinatos “socavan la legitimidad del Ejército y crean una falsa ilusión de éxito” y que el Ministerio de Defensa apoyaba las investigaciones, pero encontraba resistencia en algunos oficiales en servicio activo, algunos otros retirados y políticos.
 
En el cable también se lee que Suárez contó a la diplomacia norteamericana que el entonces comandante del Ejército, general Óscar González, supuestamente “impidió las investigaciones de los abusos, limitando la acción del inspector de las Fuerzas Armadas” y que presuntamente “intimidó a los testigos para no declarar sobre los asesinatos cometidos por la 11 Brigada”.
 
Para la época del cable de la Embajada, según cifras de la Fiscalía, eran 1.009 los casos que se investigaban por presuntos falsos positivos.
 
En el despacho, el general aseguró que oficiales en retiro como Mario Montoya y Rito Alejo del Río supuestamente trabajaban con políticos como el exministro Fernando Londoño para “socavar las iniciativas en derechos humanos”. Cita un artículo de El Tiempo en el que Londoño se quejó de los despidos de militares.
 
El cable afirma que el viceministro de Defensa, Sergio Jaramillo, le contó a la embajada norteamericana que oficiales estaban montando una “campaña de participación legal” para acosar a los oficiales y civiles a cargo de las investigaciones por los ‘falsos positivos’.
 
No obstante, el mensaje de la embajada en Bogotá reporta a Washington que el Ministerio de Defensa colombiano adelantó iniciativas en defensa de los derechos humanos y que las unidades del Ejército que lograron “los mejores resultados contra el grupo terrorista (de las Farc), no estuvieron involucrados en los asesinatos de civiles”.
 
Finalmente, Brownfield aseguró en el cable que “si el próximo Ministerio de Defensa (después de Juan Manuel Santos) no mostraba un fuerte compromiso con los derechos humanos, los progresos realizados hasta la fecha podrían reversar”.
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