Miércoles, 18 de enero de 2017

| 2006/06/03 00:00

Yo me acuso

Comienza el juicio contra el alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoeinigsberg. Lo insólito: la oficina jurídica de la Alcaldía representa a la parte acusadora.

La remodelación de este edificio para la alcaldía de Barranquilla tiene en aprietos a su alcalde, Guillermo Hoenigsberg, En la foto aparece respaldado por el Jefe de la Oficina Jurídica Raymundo Marenco, luego de que el Alcalde fue dejado en libertad, el pasado marzo

Otro episodio del macondiano mundo caribe se comienza a escribir esta semana. El martes 6 de junio, el alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, estará sentado ante un juez respondiendo a los cargos que un funcionario de su mismo despacho le haga. Las acusaciones tienen que ver con las supuestas irregularidades que hubo con los dineros para la compra y la remodelación del edificio donde hoy funciona la alcaldía.

La historia comenzó en 1993, siendo Alcalde el padre Bernardo Hoyos, y Guillermo Hoenigsberg, jefe de Presupuesto y secretario de Hacienda. En ese momento se buscaba una nueva sede para la alcaldía y se tomó la decisión de invertir cerca de 3.500 millones de pesos en la compra y la remodelación del antiguo edificio del Banco de la República en esta ciudad. El edificio se compró pero, a pesar de haber hecho los desembolsos, la obra no se hizo.

En la segunda administración del padre Hoyos (1998-2000), Hoenigsberg se desempeñó como secretario general y con el mismo contratista inicial se hizo una conciliación por 3.500 millones de pesos más, para terminar los trabajos.

Once fiscales han tenido el caso en sus manos y sólo en 2004, cuando Hoenigsberg era alcalde, hubo dos resoluciones de acusación y llamamiento a juicio. Las medidas también involucran al padre Hoyos y a siete funcionarios más de sus administraciones.

¿Por qué la doble condición de acusado y acusador de Hoenigsberg? Por ser delitos en contra de la ciudad de Barranquilla, su Alcalde tiene la obligación de constituirse en parte civil, es decir, actuar en el proceso penal como parte acusadora en forma conjunta con el fiscal. Sin embargo, la ley prevé que en estos casos, cuando la misma persona acusada es quien representa al acusador, es la Contraloría local la que debe asumir el rol de acusador. En este caso, en 1995 la Contraloría distrital se constituyó en acusadora, tanto, que sus indagaciones fueron clave para que avanzara la investigación. Sin embargo, su participación sólo fue hasta febrero de 2004, cuando Raymundo Marenco, jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía y nombrado por Hoenigsberg, revocó el poder al abogado que tenía asignado el ente de control. El proceso avanzó y la Fiscalía terminó reconociendo a Marenco como representante principal de la parte civil, por eso las notificaciones sobre las actuaciones de la Fiscalía son remitidas desde entonces a él.

Marenco dijo a SEMANA que esa situación ya estaba solucionada porque le pidió a la Contraloría distrital que tomara nuevamente el caso. Sin embargo, en esta entidad dicen que esto es falso. A través de la oficina de prensa informaron que "mal haríamos en ejercer como representante del Distrito, si ya existe una parte civil representada por el jefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía". SEMANA buscó conocer la opinión del alcalde Hoenigsberg, pero colaboradores cercanos dijeron que sus abogados le habían recomendado no pronunciarse sobre el tema.

Las actuaciones de Marenco en el proceso contra su jefe han despertado tal inquietud, que de acuerdo con la Fiscalía, en vez de acusar, ha salido a defender. En una carta del fiscal noveno delegado de la Unidad Especializada contra la Administración Pública a la Contraloría General, se afirma que Marenco, en su alegato de conclusión, dijo que "con absoluta certeza y claridad, las finanzas distritales no resultaron perjudicadas", refiriéndose a los hechos por los que investigan a Hoenigsberg.

¿Quién vela por los intereses de Barranquilla si el acusador es el acusado? Esa es la pregunta que se hacen quienes siguen este juicio que ha generado gran expectativa en la ciudad. De ahí que ciudadanos como el abogado Gaspar Hernández se han constituido como parte civil, bajo la figura legal de actor popular, para evitar que haya irregularidades en el juicio. "En este caso se han roto todos los niveles de delicadeza, moralidad y buenas costumbres", dice. Dada la importancia del juicio y sus repercusiones en la confianza de la ciudadanía, sería preferible que se evitara generar más suspicacias.

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