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La situación de orden público en el departamento del Cauca está a punto de explotar. A diferencia de las ‘guerras’ que se libran en otras partes del país, este caso tiene un ingrediente particular: las tierras hoy sembradas con cultivos altamente comerciales que reclaman los indígenas y que han hecho que se involucre desde la guerrilla hasta el presidente Álvaro Uribe.
El pleito lleva varios años y se calentó de manera especial cuando Uribe dijo en recientes consejos comunales (Popayán y Florida, Valle) que las protestas indígenas estarían infiltradas por la guerrilla, y ofreció recompensas a quien los delate. Los indígenas, por su parte, advierten que no cederán en su lucha por recuperar las tierras del norte del Cauca que el Estado les prometió y que hoy son explotadas, según ellos, por capitalistas protegidos por el gobierno.
Ambos tienen en parte razón. Pero mientras resuelven el conflicto, aumenta la violencia en la zona. El incidente más reciente ocurrió el 29 de mayo, cuando dos indígenas murieron durante una operación del Ejército contra las Farc. En respuesta, los indígenas retuvieron por varias horas a nueve soldados. Ese no ha sido el único caso de violencia. Este año ya suman 20 muertos en los 42 municipios del Cauca. Cuatro de esos casos han sido en fuego cruzado, y el resto, por acción de la guerrilla.
El lío de la tierra
Los pueblos indígenas de la región han lanzado una campaña para recuperar 350.000 hectáreas a las que tienen derecho y cuya entrega ha sido incumplida por el Estado.
El caso más difícil es el de la hacienda El Nilo, en Caloto, donde el Estado se comprometió a entregar 15.663 hectáreas como reparación por una masacre cometida con apoyo de la fuerza pública. Pero 17 años después, los indígenas todavía esperan 5.581 hectáreas de esas tierras.
Igual ocurre con compromisos hechos por el gobierno en 1999 de adquirir 270.499 hectáreas para resguardos, de las cuales sólo se han adquirido 3.081.
Las tierras que están en disputa hacen parte de las 90.000 hectáreas de tierra cultivadas con caña de azúcar que abastecen ingenios como Castilla, Cabaña, Mayagüez e Incauca, y son los cultivos que sirven de insumo para la producción de biocombustibles en el país. Además, en esa zona se configura un corredor estratégico cordillerano que conduce hacia departamentos como Valle, Tolima, Huila y Putumayo.
Isabella Victoria, directora ejecutiva de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Cauca (SAC), reconoce que dichas tierras hacen parte de la frontera agroindustrial y manifestó que: “Si esos predios no son debidamente explotados, jamás se incorporarán a la actividad económica del país”.
La fuerza pública tiene su versión sobre estos enfrentamientos. Creen que dichas comunidades de manera ingenua fueron infiltradas por la guerrilla. Esta hipótesis se apoya en una serie de documentos milicianos recuperados en operaciones desarrolladas por el Ejército en la región. En esos papeles se plantea la lucha ideológica a través de los propósitos de los pueblos indígenas. A ello se suma la interceptación de comunicaciones de subversivos instruyendo sobre cómo realizar manifestaciones, y los testimonios de desmovilizados.
Pese a todas esas pruebas, el error del gobierno en el manejo del tema consiste en meter a los indígenas en el mismo ‘costal’ de la guerrilla; y darle un tratamiento policial y militar a un tema eminentemente social. Más aun cuando esas comunidades han dado ejemplo de resistencia a las Farc.
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