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| 10/4/2014 10:00:00 PM

“El perdón para las Farc es una propuesta aislada del fiscal”

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, critica la propuesta de Eduardo Montealegre de amnistiar los delitos de los guerrilleros y explica por qué se presentó el agarrón del Tribunal de Aforados.

SEMANA: El fiscal acaba de desatar una gran polémica por su propuesta de hacer “un cierre definitivo” de los procesos de los guerrilleros si se firma la paz. ¿Qué piensa de eso?

Yesid Reyes: Una propuesta como la que hace el fiscal amerita muchas discusiones previas antes de ser presentada como una conclusión. No quiero decir con esto que él haya planteado esta propuesta a la ligera o sin reflexión. Lo que digo es que desde el punto de vista de la opinión pública, y en temas como este, es necesario abrir previamente el debate. En este caso sobre el papel que debe cumplir la pena tanto en justicia penal como en justicia transicional: ¿un papel de venganza y escarmiento o un papel de resocialización y reconciliación?

SEMANA: Ese puede ser un debate interesante, pero no contestó la pregunta. ¿El gobierno comparte esa política de perdón y olvido para las Farc? ¿Va a haber una amnistía?

Y. R.: Todo esto es una propuesta aislada del fiscal. El gobierno por su lado participa en un proceso de paz con puntos muy específicos y con una dirección muy clara del presidente de la República. No anticipamos conclusiones respecto a temas que no han sido objeto de debate.

SEMANA: ¿No le parece una intromisión innecesaria de Montealegre en el proceso de paz?

Y. R.: Como le digo, es la opinión del fiscal general. Pero esta no coincide necesariamente con el criterio del gobierno. Con respecto a estos temas se pueden presentar muchas opiniones y muchas propuestas. Sin embargo, el gobierno nacional, con el liderazgo del presidente, planteará estas discusiones en la Mesa de conversaciones de La Habana.

SEMANA: Esta es la segunda vez en una semana que el fiscal genera controversia. Hace unos días había salido a criticar el Tribunal de Aforados. ¿Qué es lo que está proponiendo el gobierno para generar semejante pelea?

Y. R.: La propuesta del gobierno es eliminar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y reemplazarla con un órgano encargado de investigar a los aforados (el fiscal y las altas cortes). Es decir, cambiar la parte del sistema de juzgamiento de aforados que no ha funcionado. La idea es que este tribunal investigue y que la Cámara de Representantes en pleno decida si acusa o no.

SEMANA: Pero ni a las cortes ni al fiscal les gustó ese tribunal. 

Y. R.: Lo que no les gustó no fue el tribunal. Entre la rama judicial, los ponentes de la reforma y el gobierno existe consenso sobre tres de cuatro puntos de esa discusión. Hay acuerdo sobre eliminar la Comisión de Acusaciones, reemplazarla con un tribunal sin origen político y mantener un antejuicio político previo al eventual juicio penal. En la reunión del miércoles, tanto el fiscal como la Corte dijeron estar de acuerdo con esta propuesta del gobierno. 

SEMANA: ¿Y entonces en dónde están las diferencias?

Y. R.: El punto por definir consiste en quién realiza el juzgamiento. Lo que se aprobó en el primer debate es que el Tribunal de Aforados tenga esa función. Sin embargo, el gobierno ha propuesto que en ese aspecto concreto se mantenga la fórmula actual de la Constitución de 1991. En este momento, el Senado tiene la facultad de poner al acusado a disposición de la Corte Suprema de Justicia, la cual decide definitivamente sobre la responsabilidad penal.

SEMANA: Al fiscal esa diferencia le molestó tanto que dijo que estamos ante “la segunda toma del Palacio de Justicia”. Su papá, entonces presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes, murió en esa tragedia. ¿Qué piensa de esa comparación?

Y. R.: Me parece que fue una metáfora desafortunada.  

SEMANA: Queda la sensación de que tanto el fiscal como los magistrados están pidiendo tener impunidad…

Y. R.: Eso no es así. Los fueros son un elemento esencial de la separación de poderes. Son necesarios para evitar que las investigaciones penales se usen para presionar a funcionarios autónomos. Un fuero no es lo mismo que impunidad. Implica simplemente una serie de filtros adicionales que aseguran que una investigación o un juicio no tienen una motivación indebida. En otros países los funcionarios judiciales también tienen fuero. En México, desde los magistrados de la Suprema Corte hasta los jueces de distrito son objeto de juicio político. En Estados Unidos los magistrados de la Corte están sujetos al mismo procedimiento que el presidente de ese país: acusación por la Cámara y juicio por el Senado.

SEMANA: Pero eso no es lo único que tiene inconformes a las cortes. La reforma también propone, por ejemplo, eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Qué pasaría ahí? 

Y. R.: Lo que propone el gobierno es crear un nuevo órgano que se encargue de la administración de la Justicia y que asuma las tareas que estaban en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura. Para nadie es un secreto que el actual no materializó correctamente esa función. Lo que se requiere ahí es crear una gerencia con capacidad de ejecutar eficientemente y a la vez representar a los jueces, que en últimas son los guardianes de nuestra institucionalidad. 

SEMANA: El problema es que los abogados no demostraron ser buenos gerentes…

Y. R.: Sí, eso es verdad. Y por eso, hace falta incorporar personas de otras disciplinas. Esa fue la razón por la cual nombré como viceministra a la doctora Ana María Ramos, una ingeniera industrial que ha trabajado y estudiado por muchos años el tema de la administración de justicia.   

SEMANA: ¿Qué otros temas tocan a las altas cortes?

Y. R.: Otra propuesta es aumentar la edad de retiro forzoso de los magistrados a 70 años (hoy está en 65). Eso es muy importante. Implica reconocer que hay grandes juristas que pueden seguir prestando su servicio al país después de los 65 años. Por los mismos motivos, también está contemplado aumentar el requisito de experiencia de diez a 25 años. Eso permitirá que quienes lleguen a las altas cortes, sean los más capacitados, no solo por sus estudios sino por aquella trabajada virtud y sabiduría que traen los años.

SEMANA: ¿Esta reforma va a prohibir el tan criticado sistema de “yo te elijo, tú me eliges”?

Y. R.: Sí, porque habría una prohibición para que los magistrados de una corte luego pasen  a otra. Eso no es negativo per se, pero con las funciones nominativas de las cortes, los nombramientos pueden implicar el pago de favores y no podemos permitir eso. Pero quiero agregar que este fenómeno se puede contrarrestar con la creación de nuevos y más transparentes mecanismos de elección de los magistrados. Si existe control de la opinión pública de estos procesos no solo se puede evitar el pago de favores, sino elegir a las mejores personas. La publicidad siempre es sinónimo de transparencia.  

SEMANA: Ya que tocó el tema, ¿No es un exceso de poder también la función que tienen las cortes de participar en la elección del fiscal, el procurador y el contralor?

Y. R.: Sí, y por eso la reforma busca restringir esa función nominativa pues distrae a las cortes de su fundamental función, que es administrar justicia. 

SEMANA: En resumen lo que se puede ver con sus respuestas es que esto es una verdadera reforma a la Justicia. ¿O no?

Y. R.: El equilibrio de poderes es un elemento fundamental de cualquier democracia, pero es solo una parte de la reforma a la Justicia. Por esta razón, el ministerio presentará el martes un plan de acción dirigido a enfrentar y solucionar aquellos aspectos puntuales que afectan el funcionamiento de nuestra Justicia. La suma de esas iniciativas será un componente decisivo de esa gran transformación.

SEMANA: Sin querer ser pesimistas, hay que reconocer que en Colombia ha sido imposible aprobar una reforma como esta en el Congreso. La última se convirtió en uno de los peores escándalos de este gobierno. ¿Qué lo hace pensar que esta sí podría funcionar?

Y. R.: El equilibrio de poderes es una reforma de diseño institucional. La otra faceta de la reforma a la Justicia estará constituida por una serie de proyectos que propondremos desde el ministerio, encaminados a mejorar los aspectos operativos de la administración de justicia, que es donde más fallas se presentan. Como le dije presentaré esos proyectos el próximo martes. La suma de todo será la verdadera reforma a la Justicia que este país necesita. 
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