Lunes, 24 de noviembre de 2014

| 2013/03/19 00:00

Zambrano, a la cárcel por contrato

Tras la decisión, el exsecretario de Salud de Bogotá Héctor Zambrano será recluido en La Picota.

El exsecretario de Salud debe responder por un contrato de ambulancias. Foto: Daniel Reina / SEMANA.

Los testimonios de los polémicos contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, dos de los procesados por el ‘carrusel’ de la contratación en Bogotá, se convirtieron en la fichas clave a la hora de la imputación que le realizó la Fiscalía al exsecretario de salud de Bogotá Héctor Zambrano. Un juez lo envió a la cárcel.

Tras 13 horas de audiencia, el juez 66 avaló la tesis de la Fiscalía en la que se señaló que en libertad Zambrano podría interferir en el proceso. Por ello ordenó la medida de aseguramiento en centro penitenciario. La cárcel La Picota será su lugar de reclusión.

Para el juez, Zambrano, desde su papel de funcionario del Distrito, incumplió su deber de vigilar el ordenamiento del gasto de la salud en la capital del país, por lo que señaló que con su actuar faltó a la moralidad.

"Héctor Zambrano no actuó con transparencia ni lealtad con el Estado y defraudó la confianza de todos los ciudadanos, la comunidad no espera que se deje libre a una persona que defraudó a la ciudad de esta manera", señaló.

Según las declaraciones leídas por el fiscal delegado ante la Corte Juan Vicente Valbuena -encargado de la investigación-, durante su solicitud de medida de aseguramiento en contra del exfuncionario distrital, Tapia y Gómez confirmaron el presunto actuar irregular de Zambrano y la relación con diferentes personas involucradas con el ‘carrusel’.

De acuerdo con Valbuena, el contratista Tapia contó pormenores de la entrega de dádivas para facilitar la adjudicación del Contrato 1229 del 2009, cuyo objeto era la prestación del servicio de ambulancias. Este tuvo un costo de 67.000 millones de pesos.

“Pasaban por mis manos todos los ajustes que (Federico) Gaviria hacía. Para esa tarea delegué a un empleado mío de nombre Manuel Pastrana, él se encargaba de toda la parte técnica, de los ajustes hechos por Gaviria, incluso se reunió muchas veces con él, en algunas de esas reuniones participé, además se le hacían llegar siempre a Zambrano”, señaló el fiscal al referirse al contrato.

Valbuena aseguró que todo demuestra que “evidentemente existió una entrega de dinero correspondiente al 9 por ciento del valor del contrato al exsecretario Héctor Zambrano, al exconcejal Hipólito Moreno y al propio intermediario, Emilio Tapia”.

La Fiscalía añadió que Zambrano para quedarse en la Secretaría Distrital hizo acuerdos con en exalcalde Samuel Moreno, su hermano Iván Moreno, Emilio Tapia y Julio Gómez, a cambio de que les adjudicaran el contrato de las ambulancias, puesto que los cargos muchas veces se convierten en una “mafia”.

De acuerdo con el fiscal, Gómez se encargó de presentar a Tapia y a Hipólito Moreno, y nació desde ese momento la relación que terminó con la adjudicación del contrato.

“Emilio Tapia y yo supimos que iba a salir un proceso de licitación para la adjudicación de un contrato de ambulancias, es así como nos pusimos en la tarea de averiguar sobre el asunto, entonces me comunico con Bernardo Pacheco (…) el me explica de qué manera puede funcionar el negocio. Me reúno con Emilio y le digo que tengo un amigo que sabe del tema, posteriormente el tema de Pacheco se olvida porque Emilio me dice que no me meta más en eso porque lo mío es lo de la construcción”, manifestó el fiscal al leer la declaración de Gómez.

Según el ente acusador, el exfuncionario se encargaba desde su cargo de contratar para el servicio de salud pública la red de ambulancias de Bogotá con cargo al presupuesto de esa secretaría.

“Se encargaba de garantizar que el adjudicatario del contrato fuera la empresa que dijeran Emilio Tapia e Hipólito Moreno, es importante destacar que Zambrano era de la absoluta confianza de Julio Gómez y quien presentó a Zambrano con Tapia es Julio Gómez”, aseguró el fiscal.

A Zambrano la Fiscalía le imputó los delitos de cohecho propio, celebración indebida de contratos, contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, conductas que no aceptó y que lo podrían llevar a pagar entre ocho y 33 años de cárcel.

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