Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2016/02/11 09:19

Condenan a la Nación por despojo de las FARC en zona de distensión

El Consejo de Estado ordenó reparar al demandante con el pago de $1.800 millones y pidió no llamar “financiadores de la guerrilla” a las víctimas de extorsión.

Condenan a la Nación por despojo de las FARC en zona de distensión Foto: León Darío Peláez

El Consejo de Estado le advirtió al gobierno nacional que la conquista de la paz no justifica, en medida alguna, comprometer la seguridad de los ciudadanos que habitan en el territorio. Por eso, dijo, los delitos que cometieron las FARC en la llamada zona de distensión deben ser reparados por la Nación.

Con ponencia del magistrado Danilo Rojas, la Sección Tercera del alto tribunal condenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa a pagar más de 1.800 millones de pesos a un civil que fue víctima de despojo. A pesar de que los responsables fueron los alzados en armas, ese tribunal les adjudicó la responsabilidad patrimonial a las autoridades.

Cuando Andrés Pastrana llegó a la Presidencia, en 1998, se trazó como meta central de su gobierno conquistar la paz. Para conseguirlo, se comprometió a garantizar que la fuerza pública dejara de hacer presencia en un área de 42.000 kilómetros cuadrados. El lugar serviría no sólo para la concentración de los guerrilleros, sino también para adelantar las negociaciones.

Así las cosas, entre enero de 1999 y febrero del 2002 los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y La Uribe (Meta), estuvieron por fuera del control de la fuerza pública.

Cuando los diálogos se rompieron por las acciones delictivas de las FARC, se hizo evidente que la llamada ‘zona de distensión’ había sido utilizada para cometer todo tipo de ilícitos. Extorsiones, tráfico de estupefacientes, reclutamiento forzado y otras conductas estuvieron a la orden del día durante esa época.

Entre las víctimas de esa arremetida se cuenta a un hombre que tenía una hacienda en la vereda Puerto Lucas, de Vista Hermosa. El hombre, que mantenía ganado y cultivaba, arroz y plátano desde 1978, fue despojado de sus bienes tras una incursión de hombres de la guerrilla que se produjo entre el 26 y 28 de enero del 2000 en plena zona de despeje.

Además de perder el dominio sobre sus tierras, sufrió la pérdida de tractores y otra maquinaria de la que disponía para el desarrollo de la agricultura. También le fueron hurtados 138 vacas, reses y caballos.

El afectado demandó a la Nación. Exigió de esta una reparación, a pesar de no haber sido víctima directa de ningún agente estatal, pues consideraba que el daño era consecuencia de la falta de previsión del Estado al omitir su deber de brindar seguridad a los habitantes de los municipios de la zona de distensión.

La acción fue conocida por el Consejo de Estado, que le dio la razón al demandante alegando que era él quien, de alguna manera, había propiciado que la insurgencia irrumpiera en su predios. Según ellos, el hacendado “pagaba desde hace 10 años extorsiones periódicas a las FARC, tachándole de colaborador o financiador de quienes finalmente fueron sus verdugos”.

Para la máxima instancia contenciosa, semejante percepción es inadmisible. Concluyó que nada prueba que la víctima haya entregado dineros a sus victimarios. Además, señaló que en ningún caso una persona que es obligada a entregar su capital bajo amenaza se puede considerar colaborador de la guerrilla. “Es, además, una estigmatización que contribuye a perpetuar la equivocada noción de que quien colabora con un grupo armado lo hace por gusto o convicción”.

“(…) Esto lo que demuestra es que esta persona fue víctima de un delito derivado de un conflicto armado que el Estado no estuvo en la capacidad de dar por finalizado, y en el que ha sido con frecuencia incapaz de garantizar los derechos de personas que como el actor, en muchas regiones de la Nación se ven sometidas al arbitrio de grupos armados ilegales de izquierda y derecha”, dijo.

Al negar que esos pagos convirtieran al ciudadano en responsable de su propia tragedia, el Consejo de Estado condenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa a pagarle a la víctima una reparación que supera los 1.800 millones de pesos.

Ese tribunal concluyó que ni siquiera en los momentos en los que se persigue el bien supremo de la paz les es viable a las instituciones dejar de responder por sus obligaciones. De cara al actual proceso con las FARC, semejante pronunciamiento debe llamar a la reflexión.

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