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"Da igual: con sanción o sin sanción, a uno la Policía le quita el cacho", así opina un hombre de 32 años, habitual consumidor de cigarrillos de marihuana al que no le preocupa que el gobierno, por tercera vez, busque sancionar el porte y el consumo de la dosis personal. Desde 1994 esta práctica entró en el reino de la legalidad, gracias a la polémica sentencia C-221 de la Corte Constitucional.
El tema es una obsesión del presidente Uribe. En 2003 su gobierno hizo el primer intento por penalizar la dosis personal en uno de los puntos del frustrado referendo, pero la propia Corte sacó la pregunta del cuestionario porque consideró que afectaba unidad en el articulado. Posteriormente, en la campaña presidencial, el presidente Uribe y su contendor Carlos Gaviria, hoy cabeza del Polo Democrático y quien como magistrado fue ponente de la sentencia que autorizó la dosis personal, tuvieron posiciones totalmente diferentes. Meses después, Carlos Holguín se estrenó como ministro del Interior con un proyecto de reforma que naufragó en el Congreso.
El nuevo intento se plantea de manera más estratégica. Ahora se busca reformar por acto legislativo el artículo 49 de la Constitución, referente a salud y saneamiento ambiental. Con ello el gobierno renuncia a discutir el tema del consumo personal de alucinógenos desde el punto de vista del libre desarrollo de la personalidad, y centra sus argumentos en el terreno de la salud pública. La tesis central es garantizar el deber que toda persona tiene a procurar el cuidado integral de su salud y el de la comunidad. El proyecto propone sanciones no restrictivas de la libertad. Sin embargo, pretende que sea el Congreso el que establezca tales sanciones.
Según Guillermo Reyes, viceministro del Interior, la despenalización de la dosis personal permitió que pequeños expendedores de droga hagan su agosto en colegios y otros lugares públicos. "Generalmente llevan sólo una dosis personal y eso nos impide judicializarlos". En igual sentido opina un agente de policía con 17 años de experiencia en el área metropolitana de Bogotá: "Hoy prácticamente todos los colegios tienen su surtidor de drogas". Este policía cree que acabar la permisividad de la dosis mínima les daría más claridad para actuar frente a un expendedor porque hoy en la práctica los agentes no tienen muy claro cómo hacerlo.
SEMANA consultó la opinión de varios consumidores, quienes señalan que esas prácticas efectivamente se dan, según ellos, porque a pesar de que hoy es legal, la Policía en ninguna circunstancia respeta el consumo y el porte de narcóticos en pequeñas cantidades. Estos consumidores sostienen que nunca molestan a nadie, pero que cada vez tienen que ir a lugares más recónditos para drogarse, ya que la Policía está atenta a descubrir sus puntos de encuentro para quitarles los narcóticos.
Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto augura un amplio y espinoso debate. En el Capitolio ya se empiezan a escuchar las primeras voces a favor y en contra. Y aunque las sanciones no privativas de la libertad serán definidas dentro de la propia discusión, es posible que de ser aprobada esta iniciativa, los consumidores deban realizar trabajo social no remunerado cada vez que sean sorprendidos portando o fumando el popular 'cacho'.
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