¿Y AHORA QUE?

Hace pocos años era una idea totalmente descabellada. Sin embargo, cuando el Ministerio de Hacienda expidió el pasado 10 de enero tres resoluciones, mediante las cuales se nacionalizaron cuatro de las cinco principales empresas financieras del Grupo Grancolombiano, quedó confirmado el traspaso al Estado de una de las organizaciones privadas más poderosas de Colombia, cuyas actividades abarcaban desde el área de crédito, hasta la exhibición de cine, pasando por el cultivo de la palma africana.
Y es que la nacionalización del Banco de Colombia, Pronta, Granfinanciera y la Compañía de Financiamiento Comercial Grancolombiana, tiene ramificaciones que hasta ahora los analistas han empezado a señalar. Lo sucedido no tiene paralelo en la historia del país y ha generado una serie de interrogantes que todavía nadie se atreve a contestar. Las inquietudes van desde las implicaciones meramente económicas hasta la discusión filosófica sobre si el Estado debe apropiarse de los medios de producción.
Aunque jurídicamente la decisión del gobierno de nacionalizar a las cuatro compañías citadas deja supuestamente intactas al resto de empresas que componían el Grupo Grancolombiano, en la práctica la realidad parece ser otra. Las investigaciones llevadas a cabo por los auditores contratados por el fideicomiso
que tomó el control de la organización en enero de 1984, revelaron la existencia de 168 sociedades que se entrecruzaban entre sí, haciendo prácticamente imposible desenredar quién era el dueño de qué. Si bien en lo alto de la pirámide se encontraba la Compañía Industrial Grancolombiana S.A, Cingra, controlada directamente en un 56% por Jaime Michelsen Uribe, el resto de entidades era a la vez dueña y propiedad de los demás. Es por esa razón que al nacionalizar cuatro de las compañías del conjunto, no existe claridad sobre las consecuencias indirectas de la medida.
Por ahora, se aceptan las consecuencias directas de la decisión del gobierno. Según las cifras de éste, los activos de las nacionalizadas ascendían, a 30 de septiembre de 1985, a casi 286 mil millones de pesos, una cifra equivalente al 6% del Producto Interno Bruto. En el caso del Banco de Colombia, fundado en 1875, se tiene que es la institución bancaria más grande del país, con 344 mil cuentas corrientes, y más de un millón y medio de cuentas de ahorros, 267 oficinas, una filial en Panamá, otra en Miami, una sucursal en Chile e inversiones en varias entidades financieras internacionales. Sin entrar a considerar las justificaciones que dio el gobierno para la nacionalización (ver SEMANA N° 193), lo cierto es que el cambio de status jurídico del Banco le cambia la cara al sistema crediticio colombiano. "Creo que el público va a ver renovada su confianza en los bancos y en la capacidad del gobierno de garantizarle su dinero al pequeño ahorrador", fue la opinión de un funcionario del Banco de la República.
Una situación similar se presenta con Granfinanciera, la más grande de las corporaciones financieras que operan en el país y, según el gobierno, la de mayores problemas en relación con su tamaño. A septiembre de 1985, Granfinanciera tenía captaciones por más de 19 mil millones, cifra equivalente al 27% de lo captado por el sistema, y pérdidas acumuladas por 9 mil 561 millones de pesos, según datos oficiales. Dado su carácter de prestamista del sector productivo, Granfinanciera tiene cuantiosas inversiones y créditos en una veintena de industrias de tamaño considerable y en actividades diversas. Aparte de ser socio mayoritario en empresas tales como Abocol, Italgraf o Palmeras de la Costa, la corporación es dueña del 21% de Papelcol, la controvertida industria papelera cuya factibilidad se ha venido discutiendo en los últimos días. En esta sola entidad, el aporte accionario de Granfinanciera asciende a 1.353 millones de pesos.
Los números de Pronta y la Compañía de Financiamiento Comercial Grancolombiana son igualmente importantes dentro del área específica de las compañías de financiamiento comercial. Las cifras del Banco de la República indican que ambas instituciones tenían en septiembre pasado, cerca de 11 mil millones de pesos en captaciones y pérdidas acumuladas por 11 mil 509 millones de pesos.
Como se ve, la importancia de las cuatro compañías es tanta que el gobierno insiste que ante las alternativas de liquidación o nacionalización, prefirió esta última para evitar mayores traumatismos. Con todo, aún no queda claro lo que va a suceder con cerca de 80 sociedades del Grupo Grancolombiano que tenían categorias de productivas. En el caso concreto de las empresas nacionalizadas, éstas eran accionistas mayoritarios de entidades importantes, cuyo futuro puede ser decidido por las primeras. Dentro de esa "nacionalización forzada", se destacan compañías como Almacenar, Abocol, Italgraf, Palmeras de la Costa, Internacional de Publicaciones, Investigaciones Farmoquímicas, Industrial Harinera, Palmas Oleaginosas Bucarelia y Leasing Grancolombiana.
Fuera de lo anterior, aún queda vigente el contrato de fideicomiso del Grupo, mediante el cual el gobierno controló durante dos años a la organización. De tal manera, aún se tiene una estrecha vigilancia sobre entidades como Granahorrar, Diners, Cine Colombia o Inversiones Bogotá.
No obstante, la confusión sobre la propiedad de algunas de las empresas del Grupo produjo temor la semana pasada. Si bien no se llegó al extremo de retiros masivos en las compañías financieras, sí hubo dudas sobre su solidez. La intención aparente de cambiar los directivos de las empresas principales fue interpretada como una indicación de que se está planeando un nuevo rumbo de acción.
En primer lugar, se especula sobre la desmembración del Grupo. El hecho de que las compañías nacionalizadas son dueñas parciales de empresas que pueden ser vendidas con una ganacia sustancial sobre el valor en libros de las acciones, ha estimulado las hipótesis sobre ofertas y oportunidades. Aunque el fideicomiso ha reconocido que ha "escuchado propuestas" en los dos últimos años, los compradores han sido escasos y es posible que sólo hasta ahora que la situación económica del país se presenta mejor, se pueda concretar un negocio importante. Con todo, es muy probable que ésta se convierta en un área de polémica. Las ventas que ya se hicieron, de Cabot Colombiana, Sherwin Williams y Seguridad Móvil, fueron criticadas duramente por Pablo Michelsen, miembro de la junta de fideicomiso, por supuestas diferencias entre la cuantía de la operación y el valor comercial real.
Sin embargo, las áreas de discusión se extienden a otro tipo de consideraciones. Una de las más citadas es la de la estatización de las actividades privadas. En el caso del Banco de Colombia, la nacionalización implica que el 63% de los activos del sistema bancario colombiano estén en poder de bancos oficiales y que seis de los siete bancos más grandes (con la única excepción del Banco de Bogotá), pertenezcan directa o indirectamente al Estado.
Esa misma preocupación se palpa en terrenos como el de la publicidad. En 1983, los gastos del Banco de Colombia en propaganda ascendieron a 196 millones de pesos y esa cifra puede estar cercana a los 350 millones en 1986, constituyéndose en un botín para aquellas empresas que dependen de la pauta oficial.
Existe también el temor de que las entidades nacionalizadas empiecen a presentar los problemas típicos de las entidades al servicio del Estado, más aún teniendo en cuenta que se requiere un esfuerzo especial para sacarlas adelante. Los nombramientos de la semana pasada fueron interpretados como un gesto de que el Banco y las financieras se quieren seguir manejando con criterio e independencia de empresa privada.
Sin embargo, tal vez la preocupación principal recae en que las 80 empresas productivas que siguen dominadas por el fideicomiso, continúen como una rueda suelta. En efecto, diferentes especialistas en el tema sostienen que la maraña de sociedades es tal, que las empresas acababan siendo manejadas por su administrador, sin que éste tuviera que rendirle cuentas a nadie. "Sencillamente no se sabía quién era el jefe", fue el comentario de un técnico de la Comisión Nacional de Valores.
Según lo visto, ese será uno de los principales retos que deberá afrontar el gobierno. La capitalización que se le ha formulado a cada una de las entidades nacionalizadas, unida a un manejo eficiente, debe permitir que en pocos años éstas se hayan recuperado. No obstante, en el intermedio el Estado colombiano debe demostrar que cuenta con el equipo y la madurez necesaria para asumir sus responsabilidades y acabarle devolviendo el Banco y las financieras al sector privado de la economía. Tal como sostuviera la semana pasada un abogado de la Superintendencia Bancaria "ahora sí comienza lo difícil".

LAS ENTIDADES FINANCIERAS DEL GRUPO GRANCOLOMBIANO
Y EL SISTEMA FINANCIERO
PRINCIPALES CIFRAS A SEPTIEMBRE DE 1985
($ MILLONES)

LAS ENTIDADES
ACTIVOS SISTEMA(1) DEL GRUPO(2) %
TOTAL ACTIVOS 1.691.162 285.562 46.9
ACTIVOS IMPRODUCTIVOS 28.596 75.889(3) 36.4
DUDOSO RECAUDO
-MONEDA NACIONAL 101.308 29.056 28.7
-MONEDA INTERNACIONAL 20.840 6.145 29.5
OTROS 86.448 36.754 42.5
PROVISIONES DUDOSO RECAUDO 45.522 11.407 25.1

PASIVOS
PASIVOS CON TERCEROS 856.468 126.415 14.8
EXIGIBILIDADES MONEDA EXTRANJERA 326.863 106.400 32.6
PATRIMONIO NETO 98.249 -5.179 -5.3
PERDIDAS ACUMULADAS -31.293 -19.921 63.7

(1) Incluye los bancos, corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial.
(2) Incluye el Banco de Colombia, Granfinanciera, Pronta y Grancolombiana C.F.C.
(3) No incluyen para el Banco de Colombia las operaciones con su filial en Panamá y para Granfinanciera las inversiones improductivas, con el objeto de hacerlos comparables con las cifras del sistema.