"Yo creía en la justicia, por eso denuncié la mafia en la contratación de Bogotá": Alejandro Botero

Solo una de las personas que han sido llamadas por la Fiscalía a imputación de cargos por delitos que habrían sido cometidos en medio del llamado ‘carrusel de la contratación’ no ha pisado la cárcel. Se trata del contratista Julio Gómez. A él , este miércoles la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido de contratos.
 
Pero, diferente a lo que ha pasado con el resto de los que han sido involucrados en este caso (incluido el alcalde suspendido de Bogotá Samuel Moreno), a él no lo enviaron a prisión preventiva. Esto porque el preacuerdo al que llegó con la Fiscalía estaría a un paso de hacerse realidad. Todo depende de la decisión de un juez de conocimiento.
 
Las reacciones no se han hecho esperar. El alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro, lo rechazó y el subcontratista Alejandro Borrero, una de las personas que destaparon el escándalo, ve con preocupación cómo los principales involucrados en el caso se están convirtiendo en testigos a través de preacuerdos con la Fiscalía, “¿Quiénes van a pagar entonces por el daño que se le hizo a la ciudad, a quién van a condenar?” se pregunta Botero.
 
Él fue quien en marzo del 2010 empezó a destapar el escándalo. Denunció ante la Fiscalía y la Procuraduría a Julio Gómez y Emilio Tapia porque, señaló en su momento, ellos hacía parte de una “mafia” que lograba quedarse con buena parte de los contratos de construcción en el distrito.
 
Él decidió hablar porque Tapia y Gómez le incumplieron algunos acuerdos que tenían. Y hoy, cuando ya ha pasado más de un año y varias personas están en la cárcel (Miguel Ángel Moralesrussi, Inocencio Meléndez, los primos Nule y Samuel Moreno) mientras avanzan los procesos por este caso, Botero denuncia otra mafia: “las que infiltraron a la Fiscalía”, dice. Se refiere al hecho de que hasta ahora no haya una sola condena contra nadie por el caso de la corrupción en Bogotá y que gracias a los preacuerdos con la Fiscalía “todos se estén volviendo ‘testigos estrella’”.
 
Él se refiere específicamente al caso de Gómez, ya que de ser avalado su preacuerdo con la Fiscalía, podría tener una considerable rebaja en su pena. “Acá, como van las cosas, no va a pasar nada”, dice Botero. “Hay que recordar que la persona que defendió a Gómez fue el exfiscal Alfonso Gómez Méndez. Detrás de esto se han hecho los cambios de los fiscales investigadores. Necesitamos saber qué mafias actúan detrás de esto”, aseguró.
 
Botero recuerda cuando decidió hablar del caso. “Yo creía en la justicia por eso denuncié la mafia en la contratación de Bogotá”, dice el subcontratista, quien decidió volver a Colombia cuando el fiscal Germán Pabón, quien llevaba el caso, se lo pidió.
 
Sin embargo –cuenta–, cuando el fiscal Pabón fue relevado del cargo, todo cambió. Hasta su seguridad. “Pocos días antes de que sacaran a Pabón me quitaron el escolta y el carro blindado que tenía, sin razón”.
 
Botero, sin embargo, no ha pensado abandonar el país. “Quiero estar acá. En cada audiencia. Aun cuando, por lo que se puede ver, sé que va a haber impunidad total. Acá no va a pasar nada”. El subcontratista cuestiona que Gómez y Tapia (a quien no han imputado cargos aún) no estén en la cárcel, siendo ellos, según él, “quienes eran la conexión entre los Nule y el Distrito (todos en la cárcel mientras avanza el proceso)”.
 
“Acá se está demostrando quiénes tienen el poder”, dice. Asegura además que hace apenas unos días entregó información importante que podría aportarle al desarrollo de la investigación por este caso en Bogotá y que según él no ha sido utilizada. “¿A quién están protegiendo?”, se pregunta.
 
El preacuerdo de Gómez con la Fiscalía
 
Ante el juez 28 penal municipal de Bogotá, con funciones de control de garantías, la Fiscalía le imputó los delitos de peculado por apropiación, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos al contratista Julio Gómez.
 
El primer cargo por la apropiación del anticipo en cuantía de $297.201.882 millones, relacionada con la ejecución del contrato número 137, conocido como el de la calle 26, cifra que corresponde a lo que se detectó, respecto a lo que a él se le entregó, como no ejecutado en la obra, y tomada para beneficio propio.
 
El segundo, concierto para delinquir, por razón de la asociación delincuencial en la que se involucró con otras personas para lograr la adjudicación de contratos, particularmente de valorización y de malla vial.
 
El tercero, interés indebido en la celebración de contratos, por la adjudicación que logró a través de sus empresas, con violación de principios que gobiernan la contratación pública, como los de transparencia y selección objetiva.

El contratista aceptó esos cargos y, atendiendo el requerimiento de la Fiscalía, reintegró la totalidad de los dineros apropiados, además devolvió la suma de $12.069.522.788,67 millones, por concepto de anticipo del contrato de valorización 068 que no había utilizado y que tenía pendiente por consignar a favor del IDU en razón a un procedimiento de caducidad.

Gómez aceptó los cargos como consecuencia del preacuerdo con la Fiscalía, que se someterá al control constitucional del juez de conocimiento.