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| 8/24/2012 12:00:00 AM

"Yo nunca fui abogado del doctor Santofimio"

El nuevo Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, se defendió de los cuestionamientos sobre su pasado litigante. En entrevista con SEMANA explicó qué espera de la entidad y cuál sería su papel en un eventual proceso de paz.

Jorge Armando Otálora empaca sus libros para llevarlos del Consejo Superior de la Judicatura a su nuevo despacho en la Defensoría del Pueblo. El día de su posesión aún es incierto, confiesa, porque todo depende de los arreglos de la Presidencia.
 
Este penalista fue elegido el martes pasado por la Cámara de Representantes para coger las riendas de la entidad encargada de velar por “la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos”. Llega en reemplazo de Vólmar Pérez quien estuvo nueve años en el cargo.
 
En entrevista con SEMANA, Otálora explicó cuáles son sus prioridades, se defendió de las acusaciones que surgieron durante la campaña para llegar al cargo y señaló cuál sería su papel en un eventual diálogo de paz entre el gobierno y las Farc.
 
SEMANA: ¿Cuáles son los retos que tiene la Defensoría?
 
Jorge Armando Otálora: Un tema de primera línea es la aplicación de la Ley de Víctimas y la Ley de Tierras. Su implementación, que es una de las principales banderas del gobierno y del Congreso, es uno de los temas obligados de la agenda nacional y en los que la Defensoría juega un papel de acompañante muy importante.
 
Otro, es lo que ocurre con la salud pública. Tenemos que aceptar que los servicios que se están prestando en la salud pública no son los más eficientes, no son los más indicados. A diario se escucha ese clamor ciudadano: que mejoren la prestación de servicios. Es triste que para cualquier tema de salud, por pequeño que sea, a un ciudadano le toque acudir a la tutela, que no quede otro camino sino la orden de un juez para que lo atiendan, le den una cita o un medicamento. Eso genera un desgaste institucional grandísimo. No solo para quienes prestan el servicio de salud sino que congestiona la Rama Judicial.
 
Y en tercer lugar, hay que continuar con el acompañamiento al proceso de diálogo del gobierno con los indígenas del Cauca. Ya se han adelantado unas mesas, en las que está invitada la Defensoría del Cauca, ahora hay que hacer ese acompañamiento y tratar de sumarle y aportarle lo que se pueda. Los indígenas tienen sus reclamaciones y derecho a plantearlas al Estado.
 
SEMANA: Ahora que se está hablando de una posibilidad de diálogo de la guerrilla y el gobierno, ¿cuál es el papel institucional de la Defensoría en esa eventualidad?
 
J.A.O.: Lo ideal es que al Defensor lo convocaran como a un invitado más en la mesa y no como un invitado protocolario o con funciones. El Defensor del Pueblo debe inspirar respeto y legitimidad para que las partes lo busquen como un garante, como un tercero que representa a la sociedad, en una conversación seria. Me estoy apresurando a hablar de un tema que hasta ahora solo lo he visto en los medios, pero entiendo que es un tema de alta política en donde el vocero oficial es el señor presidente de la República. Mi papel sería el de un acompañante más que entraría como un amigable componedor para que las personas se sienten a hablar, que las partes no se levanten de la mesa sin haber tomado una decisión sea la que sea.
 
SEMANA: En los dos períodos de Álvaro Uribe hubo una negación del conflicto armado. Cuando llegó Santos dijo que sí había conflicto. ¿Cuál es la posición suya?
 
J.A.O.: Por la función que debo desempeñar, no me es conveniente fijar una postura, porque, precisamente el acompañamiento en un proceso de paz es para no asumir una postura. De lo contario, uno deja uno de tener credibilidad o esa legitimidad, porque así una de las partes podría decir la Defensoría tiene un preconcepto, luego su acompañamiento no tiene con la transparencia.
 
SEMANA: Uno de los reclamos de algunos sectores a la Defensoría es la falta de protagonismo en temas fundamentales. ¿Cuál va a ser la proyección de la entidad en este período?
 
J.A.O.: La Defensoría no puede hacer más que una sanción moral, pero esa no es una debilidad sino su fortaleza, porque así la sociedad confía en ella. Uno de los temas que se debe consolidar es el de las alertas tempranas. Se trata de advertirle al Estado los riesgos o preocupaciones sobre las posibles violaciones de los derechos humanos, las situaciones en las que pueda verse comprometido el futuro, la seguridad, la tranquilidad del pueblo o la sociedad. Ese es un papel importante de la Defensoría hacia allá nos debemos orientar.
 
SEMANA: Para usted, ¿cuál es el estado de los derechos humanos en Colombia?
 
J.A.O.: Sería apresurado de mi parte no hacer primero un estudio y sentarme con las entidades gubernamentales y no gubernamentales, que son los que manejan las estadísticas, para dar una opinión.
 
SEMANA: ¿Eso se debe a que su conocimiento del derecho está en un área distinta?
 
J.A.O.: Mi formación ha sido penal y criminológica. El derecho penal tiene un contacto con el tema de los derechos humanos y con las víctimas.
 
SEMANA: Para los empleados de la Defensoría ha sido una preocupación el incremento de la planta que está por prestación de servicios. ¿Cuál va a ser la política laboral con los funcionarios?
 
J.A.O.: Hay que tener en cuenta que la planta goza de la carrera administrativa, al punto de que los jefes de las oficinas de prensa y jurídica están en la carrera judicial. Hay que retomar la discusión con los funcionarios que están por prestación de servicios. Muchos de los abogados defensores no les interesaría vincularse por el sueldo, dado que por la naturaleza del contrato de prestación de servicios podrían ejercer su profesión, mientras que si se vinculan directamente no podrían ejercerla.
 
Lo que me han dicho es que hay un sistema que garantiza transparencia, pues las personas que se vinculan por medio de esa figura tienen que adelantar un curso de capacitación, tienen que presentar un examen y permanentemente son calificados en su desempeño para poderles renovar el contrato. Luego, pese a que es un contrato de prestación de servicios, hay un procedimiento sano para su vinculación.
 
SEMANA: Alrededor de su elección hubo mucha discusión de su papel como abogado. El senador Juan Manuel Galán se quejó porque dice que usted defendió a Alberto Santofimio (condenado por coautoría del asesinato de Luis Carlos Galán). ¿Qué le responde?
 
J.A.O.: En el caso de Santofimio, yo le he dicho al senador Galán que está totalmente equivocado. Yo nunca fui abogado del doctor Santofimio, nunca he tenido contacto directo ni indirecto con él. Nunca hemos conversado.
 
SEMANA: ¿De dónde sale esa versión?
 
J.A.O.: Eso salió de una publicación del diario El Espectador, cuando me fui a posesionar en el año 2005 como vicefiscal. Un abogado que trabajó en mi oficina terminó asistiendo a Santofimio en la audiencia de indagatoria cuando fue capturado. Después él cambió de abogado, pero incluso el abogado que pasó por mi oficina ya no tiene ninguna relación conmigo. Inmediatamente hicieron una relación: el abogado trabajó con él, luego detrás de él debe estar Otálora. Pueden verificar que nunca lo he conocido y nunca he hablado con él. Pero además si hubiese sido abogado y me hubieran convocado habría sido en ejercicio de mi profesión de abogado.
 
SEMANA: ¿Y en el caso de DMG (la captadora ilegal intervenida)?
 
J.A.O.: Con DMG sí ocurrió lo contrario. En ese caso sí fui consultado, sí me reuní con David Murcia. Viajé a Panamá para reunirme con ellos porque querían una asesoría, no solo de Otálora sino de un grupo de abogados de otras especialidades y con hojas de vida muy reconocidas. En esa oportunidad, como siempre lo he sostenido y se puede verificar, el grupo de abogados solicitamos una auditoria forense en la que les pedíamos una explicación de cuál era el objeto social de esas empresas y cuál era el origen de sus dineros para poder encaminar la asesoría. Ellos dijeron que habían contratado una empresa para hacer el informe de auditoría, pero que la empresa les quedó mal. Nunca en lo que a mí respecta entregaron la auditoría, luego nunca recibí ningún poder, nunca emití un concepto por escrito a DMG.
 
SEMANA: ¿Cuál es su relación con el Partido Liberal, que estuvo detrás de su elección?
 
J.A.O.: Hay una afinidad. Como abogado he prestado asesorías, he sido convocado por el partido o por sus miembros. Desde el punto de vista jurídico he planteado mis posiciones frente a sus consultas, pero nunca he militado directamente en un cargo. No sobra decir que también he sido convocado por otros partidos.
 
SEMANA: ¿Al final de los cuatro años qué le gustaría decir sobre su gestión?
 
J.A.O.: Me iría muy tranquilo si dejo a la Defensoría con una credibilidad y una legitimad para que en todos los conflictos grandes o pequeños, regionales o nacionales, la gente diga que quiere que la entidad los acompañe en sus demandas y reclamaciones, que la quieran ver sentada a su lado en todo momento.
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