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Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez | Foto: Archivo SEMANA

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¡Vaya enredo!: La telaraña que atrapó al Gobierno y las FARC

La adecuación de los 26 puntos de concentración erosionó la confianza que los negociadores construyeron en cinco años y prendió los ánimos del primer pulso político del que se abandera la guerrilla. Sigue la negociación.

7 de marzo de 2017

El ‘coco‘ del centralismo se desnudó con el aterrizaje político de las FARC. Mucha similitud guarda el país que dejó la guerrilla cuando decidió alzarse en armas y con el que se encontraron 52 años después. Para ellos, la realidad del abandono del campo ha sido muy visible no solo durante el traslado -de más de 7.000 hombres y mujeres- a los 26 puntos de concentración, sino también en la adecuación de las zonas donde arranca la ruta de reincorporación a la vida civil.

Cuando en el calendario se marca con una equis el día que se cumplen tres de los seis meses pactados para que las FARC entreguen hasta el último fusil, empieza a pesar la incertidumbre de lo que ocurrirá el día 181. La fecha en la que la dejación de armas será una realidad y su salto a la vida política no tendrá marcha atrás.

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Más de la mitad del tiempo estimado se agotó y en terreno muchos siguen viendo el descenso de los acuerdos crudo. Razón tenía el presidente Juan Manuel Santos cuando dijo que la firma no era el punto de llegada sino el punto de partida". La negociación sigue y la decisión de materializar la dejación de armas en tiempo récord con los guerrilleros aislados, ambienta el primer debate político que protagonizan el Gobierno y las FARC desde que se dio rienda suelta a la implementación.

El desacuerdo por el estado de las 19 zonas veredales y seis puntos transitorios mutó de un problema logístico a uno político. La puja que condimentó el jefe de la misión de la ONU, Jean Arnault, cuando se filtró la carta que había enviado a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) en la que advertía sobre el retraso de las obras, subió de temperatura este lunes cuando cada uno de los negociadores decidió entregar su versión de los hechos.

Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, fue el primero en dar el paso al frente. Acompañado del gerente de las zonas veredales, Carlos Córdoba, y el jefe del Comando Estratégico en Transición de las Fuerzas Militares, general Javier Flórez, expusieron las causas de los retrasos. "Uno decide si ve el vaso medio vacío o medio lleno. “Nosotros lo vemos medio lleno y cada vez más lleno", dijo el alto funcionario antes de enumerar los tres puntos.

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La tardía delimitación de las zonas y el difícil acceso a las veredas fueron la primera explicación que entregó Jaramillo a lo que viene pasando en terreno. "En Miravalle se acordó que el campamento debía quedar en el filo de unas colinas. Para llegar allá hay que construir una carretera y para hacerla hay que subir material. Subiéndolo en las volquetas terminamos debilitando un puente de 50 metros que había construido la comunidad", dijo. El tema no sorprendió, la explicación se ajustaba al reporte que entregaron el pasado 21 de febrero.

Sin embargo, lo que si llamó la atención de la rueda de prensa y terminó encrespando los ánimos de los miembros del Secretariado que se aprestaban a entregar su propio reporte desde la Biblioteca de la Universidad Distrital, fueron los señalamientos que apuntaban a que "los mismos comandantes de las FARC no han permitido que se avance porque hacen exigencias que no corresponden a lo acordado".

El caso que más eco tuvo fue el de Tumaco, Nariño. Córdoba relató que el comandante encargado de la zona "dijo que no dejaban hacer las obras si no les hacían dos polideportivos, un estudio audiovisual, doce oficinas para comandantes, habitaciones en ladrillo". Lo que muchos pasaron por alto, es que esa descripción correspondía a un episodio que tuvo lugar en el mes de diciembre como él mismo confirmó: "fueron semanas y semanas y cuando ingresan el 30 de enero presentaron otra propuesta. Yo me reuní con Edison Romaña. Se puedo avanzar pero luego volvieron a parar". Pese a las anteriores oportunidades que existieron para hacer la advertencia, este lunes fue la ocasión escogida para desempolvar el reporte.

"Carlos Córdoba, además de mal gerente, resultó mentiroso. En los campamentos los comandantes se están ciñendo al acta acordada. Él seguramente quiere tratar de justificar los incumplimientos del Gobierno, presentar unos hechos que son anteriores. Una vez firmada el acta del 17 de enero no se ha exigido más", fue la respuesta que obtuvo del jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada que habló minutos después desde otro punto de la ciudad.

Mientras el Gobierno entregó un reporte pormenorizado de las dificultades logísticas y falta de consenso que tienen empantanadas la adecuación de seis de las 26 zonas, las FARC hicieron lo propio. Sin embargo, su blanco apuntó para el lado contrario al que se había dirigido el Gobierno.

"Vergonzoso que el señor Carlos Córdoba se valga de mentiras para continuar con la propaganda de guerra y odio en contra de las FARC", dijo el máximo jefe de esa guerrilla Timochenko. Una postura a la que se alineó Jairo Estrada, representante de Voces de paz en el Senado: "el informe de zonas veredales de Sergio Jaramillo y Carlos Córdoba estuvo alejado de la verdad. ¡objetividad y sindéresis, por favor!".

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Voltear las cifras que ha entregado la contraparte, fue la primera maniobra de las FARC antes de desmentir las acusaciones que les había caído desde la Casa de Nariño. Pese a que el Ejecutivo ha advertido avances significativos, según el grupo guerrillero, hay "87 % de incumplimiento de los compromisos del Gobierno" sobre lo acordado en el acuerdo.

Aunque la mayoría de las quejas tenían que ver con retrasos de infraestructura, los jefes guerrilleros Carlos Antonio Lozada, Marcos Calarca y Pastor Alape también denunciaron sobrecostos en algunas de las contrataciones que se habrían acordado para garantizar el suministro de alimentos durante los 180 días.

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"Productos que nosotros, cuando estábamos anteriormente en confrontación armada, adquiríamos como una libra de arroz, por decir algo, en 3.000 pesos, ahora se está facturando por 15.000", acotó Lozada al tiempo que pidió mayor transparencia en la gestión que se viene haciendo de los recursos para la paz. "Los problemas no son de la guerrilla sino de contratos mal realizados y sin desembolsos", agregó Alape.

El balance del Gobierno y las FARC es diamentralmente opuesto Sin duda, alguien está mintiendo y lo que en el fondo preocupa es que aunque para la guerrilla el incumplimiento se puede convertir en su primera bandera política, es un arma de doble filo. ¿La razón?, la primera impresión que queda y la imagen que en este momento se llevan los miembros del grupo insurgente es que la implementación de los acuerdos no es tan fácil como muchos creían. Incluso, ni con la ventaja que implica que el Gobierno sea el abanderado de los diferentes proyectos.

"Cada día es más difícil mantener el control sobre las tropas. Muchos empiezan a ver un espacio grande entre lo que se iba a hacer y lo que se ha estado haciendo... se pasó de la discusión política a la prosaica de ¿cómo voy yo?", manifestó la politóloga de la Universidad de los Andes y directora de la Fundación Ideas para la Paz, María Victoria Llorente.

Un ejemplo de ello, serían las tres deserciones que se presentaron en la zona veredal de Putumayo, donde al parecer por las malas condiciones de alojamientos tres combatientes se fueron de la zona con un fusil y dos pistolas en mano.

"Lo que nos preocupa es que se erosione de alguna forma el proceso. Que la frustración de combatientes, de sus familias, de las comunidades que viven alrededor lleve a que el grado de imperfección del proceso lo avecine al fracaso. En otros términos, una cosa es que se haya producido un goteo de deserciones, que las FARC están haciendo lo posible por parar. Pero si ese goteo se convierte en algo más cercano a la hemorragia, el proceso habría fracasado", dijo recientemente el jefe de la misión política de la ONU, Jean Arnault, en entrevista con SEMANA.

Parte de las diferencias que se han presentado entre el Gobierno y las FARC por las zonas veredales, radica entre otras cosas por el proceso de reincorporación. En ese sentido, todo apunta a que aunque la dejación de armas se dará en los 180 días pactados, la permanencia de los miembros de la guerrilla en esas zonas se prolongará. El proceso de reincorporación será más pausado. Quizá es una de las explicaciones que se le podrían adjudicar a la diferencia que existe en los materiales que se van a usar para la construcción de los espacios.

Los procesos de transición son difíciles pero el tipo de acuerdo y el momento político que atraviesa el país aumenta la dosis de dificultad. La campaña arrancó el 2 de octubre y el escenario de la implementación viene siendo aprovechado para lesionar al adversario político.

"El Secretariado está en el punto de no retorno, pero lo que aún no está garantizado es el estado de los mandos medios y la tropa", apuntó Llorente. Y es que pese a que las FARC se han mostrado jugadas con la paz, lo cierto es que el actual panorama de confrontación política por las zonas veredales aumenta la incertidumbre si se tiene en cuenta que algunos temas del acuerdo se proyectaron para cumplirse en un lapso de 10 años.