Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/12/06 00:00

Yo te absuelvo, tú me eliges…

Alejandro Ordóñez, el candidato más opcionado a la Procuraduría, ha sido proclive a absolver a los congresistas investigados en el Consejo de Estado.

El miércoles es la cita en la que los senadores elegirán al sucesor de Edgardo Maya. Ordóñez es el gran faavorito

A primera vista, el éxito de Alejandro Ordóñez como candidato a la Procuraduría radica en que ha tenido más tiempo para hacer su campaña en el Congreso. Pese a que no tiene una imagen de ecuanimidad y ponderación, sino que más bien es célebre por sus posturas radicales, logró hacer acuerdos con todos los partidos y los puso de su lado para una elección que está cantada.

Sin embargo, hay otra razón para explicar el inusitado unanimismo alrededor de su nombre. Y es que siendo Consejero de Estado tuvo una clara y evidente posición para oponerse a las pérdidas de investidura de los congresistas investigados, incluidos los de la para-política. Una revisión a 63 de sus ponencias en estas muy comunes demandas contra los parlamentarios permite establecer que Ordóñez, como lo ratifican los propios legisladores, "se portó bien" con el Congreso. Muchos de los que este miércoles van a elegirlo contaron con el voto favorable del ex magistrado cuando fueron demandados por pérdida de investidura.

La lista de congresistas absueltos por el candidato a Procurador es bastante larga y no todos los procesos son iguales. Aun así, esta conducta repetida frente a estos procesos es 'inquietante', en concepto de juristas consultados por SEMANA.

No obstante, la preocupación va más allá de las absoluciones. Ordóñez sentó una jurisprudencia que favorece a los congresistas que tuvieron vínculos con el paramilitarismo, según la cual quienes votaron la Ley de Justicia y Paz cuando se adelantaban en su contra procesos penales por dicha causa no tenían conflicto de intereses.

Según la jurisprudencia elaborada con la ponencia del ex magistrado, los congresistas que tienen vínculos con los paramilitares y aquellos que asistieron a la reunión de Ralito con los jefes paramilitares y firmaron el documento para "refundar el país" no incurrieron en conflicto de intereses al votar Justicia y Paz. Según Ordóñez, no debían perder la investidura porque esa ley les otorgaba beneficios a los involucrados directamente en los delitos del paramilitarismo y no a los que simplemente habían sido elegidos con la ayuda de esos grupos armados o tenían de cualquier manera vínculos con ellos.

Ordóñez sacó adelante su tesis proferida en un proceso contra el senador William Montes, y no le importaron las graves objeciones de nueve de sus colegas que salvaron el voto y dejaron constancia expresa de su perplejidad con esa decisión; uno de ellos el magistrado Jaime Moreno, se refiere a la gravedad de que un senador estuviera participando en pactos con grupos ilegales: "Su moral y su ética se encontraban en conflicto con intereses contrapuestos: por un lado estaba el compromiso que adquirió dentrde un Estado legítimo, gobernado por una Constitución... un Estado Social de Derecho que le imponía mantener una conducta ética, ajena a motivaciones de orden personal o particular que pudieran afectar la imparcialidad de sus raciocinios, y, por el otro, el adquirido con un grupo armado ilegal, clandestino y delincuencial que pretendía tomarse el poder y hacer un nuevo contrato social…".

Y con argumentos como estos, los demás magistrados registraron con extrañeza la decisión del magistrado Ordóñez. Marco Antonio Velilla, por ejemplo, dice que está asombrado por la "fragilidad de la memoria del doctor Ordóñez en tan delicada materia". Le señaló al ponente que era absurdo que él mismo en su momento hubiese pedido la condena de Fabio Valencia Cossio por participar como delegado del gobierno en conversaciones de paz con grupos al margen de la ley y ahora absolviera a quienes participaron en el pacto de Ralito, celebrado clandestinamente con paramilitares confesos.

Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado señala que se incurre en causal de pérdida de investidura cuando existe una situación de índole moral que los inhiba de cualquier forma para participar en el trámite de los asuntos puestos a su consideración.

La pregunta que hay que hacer es si los parlamentarios a los que absolvió el doctor Ordóñez y todos los que resultaron o pueden resultar favorecidos con su precedente jurisprudencial de inmunidad se declararán impedidos por conflicto de intereses de orden moral.

¿No estarán los congresistas absueltos devolviéndole favores al ahora candidato a la Procuraduría? ¿No estarán interesados en que la persona que les ayudó a los senadores vinculados al paramilitarismo sea ahora el Procurador, que es quien los juzgará éticamente y es el funcionario competente para pedir su pérdida de investidura en el Consejo de Estado? ¿No estarán interesados en tener como Procurador a un ex consejero que se portó bien con los parlamentarios investigados y cuestionados y que les garantiza que seguirá haciéndolo?

A estos hechos se suman las alarmas que desde varios sectores se han escuchado para prevenir al Congreso sobre la necesidad de una Procuraduría eficaz e independiente. El editorial del periódico El Tiempo del pasado 2 de diciembre, por ejemplo, subraya el hecho de que Ordóñez mezcle sus creencias religiosas con el criterio de sus posiciones jurídicas, y señala la posibilidad de que el Congreso esté actuando por oportunismo o por afán burocrático sin ver el riesgo de elegir un procurador con estas características.

Otros columnistas como Daniel Samper, Daniel Coronell y Cecilia Orozco también han hecho advertencias de todo tipo, ideológicas, éticas y morales. Esta semana Ordóñez fue a la plenaria del Senado a darse a conocer con sus electores y se defendió de quienes cuestionan que no vaya a ser un procurador independiente. El profesor Germán Bustillo, candidato nombrado por el gobierno, también expuso su visión de la Procuraduría, y Camilo Gómez, candidato de la Corte Suprema, no asistió a la cita por considerar que es una elección sin garantías.

El miércoles es la cita en la que los senadores elegirán al sucesor de Edgardo Maya, quien estuvo dos períodos al frente del Ministerio Público y desempeñó, con algunos altibajos, una muy buena labor.

Por ahora hay que decir que, a pesar de todas las críticas, la próxima coronación de Ordóñez como nuevo Procurador parece inevitable.
 

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