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Tras un año de largos debates y muchas presiones, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, está listo para firmar el decreto que definirá de una vez por todas el desarrollo que se le dará a una de las franjas de tierra más preciadas del país: el norte de la capital.
En esta zona, ubicada desde la calle 170 hasta el peaje, ha sido desde hace siete años el campo de batalla de gigantescos intereses. Por un lado, propietarios y constructores han visto en la última zona de expansión del norte de la ciudad una mina de oro para construir proyectos residenciales y comerciales de alto valor. Los ambientalistas, a su vez, consideran que los humedales, ríos y pedazos que quedan de la sabana deben ser preservados para el futuro de los bogotanos. A esto se suma la posición de miembros del Polo Democrático y del Concejo, que piden que al menos la mitad de la tierra urbanizable debe ser para construir Vivienda de Interés Social (VIS). Y finalmente, está la ciudad, que requiere de manera urgente ordenar el desarrollo del norte, pues gracias a la ausencia de normas claras allí se han asentado sin ningún tipo de planificación conjuntos residenciales, colegios, clubes y hasta centros comerciales.
Esto es tan evidente, que de las 2.017 hectáreas que podrían ser desarrolladas, sólo quedan 466 para ser construidas. Las demás ya fueron ocupadas o son de protección ambiental.
Hace exactamente un año la administración Moreno estuvo a punto de firmar el Plan de Ordenamiento Zonal (POZ) del Norte, pero el proceso terminó empantanado bajo todo tipo de críticas y denuncias de favorecimiento y corrupción.
Ahora, un año después de debates, el alcalde Moreno y la secretaria de Planeación, María Camila Uribe, en coordinación con todas las entidades del Distrito, tienen listo el decreto que sería firmado antes de terminar enero. En esencia, éste busca reordenar y desarrollar esta franja en un esquema que se asemeje más a Ciudad Salitre que a Cedritos. Como es claro que esta no es una gran zona verde, sino que está salpicada de construcciones con humedales y áreas de protección, lo que busca el Distrito es ordenarlo e integrarlo a la ciudad a través de varios principios.
El primero es la preservación ambiental. Para esto se protegen de manera amplia los humedales de Torca y Guaymaral, además de las rondas de los ríos. Y para garantizar la continuidad entre los cerros orientales y la reserva forestal del occidente - una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Ambiente, la CAR y los ambientalistas-, la administración plantea crear una gran franja que una los humedales con un nuevo parque metropolitano de 84 hectáreas, al que estaría al lado del cementerio Jardines de Paz.
Ahora bien, los constructores deberán desarrollar toda la zona a través de 12 planes parciales. Esto significa que en vez de construir sólo los lotes vacíos, deberán incluir todas las construcciones, rondas de ríos o zonas de protección que existen y plantear un desarrollo armónico que incluya vías, andenes, parques y nuevas viviendas y construcciones. Para que allí no sólo se hagan casas para los ricos, el decreto establece los porcentajes de tierra que deberán ser urbanizados por estratos.
Para VIS la administración destinará el 25 por ciento, el 15 para estrato 3, el 25 para 4, el 10 para estratos 5 y 6, y el 10 por ciento para comercio y zonas de servicio. En total, se espera que allí lleguen a vivir más de 270.000 personas.
Si bien esta distribución no cayó del todo bien en el gremio de los constructores, pues creen que la tierra allí es muy costosa para hacer casas para los pobres, el concejal del Polo Carlos Vicente de Roux dijo que él y muchos otros cabildantes quieren conocer el decreto antes de la firma. "Nuestra aspiración es que siquiera haya un 40 por ciento del suelo para VIS, del cual, el 25 por ciento debe ser para la de más bajo costo, conocida como vivienda prioritaria", dice.
Y para solucionar el dilema de quién paga los 1,5 billones de pesos que costarán las vías y la extensión de los servicios de acueducto y alcantarillado, entre otros, el Distrito plantea hacer un desarrollo escalonado de la zona, que deberá ser pagado en su inmensa mayoría por los constructores, los residentes actuales y, por supuesto, por los futuros habitantes. "Para desarrollar la infraestructura vial, por lo menos en su primera etapa, le pediremos al Concejo que las anexe al acuerdo de valorización", dijo María Camila Uribe.
Más allá de los detalles jurídicos y técnicos, es claro que el decreto generará nuevas polémicas y discusiones. Pero, en todo caso, es mejor que el norte de Bogotá ya tenga una propuesta normativa sobre la cual se puedan hacer correcciones, a que continúe teniendo el mismo futuro que cualquiera de los terrenos baldíos que aún quedan en él.
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