Miércoles, 26 de noviembre de 2014

| 2013/02/16 10:00

William Giraldo: el magistrado Bon Bril

Su caso ha desatado feroces batallas en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

El magistrado William Giraldo cumplió la edad de retiro, 65 años, en enero del año pasado. Sin embargo, a punta de tutelas se aferra a su cargo. Foto: Presidencia

Lo que ocurrió la semana pasada en el Consejo de Estado fue la gota que rebosó la copa. Quedó en evidencia hasta dónde ha llegado el problema de las altas cortes.


Todo comenzó con un episodio aparentemente insignificante. El martes se pidió aprobar una comisión a Cartagena para el consejero William Giraldo y un sector de este alto tribunal se mostró sorprendido y prácticamente lo echó. Para ellos era claro que Giraldo ya había cumplido la edad de retiro forzoso, los 65 años (que cumplió en enero de 2012), y ya no era magistrado.


El retiro no se había hecho efectivo porque Giraldo ha dado la pelea, a punta de tutelas, para mantenerse. Pero el martes pasado llegó una notificación de un fallo de la Corte Constitucional que dejó prácticamente sin piso toda la lucha de Giraldo. Y, por eso, al menos ocho de los consejeros, pidieron su cabeza. Ellos argumentaron que podrían estar obrando ilegalmente al permitirle que se quedara y podrían estar incurriendo en usurpación del cargo.


Sin embargo, la echada no prosperó, porque otro sector del Consejo de Estado, el mayoritario, salió a defenderlo. Y el resultado fue que los 28 consejeros estuvieron discutiendo durante nueve horas, se cruzaron acusaciones de grueso calibre, y no llegaron a ningún acuerdo.


Pero eso no es todo. El caso además contaminó a la Corte Constitucional. En la larga batalla jurídica que Giraldo ha dado para aferrarse al puesto, a esta corporación le tocó resolver una tutela. El lío se armó porque dos de los miembros de la sala (Nilson Pinilla y Jorge Iván Palacio) dictaron un fallo que en la práctica obligaba a Giraldo a retirarse del Consejo de Estado; y el otro miembro de la sala, Jorge Pretelt, decidió engavetar desde octubre el fallo. No hubo poder humano que lo hiciera suscribir el texto. Así se opusiera, el fallo ya era un hecho con los otros dos votos.?


La situación llegó a tal punto que la Corte tuvo que apelar a una salida que nunca antes se había usado: ante la renuencia de Pretelt, Pinilla y Palacio tuvieron que recurrir al aval del presidente, Gabriel Mendoza, y de la secretaria general, Marta Sáchica, para poder reimprimir el texto y expedirlo. Los ánimos se caldearon de tal manera que algunos magistrados se cruzaron palabras de grueso calibre y todo terminó en la más cruda pelea que haya conocido esta Corte desde su creación en 1991.


También entró a terciar en la discusión el Consejo Superior de la Judicatura. La cuestionada Sala Disciplinaria fue la primera en darle permiso a Giraldo para quedarse a través de un fallo de tutela. Y la Sala Administrativa, que ha mostrado tener algunos magistrados más progresistas, notificó al gerente de la rama del reciente fallo de la Corte Constitucional para que estudie si le debe dejar de pagar al magistrado Giraldo.


En este momento la situación está en que ni el Consejo de Estado ni la Judicatura han decidido si Giraldo debe seguir o no en el cargo. Que un magistrado se aferre a su puesto desconociendo lo decidido por otra Corte podría ser interpretado, en el mejor de los casos, como un simple anhelo equivocado de un individuo. Pero que buena parte de la corporación lo apoye es síntoma de que algo está funcionando mal. 


¿Qué está pasando? ¿Por qué William Giraldo se aferra de esta manera a su cargo? ¿Por qué ha puesto de pelea a otras cortes? ¿Esto qué significa

El caso Giraldo es apenas la punta del iceberg de una historia que viene de tiempo atrás: el anhelo que tiene un significativo grupo de magistrados de que les extiendan la edad de retiro hasta los 70 años. Este –el de las guerras de tutelas de Giraldo– sería el tercer intento.


El primero fue en 2010, cuando un grupo de consejeros comenzó a hacer lobby en el Congreso para pasar una ley que le permitiera conservar la toga después de los 65 años. El entonces secretario general del Congreso, el controvertido Emilio Otero, les ayudó. Al proyecto solo le faltaba un debate para ser ley cuando se dieron cuenta que los congresistas investigados por el Consejo de Estado debían declararse impedidos. Hasta ese momento pensaban que el acto legislativo 001 de 2011 (que Fernando Cepeda calificó como ‘la madre de todos los micos’ y que ya tumbó la Corte Constitucional) solo les daba la gabela de no declararse impedidos si se trataba de una reforma constitucional.


Por eso, dejaron a un lado el proyecto de ley y enfilaron baterías con la reforma a la Justicia. Fue entonces cuando, a cambio del aval de las cortes para que la reforma siguiera adelante, el gobierno permitió a regañadientes cambiar la edad de retiro forzoso de los magistrados del Consejo de Estado y la Corte Suprema de los 65 a los 70 años. Ese fue el segundo intento y a la postre fracasó.


Giraldo comenzó entonces con su rosario de tutelas. Ahora, y luego de que el fallo de la Corte Constitucional anuló todo el proceso, William Giraldo comenzó de cero y puso de nuevo una tutela, que debe ser fallada esta semana ante la Seccional de la Judicatura de Bogotá. Lo curioso es que le asignaron la tutela al único magistrado que había salvado su voto la primera vez y a una magistrada que fue auxiliar del magistrado de la Judicatura Henry Villarraga, cuyo despacho le dio el sí a Giraldo la vez pasada ¿Pura coincidencia

Lo que puede ocurrir es que el Consejo Seccional falle a favor de Giraldo y este pueda permanecer. O que falle en contra y en apelación el caso de nuevo llegue a la Sala Disciplinaria ¿al despacho de Villarraga

El sí, para algunos, parece estar cantado. Pero no sería el triunfo de un solo magistrado o de un individuo. Los efectos van mucho más allá y son más complejos.


Si él logra ganar la batalla jurídica se habrá creado una nueva jurisprudencia gracias a la cual la edad de retiro forzoso de los magistrados del Consejo de Estado y de la Corte Suprema pasaría a ser de 70 años. (En el caso de la Corte Constitucional y el Consejo de la Judicatura esa ha sido la edad límite desde que fueron creados en la Constitución de 1991).


Eso, para algunos, puede parecer una deducción lógica de igualdad entre los magistrados de las cortes: que las reglas sean las mismas para todos. Sin embargo, para muchos otros, con este caso se estaría escribiendo un nuevo capítulo de cómo los magistrados ‘legislan’ a su favor. Así como en el caso de las pensiones muchos funcionarios de la rama –a punta de jurisprudencia de sus colegas– han ganado pensiones millonarias para las cuales no habían cotizado, en este caso el mensaje es que a pesar de lo que diga la ley los magistrados la interpreta de acuerdo a su conveniencia.


Esto además dejaría un mal sabor, y les daría en parte la razón a quienes consideran que, en los altos tribunales, comienza a primar una tendencia que le da preminencia a los privilegios y al juego de poder sobre el ejercicio de la jurisprudencia.

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