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Un informe del la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) aseguró el viernes que al menos 940 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente en Colombia entre el 2001 y 2009. Sin embargo, el informe señala que en el último año ha habido una "importante" baja en el número de víctimas de esas ejecuciones.
Las fuerzas armadas fueron estremecidas a fines del 2008, cuando denuncias de prensa y de grupos no gubernamentales revelaron que al menos 11 hombres, sin relación entre ellos, habían desaparecido en diferentes fechas de la barriada de Soacha, al sur de Bogotá, y después sus cadáveres fueron localizados en fosas comunes al noroeste del país presentados como rebeldes muertos en combate con tropas del ejército.
Al menos 20 altos oficiales del ejército fueron destituidos a fines del 2008 por el caso de Soacha y el Ministerio de Defensa anunció medidas para evitar nuevos casos de ejecuciones presentadas como de muertos en combates o lo que la prensa local denominó "falsos positivos".
En su informe de 15 páginas, el Cinep --citando datos de parientes y de la prensa local-- indicó que las muertes en ejecuciones extrajudiciales del 2001 al primer semestre del 2009 ascendieron a 940, más de 90 por ciento de ellas adjudicadas a miembros de las fuerzas militares, según el Cinep.
Sin embargo, el grupo dijo que a partir del escándalo de Soacha y las medidas adoptadas por el sector castrense --como creación de inspectores de derechos humanos en unidades militares que siguen e investigan denuncias, hasta las mismas destituciones-- han desembocado en una "importante" reducción en el número de casos reportados de ejecuciones.
"Hay un cambio de tendencia en la situación de derechos humanos, es decir hay un descenso en un tipo de violaciones, como son los 'falsos positivos''', dijo en entrevista telefónica Mauricio García, director del Cinep, grupo surgido en 1972 y que investiga temas relacionados con el conflicto interno colombiano y los derechos humanos.
De acuerdo con el Cinep, mientras en el primer semestre del 2008 tuvieron datos de 196 ejecuciones extrajudiciales, en el mismo lapso del 2009 han recibido sólo denuncias de cuatro muertes.
Con relación a la baja en los casos, García sostuvo que "lo más seguro es que se van a mantener bajos" porque "parecería que hay un cambio de tendencias en términos de violaciones de derechos humanos y es pasar de estos casos de 'falsos positivos' a casos de intolerancia social y amenazas".
Según García, por intolerancia social se entienden casos en que las personas son maltratadas, acosadas o amenazas porque "no se respetan diferencias sociales" y se persigue a prostitutas, indigentes, homosexuales y drogadictos.
La Fiscalía General investiga a más de un millar de militares, policías y agentes de inteligencia por denuncias de ejecuciones y al menos 80 han sido condenados por esas muertes.
AP.
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