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| 6/1/2015 7:00:00 AM

El hombre que reclama las tierras de las minas de Chivor

Wilson Quintero es hijo de Víctor Quintero, pionero en la extracción de esmeraldas en Boyacá. Hoy su familia le pide al Gobierno que los ayude.

La explotación de las minas de esmeraldas en el occidente de Boyacá, entre ellas, Muzo, Coscuez, Peñas Blancas y Chivor, no sólo generó riqueza para algunos campesinos que de la noche a la mañana se volvieron empresarios, sino también una disputa por el negocio que fue el comienzo de la llamada ‘Guerra Verde’. Esta hoy vive un nuevo capítulo luego de que el Gobierno decidió restituir las tierras hurtadas por el conflicto armado en el país.

Hace unos días Semana.com reveló que Puerto Arturo, antigua mina de esmeraldas de Víctor Carranza y ahora propiedad de un grupo de inversionistas estadounidenses, fue invadida por más de 1.000 personas que buscaban extraer la preciosa piedra de manera ilegal. El hecho generó tensión en la zona.

Aunque la paz se firmó en junio de 1990 y los viejos esmeralderos que protagonizaron el enfrentamiento ya están muertos, entre ellos Víctor Carranza, los herederos de algunas de las tierras mantienen el negocio en medio de una tensa calma.

Ahora y luego de que el gobierno nacional lanzó un ambicioso plan para entregarle las tierras a campesinos usurpadas por actores ilegales del conflicto armado, la familia Quintero reclama los predios que en su interior guardan una incalculable fortuna.  

Wilson Alexánder Quintero es hijo de Víctor Quintero, uno de los pioneros de la explotación de minas en el occidente de Boyacá. Hace más de siete décadas el viejo Quintero, como muchos campesinos de la región, entró en los socavones y salió de ellos con una inmensa fortuna que le permitió comprar en las décadas del 70 y el 80, varias tierras en zonas de explotación minera.

Entre las propiedades que adquirió están 23 predios que reunidos sumarían unas 400 hectáreas, todas ellas ubicadas en las minas de Chivor y sus alrededores. Tras amenazas, los Quintero mantuvieron cierta distancia en la guerra entre esmeralderos y salieron de sus propiedades en 1989 para refugiarse fuera del país. “A él nunca le gustaron los conflictos… si vamos a tener un problema, pues cómpreme y me voy”, dice Wilson Quintero refiriéndose a su padre.  

Desalojo

La historia del despojo es larga. Ante la guerra que se vivía en la década del 80, la próspera familia de esmeralderos abandonó tierras, maquinaria y ganado y dejó encargadas las propiedades a un administrador de confianza: Pedro Pablo Montenegro. El antiguó capataz los traicionó y junto a Ángel María Roa (Cagarruta), un reconocido paramilitar del Llano, y Omar Novoa, se repartieron las tierras y, de paso, se apoderaron de las minas de esmeraldas cuya producción está calculada en 25 millones de dólares.

Aunque en 1991 los Quintero intentaron recuperar sus terrenos, no pudieron hacerlo por las amenazas. Tres años después la familia decidió formular denuncia penal. Pero los nuevos poseedores obtuvieron títulos mineros para extraer las esmeraldas. Hoy los Quintero dicen que la aprobación de extracción estaba “amañada”, ya que se permitió trabajos en propiedades usurpadas.    

Desde esa época, la tarea para recuperar las tierras ha sido infructuosa, pero ahora la familia, en cabeza de Wilson Quintero, ha entablado acciones para recuperarlas. Una de ellas es la aprobación de medidas cautelares que prohíben la enajenación (venta) de los predios. Lo hicieron ante oficina de la Defensoría del Pueblo y ante Instrumentos públicos en Boyacá.

Tras denuncias penales que no llegaron a nada, la familia Quintero luego fue declarara desplazada por la Unidad de Víctimas en diciembre del 2014. Ahora reclaman al Gobierno y a la Unidad de Restitución de Tierras que se adelanten las acciones necesarias para que les devuelvan lo que alguna vez les perteneció. 

Aunque los despojados de sus tierras podrían recibir millonarias indemnizaciones por el uso del suelo y arriendos de las empresas, además de un porcentaje por la explotación, ellos sólo quieren que las tierras queden en manos de una asociación de mineros.

Hoy esperan que el Gobierno haga la restitución en Boyacá y con eso, según ellos, hacer una labor social al  entregarlas a asociaciones y ciertos líderes de esa región y con ello lograr equidad para la gente más pobre.
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