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| 2/3/2007 12:00:00 AM

¿Yolanda será la última?

El asesinato de la líder campesina demuestra lo desprotegidas que están las víctimas. La falta de garantías pone en riesgo todo el proceso con los paramilitares.

Apesar de que la violencia se ha vuelto parte del paisaje nacional, la semana pasada una muerte estremeció a millones de colombianos: el asesinato de Yolanda Izquierdo. Su desconocido nombre saltó a las primeras páginas de la prensa luego de que dos sicarios la asesinaron en el antejardín de su casa en el sector de Rancho Grande, a las afueras de Montería. Su esposo, quien estaba con ella, recibió tres balazos y está en cuidados intensivos. El crimen de Yolanda conmocionó al país por ser ella una vocera de las víctimas que hace pocos días estaban en primera fila de la audiencia donde Salvatore Mancuso reconoció más de 300 actos criminales.

La indignación por su muerte fue creciendo a medida que se conocía su historia. Era una incansable y valiente luchadora de los desplazados de Córdoba. En los últimos meses lideró la restitución de miles de hectáreas de la finca La Tangas para 863 familias. También colaboraba con organizaciones de familiares de desaparecidos. Pero quizá lo que más consternó a los colombianos es que ella misma había anunciado que su muerte era inminente. Días antes del crimen, buscó protección de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Pero la burocracia del Estado no hizo eco del temor por su vida.

Las primeras sospechas por el asesinato recayeron de inmediato sobre los jefes paramilitares presos en la cárcel de Itagüí, que están haciendo todo tipo de maniobras para no devolver las tierras a sus víctimas, y por esconder sus mal habidos bienes. Quizá por eso decenas de periódicos extranjeros registraron la muerte de esta líder como una noticia destacada y los más importantes organismos internacionales de derechos humanos condenaron el hecho. Hasta el presidente Álvaro Uribe, en reacción al homicidio, le pidió a la justicia que congelara los bienes de los paramilitares.

Más allá del estupor de la opinión y de la frenética reacción de los medios, la muerte de esta vocera de las víctimas está llena de simbolismos y de falacias.

Quienes compartieron con Yolanda Izquierdo Berrío coinciden en que era una luchadora. De 43 años, su talante político se había forjado en diferentes espacios. En las elecciones municipales de 2003 fue candidata al Concejo de Montería. A pesar de su abultada votación, no salió elegida. Su temple y su liderazgo se habían forjado cuando llegó desplazada a la capital de Córdoba y participó de varias invasiones que luego dieron pie a nuevos barrios. Su más reciente batalla comenzó el pasado noviembre, cuando decidió recuperar las tierras que hace 16 años recibió de Fidel Castaño, uno de los fundadores de las autodefensas.

Ella era una de las más de 2.500 personas beneficiadas con parcelas que el líder paramilitar entregó en una 'reforma agraria' a su manera. Estas tierras tenían un valor simbólico, pues entre las siete fincas entregadas se encontraba la hacienda Las Tangas, que fue el epicentro de la violencia desatada por Fidel y seguida por sus hermanos Carlos y Vicente, con la que cubrieron de sangre el país.

La donación se hizo a través de una organización que crearon los Castaño llamada Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor). El espectáculo que se montó para la entrega de parcelas no les permitió a los campesinos beneficiarios leer la letra menuda de las escrituras. Una cláusula de los títulos obtenidos limitaba el dominio de las tierras y exigía la autorización de Funpazcor en caso de que el campesino quisiera transarlas. Algunos de los beneficiarios le dijeron a SEMANA que en varios casos la entrega de las tierras nunca se concretó, y que los antiguos propietarios siguieron ocupándolas a cambio de una renta que ellos mismos fijaron.

Durante casi una década, las autodefensas fueron 'el buen vecino' de estos campesinos. Incluso un miembro de esa organización ilegal tuvo una larga relación afectiva con Yolanda, de la cual le quedaron cuatro hijos. Pero a finales de los años 90 todo empezó a cambiar para ellos. Los campesinos fueron obligados a abandonar las tierras. "Es una orden de arriba", recuerda uno de ellos refiriéndose a la cúpula paramilitar.

Para ese entonces, Sor Teresa Gómez, una de las representantes de Funpazcor, suegra del paramilitar alias 'Monoleche' y familiar de los Castaño, había sido la principal beneficiaria de esta maroma. Para quedarse con el resto de tierras, ella habría traído a la región a gente desconocida, que tenía el aval de otros jefes paramilitares.

Según lo registró El Tiempo, el jefe paramilitar alias 'Rodrigo doble cero', uno de los más cercanos a la casa Castaño, en una ocasión dijo que "si Fidel se volviera a levantar de su tumba, volvería a caer en ella al ver que 'Don Berna' es dueño de todas las tierras que él les repartió a los campesinos".

La esperanza de Yolanda era que con los anuncios de reparación integral contenidos en la Ley de Justicia y Paz, podría regresar a su parcela y ser indemnizada por los años de despojo que le tocó sufrir. Su liderazgo natural la puso rápidamente al frente del grupo de familias que con escrituras y registros en mano llegaron a la Fiscalía en Bogotá. Con los exiguos recursos recogidos entre todos los demandantes, viajaron a Medellín para estar en la versión libre de Salvatore Mancuso, uno de los hombres "de arriba" a quien le deben su desgracia.

No es claro de quién provenían las amenazas contra la líder campesina. Los jefes paramilitares detenidos en Itagüí no tendrían mucho que ganar con un crimen como éste. Las tierras en cuestión son pírricas al lado de sus enormes fortunas, y pondrían en riesgo los beneficios que les otorga la Ley de Justicia y Paz. De ahí que las hipótesis apunten a que la lucha de Yolanda resultaba muy incómoda para testaferros o mandos medios de estos jefes paramilitares, que están aprovechando la coyuntura para quedarse con muchos de los bienes que serán dados en reparación. Su ambición no les permitió medir el impacto que tendría el crimen cometido.

Algo similar parece estar sucediendo en otras partes. En Maicao, Óscar Cuadrado Suárez, líder de la Asociación de Desplazados de La Guajira, fue muerto la semana pasada; y la misma suerte corrió Gustavo Espitia, líder de una organización de desplazados en Cotorra, departamento de Córdoba. Además, hace pocos días fue quemada en Cartagena la sede de la Liga de Mujeres Desplazadas en Bolívar. También se conocen de amenazas contra líderes de varias organizaciones en esos mismos departamentos y Sucre.

Todas estas persecuciones tienen en común que las víctimas reclaman una reparación por haber perdido sus bienes, o por la violencia sufrida. Esta es una alerta sobre dónde se presentarán los mayores problemas en la aplicación de la Ley. Los paramilitares parecen relativamente dispuestos a confesar centenares de muertes, pero intentarán, a toda costa, ocultar su riqueza y, por ese camino, sabotear la reparación a las víctimas. Finalmente, son criminales que aspiran a convertirse, cuando salgan de la cárcel, en hombres de negocios. Y para garantizarse eso, tienen decenas de sicarios en la calle.

Venga de donde venga el fuego, es claro que estos hechos en contra de los voceros de las víctimas generan el efecto que buscan quienes aprietan el gatillo. El obvio es el temor. "Estamos como muertas en vida", dice Teresita Gaviria, presidenta de la Asociación Madres de la Candelaria, manifestando la incertidumbre con la que viven y que se ha incrementado luego de lo sucedido las últimas semanas. "Ni siquiera organizadas como estamos se nos deja de perseguir. Primero como desplazadas, después como mujeres y ahora como líderes", afirma Patricia Guerrero, directora de la Liga de Mujeres Desplazadas en Bolívar.

La preocupación de estos líderes sociales es más crítica al conocer la reacción de las entidades que tendrían a su cargo su protección. El primer gran desplante vino por cuenta del ministro del Interior, Carlos Holguín, quien no tuvo otra opción que reconocer que la protección de Yolanda "no se dio por algún trámite burocrático. La información sobre su solicitud no llegó donde debía llegar. Hay que hacer una investigación al respecto". Por su parte Álvaro Botero, director del programa de protección de testigos de la Fiscalía, le dijo a SEMANA que "no tenemos ni recursos ni funcionarios suficientes para cuidar tantas víctimas" y dice que su protección por ahora recae principalmente sobre la Policía local. Para Patricia Buriticá, integrante de la Comisión Nacional de Reparación, lo que está sucediendo comprueba las "fallas en el proceso de reinserción, y la incapacidad para evitar que se activen nuevos grupos criminales". La Comisión ha expresado su preocupación por la falta de garantías para que las víctimas participen en el proceso, pero tampoco tiene soluciones.

En últimas, la aplicación de la Ley de Justicia y Paz arrancó con un asunto crucial sin resolver: ¿Quién representa a las víctimas? ¿Las ONG? ¿Los abogados? ¿Cada persona tendrá que hacer lo que pueda? O todos tendrán con ver por televisión cómo los jefes paramilitares convierten su confesión en un parte de guerra. Hasta ahora todos los organismos del Estado se pasan la pelota sobre el espinoso tema de las víctimas que, de no resolverse, puede llevar al fracaso todo el proceso. El asesinato de Yolanda Izquierdo es un primer campanazo al respecto.
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