Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/06/30 00:00

¿Y los que quedan?

Las posibilidades de un acuerdo humanitario quedaron más debilitadas que nunca, pero la comunidad internacional está más involucrada. ¿Lograrán los actores externos cambiar la tendencia?

ÍNGRID BETANCOURT, CLARA ROJAS

El futuro del acuerdo humanitario no depende de los colombianos. Ni del gobierno, ni de las Farc, ni de la opinión pública. Poco a poco, el proceso se ha ido internacionalizando y varios actores externos tienen algunos hilos del manejo bajo su control. Francia, por la obsesión del presidente Nicolas Sarkozy de liberar a Íngrid Betancourt. Estados Unidos, porque hay tres ciudadanos de ese país en cautiverio y porque por cuenta del TLC y del Plan Colombia, su gobierno y su Congreso siguen con lupa el desarrollo del proceso. El gobierno Uribe autorizó al trío de Francia, Suiza y España, para explorar contactos, y delegados de esas tres naciones los vienen haciendo.

El interés no se limita a gobiernos y organismos formales. En la opinión pública también se ha despertado el interés por el tema. La copiosa atención con que la prensa mundial registró la muerte de los diputados la semana pasada es una muestra de ello. El asesinato de diputados elegidos por voto popular tiene connotaciones muy profundas en las democracias de todo el mundo. En algunos artículos los trataron con la misma gravedad política que tendría el asesinato de senadores o representantes.

La gran cantidad de declaraciones que se produjeron después de conocida la noticia de la muerte de los 11 diputados secuestrados demuestra el grado de internacionalización que tienen las relaciones entre el Estado colombiano y las Farc. El Consejo Permanente de la OEA hizo una sesión especial el viernes, exclusivamente dedicada a este asunto. ONG como Human Rights Watch y Justice por Colombia emitieron textos para fijar su posición. Siete congresistas de Estados Unidos hicieron lo mismo, en carta dirigida al presidente Uribe. El grupo de los 24, conformado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Noruega, Suiza, Estados Unidos, los países miembros de la Unión Europea y la Comisión Europea -creado durante el proceso de paz del Caguán- se sumó a la corriente.

¿Qué efectos tendrán tantas manifestaciones? No todas son iguales. Hay diferencias -la OEA es más cercana al gobierno; las ONG, más partidarias de un pronto acuerdo, pero tienen un denominador común: la condena a las Farc y la petición al presidente Uribe de buscar una negociación para liberar a los secuestrados que quedan.

La gran pregunta es si la presión internacional cambiará la situación. Es decir, si desbloquerá las posibilidades de un intercambio en momentos en que, por la reacción inicial a la masacre de los diputados, hay poca tolerancia en la opinión pública y escasa voluntad política en el gobierno para propiciar un despeje. El presidente Uribe, después de la experiencia del Caguán, teme que las Farc conviertan un eventual despeje en un pretexto para dilatar indefinidamente las conversaciones y apropiarse de una zona para utilizarla como base para su estrategia de guerra. Por su parte, la guerrilla insiste en que sin desmilitarización no se podrían adelantar conversaciones. La palabra despeje se ha vuelto un punto de honor para ambas partes.

Al mismo tiempo, sin embargo, la tragedia de los diputados del Valle demuestra que la falta de un intercambio aumenta los riesgos de muerte para los secuestrados. Y más allá del impacto del golpe, estas muertes plantean un escenario muy complejo para el país y para sus socios de afuera, que difícilmente entenderán que los demás secuestrados corran la misma suerte de los diputados. ¿Producirá la comunidad internacional un cambio, así sea dentro de unos meses? Lo único que no se puede esperar es que Sarkozy, el trío de países europeos y los congresistas demócratas de Estados Unidos se van a quedar con los brazos cruzados.

En poco tiempo, la comunidad internacional se convertirá en presión para el gobierno. Para las Farc también, pero ¿acaso hay algún calificativo peyorativo que no tenga esta organización encima? Figura en todas las listas de organizaciones terroristas. En todas partes les exigen, les demandan, les ordenan, o les piden a las Farc que liberen a los secuestrados de inmediato y que no secuestren más. A pesar de esto, la puja continúa porque esta guerrilla no tiene ninguna consideración humanitaria, ni de conveniencia política. El Secretariado de las Farc y sus hombres han convertido el canje en dogma.

Se avecina una avalancha de propuestas para abrir la puerta al intercambio. No incluirán la palabra despeje, pero sí incluirán fórmulas que permitan a las Farc y al gobierno verse frente a frente. Los delegados de Francia, Suiza y España, con su debida autorización, estuvieron reunidos con 'Raúl Reyes' en la selva, para revisar la propuesta que lograron en 2005 sobre una Zona de Encuentro. Y Álvaro Leyva, por su parte, tiene enmochilado un minucioso estudio topográfico que servirá como una opción.

El papel de la comunidad internacional se concentra en dos aspectos principales. El primero es acercar las posiciones del gobierno y de las Farc. Lo cual, en concreto, significa encontrar alguna alternativa al despeje militar de Florida y Pradera. Una mediación formal, sin embargo, está descartada: no la ha pedido el gobierno y para los actores externos sería indispensable que su función sea acordada por las dos partes.

La otra posibilidad es presionar en ambos lados. Que es, de alguna manera, lo que ha venido ocurriendo. Pero en los diversos pulsos que han sostenido el gobierno y las Farc en los últimos años el objetivo ha sido culpar al otro por la falta de una solución para el problema de los secuestrados. El gobierno ha ganado terreno en acorralar a las Farc y quitarle piso a la idea de que no es suya la responsabilidad del secuestro. La guerrilla, a pesar de todo, encuentra en el exterior actitudes menos radicales en su contra, que en el escenario interno. En Colombia, su imagen negativa supera el 95 por ciento. En el exterior todavía se utiliza un lenguaje que incluye conceptos como "las partes", "los rehenes" (en vez de los secuestrados), la responsabilidad compartida por el secuestro, y la preferencia por una salida negociada para el conflicto. En el propio comunicado de Francia que le dio la bienvenida a la liberación de Granda -considerada un triunfo por el gobierno colombiano- se utilizaba esta terminología.

La propuesta que hicieron en 2005 Francia, Suiza y España ilustra la función muy concreta que podrían desempeñar los actores externos a favor del acuerdo humanitario. Una propuesta para reglamentar una 'zona de discusión'. No se utilizaba la palabra despeje. Tenía un plazo limitado de 45 días: 15 para fijar condiciones de seguridad, 15 para negociar y 15 para retirarse, con un único tema en la agenda: la libertad de los cautivos. Se incluían alternativas técnicas muy elaboradas y sofisticadas en materia de seguridad para la 'zona'. El gobierno aceptó la iniciativa, en boca del propio presidente Uribe, y la publicó en la página de Internet de la oficina del Alto Comisionado. Pero después fue descartada, a raíz del carro bomba que pusieron las Farc en la Universidad Nueva Granada en Bogotá.

Con esa excepción, hasta el momento, las diferentes iniciativas de actores internacionales han sido más el reflejo de las cambiantes coyunturas y del tire y afloje en la batalla por la propaganda, que de una estrategia coherente y centralizada. Falta ver si ahora, con la sensibilidad que generó la tragedia de los diputados, se pueden ordenar las piezas: la voluntad de Francia, el trabajo acumulado de los países facilitadores, y la presión de las ONG. No será fácil. Pero en el corto plazo, es la única llama de esperanza que queda encendida para los secuestrados que continúan en el monte.

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