“Bogotá está pagando 70 millones por terrenos que valen 70.000 pesos”

Advirtió sobre la crisis de los semáforos que le costó el puesto al secretario de Movilidad, Luis Bernardo Villegas, denunció a los chanceros que no están al día en sus obligaciones con la salud; señala a quienes se lucran en carruseles de contratos, aprieta el cuello de los transportadores; tiene en la mira a las universidades, y ahora se va de frente contra la manera como el Distrito está expropiando predios para las obras. El contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, está haciendo carrera en el poco atractivo arte de perder amigos. Los saqueadores del erario tienen ganas de llevarlo a la guillotina, pero la de él es más grande y está más afilada.

GUSTAVO GÓMEZ: Usted acaba de decapitar al secretario de Movilidad por su descuido en el mantenimiento de los semáforos. ¿Qué fue lo que realmente pasó?

MIGUEL ÁNGEL MORALESRUSSI: El secretario Villegas no fue previsivo, no tuvo plan B. Terminó el convenio con ETB sin asegurar el de Codensa. La verdad es que Codensa sabía que era un problema muy grave, estructural, y no quiso echarse el muerto al hombro. Le reconozco que enmendó el error, pero le costó la cabeza y vamos ahora a determinar cuál fue el perjuicio que se causó a la ciudad en estos meses en que estuvimos en el aire en materia de mantenimiento de semáforos.

G.G.: ¿En qué estudios se fundaban sus advertencias al hoy ex secretario de Movilidad?

M.Á.M.: Se basaban en el recorrido que yo mismo hice por la ciudad con 30 funcionarios. Yo no presenté estudios; yo les entregué las pruebas de auditoría incontrovertibles. Pero el lío no sólo es de mantenimiento. Advierto de una vez sobre otro enorme lunar: las ejecuciones de los contratos suscritos en la administración pasada.

G.G.: ¿Cuáles contratos?

M.Á.M.: Contratos que se firmaron al final de la Alcaldía de Garzón y que, descubrimos, se están ejecutando de manera poco clara. El último que estudiamos, por ejemplo, para semaforización con Siemens, tiene un componente de obra civil de 1.000 millones de pesos. En esa obra civil hubo un sobrecosto por 200 millones y otros 200 se gastaron en obras de mala calidad no contratadas.

G.G.: A propósito de contratos y procesos, va nuevamente a licitación la detección electrónica de infractores que se declaró desierta y que tuvo muchas modificaciones de pliegos. ¿Qué piensa usted?

M.Á.M.: Que no fue un proceso transparente. Es natural que se den modificaciones, pero no es natural que se adapten para que sólo las puedan cumplir dos proponentes: la unión temporal Setra y la unión temporal Tránsito Ciudadano de Bogotá. Si el nuevo secretario no abre el ojo, esta licitación correrá la misma suerte de la anterior. Está advertido el Alcalde.

G.G.: Moreno tiene buenos motivos para dormir mal. Y a usted, ¿qué le está quitando el sueño por estos días?

M.Á.M.: ¿Quiere que le conteste con sinceridad?

G.G.: ¡Por favor!

M.Á.M.: Algo que voy a revelar por primera vez y que puede abrir un boquete enorme en las finanzas distritales. Gustavo, tengo pruebas irrefutables de que en los procesos de expropiación judicial de terrenos que se necesitan para el desarrollo de las obras, hay unas cifras desconsideradas y aberrantes que le pueden terminar costando millones de millones al Distrito.

G.G.: ¿Un nuevo cartel de la corrupción?

M.Á.M.: Unos cuantos abogados que están aprovechándose de estos procesos en connivencia con peritos y funcionarios judiciales. Tenemos sobrecostos por dictámenes periciales inexplicables, en los que un metro cuadrado que comercialmente vale 70.000 pesos, pasa a valer casi 70 millones. No hay forma de entender cómo un juez pueda admitir una prueba pericial de tamaña desproporción: ¡Bogotá está pagando 70 millones por terreno para obras, que valen 70.000 pesos!

G.G.: Si estos procesos se vienen abajo, ¿qué castigo sufrirían los dineros del Distrito?

M.Á.M.: Es de verdad preocupante y espero que la alarma que hoy estoy encendiendo nos salve de lo que se viene. En sólo seis casos estudiados, en sólo seis predios, el IDU tendría que pagar 130.000 millones de pesos.

G.G.: Liliana Pardo, la directora del IDU, ¿está enterada?

M.Á.M.: Enterada y muy preocupada. Pero no sólo pasa con el IDU: son procesos de expropiación que comprometen muchísimas obras del Distrito y en las que los precios de los predios están inflados a no dar más. Hablamos de terrenos que se expropiaron para la construcción del Parque del Tercer Milenio, de la estación de TransMilenio de Suba, de los conectores del puente de la 92, de la troncal norte de TransMilenio y de la NQS, y de otras obras claves. Aquí hay una mano siniestra que, además de enriquecerse, está elevando el precio de las obras.

G.G.: Hay contratistas que se están beneficiando con demasiada frecuencia de los dineros públicos…

M.Á.M.: Sí. Hemos encontrado a ciertos contratistas que con excesiva frecuencia resultan favorecidos en los procesos.

G.G.: ¿Quiénes son?

M.Á.M.: En el caso, por ejemplo, de los convenios interadministrativos, le menciono el Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Militar y la Fundación Cultural Chiminigagua. Los encuentra uno en todas las localidades en muchísimas obras. Pasa lo mismo en el Acueducto y en el IDU: los mismos con las mismas.

G.G.: Chiminigagua… ¿la de Venus Albeiro Silva?

M.Á.M.: Nació alrededor de Venus Albeiro, él la dirigió y sigue siendo su inspirador.

G.G.: Apenas comienza el destape de otra olla, la del chance. ¿Cuánto le deben los chanceros a Bogotá?

M.Á.M.: Es un tema de irresponsabilidad con la salud. Los concesionarios de chance gozaron de procesos muy flexibles e hicieron lo que quisieron y se organizaron como mejor les convenía, de manera tal que hoy le deben a la ciudad 14.000 millones de pesos.

G.G.: Hubo un bajonazo grande de la concesión, lo que permitió la trampa. ¿Dispuesto por quién?

M.Á.M.: Un bajonazo de 27.000 millones que finalmente es responsabilidad de la gerencia de la Lotería de Bogotá, con la aquiescencia del entonces superintendente de Salud, José Renán Trujillo.

G.G.: ¿Qué pasó con la deuda de los transportadores por chatarrización?

M.Á.M.: Nada que pagan, son 34.000 millones de pesos. Estamos viendo qué bienes poseen porque son muy ricos y tienen con qué. El porcentaje de cada pasaje que debían destinar a factor de calidad por chatarrización lo tomaron para otros fines.

G.G.: ¿Quiénes son los 'reyes' del no pago?

M.Á.M.: Cinco empresas: Universal Automotora de Transportes, Compañía Metropolitana de Transportes, Sidauto, Cootranspensilvania y Transportes Panamericanos.

G.G.: Le están metiendo mano, y en qué forma, a los dineros en el Distrito. Hay un frente que ha pasado inadvertido, el de las contrataciones desde el sector de la educación. ¿Usted está investigando?

M.Á.M.: Fuertemente. La forma como se están manejando los presupuestos en los fondos de desarrollo local tiene una serie de irregularidades que lindan con la sinvergüencería. Hay una asociación privada de universidades, Alma Mater, que tiene un régimen de derecho público y que contrata con localidades para, a su vez, subcontratar con una serie de entes que comienzan a captar recursos de manera sospechosa.

G.G.: ¿Cuándo comenzó esa actividad contractual Alma Mater?

M.Á.M.: La mayoría de las contrataciones se inició durante la Alcaldía de Luis Eduardo Garzón. Y, cosa bien llamativa, contratan a través de sus sedes en Bogotá pero, básicamente, son universidades del Eje Cafetero.

G.G.: ¿Qué universidades?

M.Á.M.: La Universidad de Caldas, la Nacional de Colombia sede Manizales y del Quindío y la Tecnológica de Pereira y del Tolima, como fundadoras.

G.G.: ¿Está comprometido algún rector en esta jugada jurídica?

M.Á.M.: Varios. Estamos determinando en este momento responsabilidades fiscales.

G.G.: Le pregunto directamente por otro 'rector', el de Bogotá. ¿Qué tal va Moreno?

M.Á.M.: Lleva casi un año haciendo el curso de gerencia pública.

G.G.: ¿Comulga con la revocatoria del mandato?

M.Á.M.: Cuando se tiene el histórico millón de votos de Moreno, uno no piensa en la revocatoria. Pero a la gente, después de un año o un año y medio, se le va a pasar por la cabeza si no ve gerencia de ciudad.

G.G.: Suponga que usted es el asesor de confianza de Samuel Moreno. Déle tres consejos.

M.Á.M.: Uno: revise su gabinete y piense en cambiar cerca de cinco secretarios. Dos: mantenga una línea definitiva de acuerdo con el gobierno nacional. Tres: el Distrito va a contratar, incluido el metro, unos por 4.000 millones de dólares; entonces, meta a la gente que va a adjudicar en un hotel, mónteles cámaras 24 horas, quíteles los celulares y póngales urnas de proponentes hechas en vidrio. Y que firmen antes, en la Contraloría, un pacto de transparencia con reconocimiento de que se exponen a sanciones penales si no actúan con rectitud. Así nos evitamos que se pierda esa plata.
 

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