El chiste del millón de dólares

El fin del milenio marcó la dicha y la desgracia de uno de los hombres que hablan todos los días con el presidente Álvaro Uribe. En 1999 los medios escogieron como "el ministro del año" al hoy asesor presidencial para las comunicaciones, Jorge Mario Eastman. Un reconocimiento singular si se tiene en cuenta que sólo ocupó esa posición como encargado cuando era viceministro del Interior. Pero su liderazgo, en especial frente al terremoto de Armenia y a las tensiones sociales que se vivieron en ese año, catapultó su vida pública. "Por su capacidad conciliadora para dirimir situaciones de conflicto sin suscitar rechazos personales", rezaba uno de los elogios de un diario de la capital.

Pero a comienzos de ese mismo año, Eastman tomó contra un funcionario una decisión equivocada que ahora lo tiene en graves problemas. El Estado le acaba de pagar al afectado el equivalente a un millón de dólares y ahora se espera que el Estado comience una acción de repetición contra Eastman para que reponga esa indemnización.

Todo comenzó a finales de 1998, cuando el entonces presidente Andrés Pastrana viajó al sur del país. Una funcionaria de una entidad adscrita al Ministerio del Interior se ausentó de un comité en el que debía participar, con el pretexto de estar atenta a la comitiva presidencial, pues alardeaba de su supuesta cercanía con el mandatario.

Sus compañeros de reunión, que consideraban antipática esa actitud, decidieron hacerle una broma. Cinco de ellos, funcionarios de la mencionada entidad, escribieron un documento lleno de sarcasmos al que llamaron 'constancia'. En ella decían: "Se deja expresa constancia de que ante la inasistencia de la doctora (...) por cuanto se encontraba adelantando gestiones propias de las veleidades del poder, no fue posible realizar la reunión por demás decisiva (...) creando una situación de caos y parálisis similar a la que presenta el país, ante el desgobierno patrocinado por el doctor Andrés Pastrana Arango, indirecto causante de la situación específica de la entidad el día de hoy. Esperamos que la doctora, una vez finalice sus gestiones presidenciales y ministeriales, pueda brindarnos su indispensable y decisiva asesoría para poner en marcha esta entidad".

El documento llegó a las pocas horas a manos del viceministro Eastman, encargado del Ministerio. Éste llamó al jefe de los bromistas, le dijo que era un asunto grave y le exigió hacerle llegar en el transcurso de la siguiente hora las renuncias de todos los que habían firmado la llamada 'constancia'.

La orden no era fácil de cumplir. Si dejaban sus puestos, quedaba prácticamente desarticulada una oficina que cumplía una labor importante en una región específica del país, y los funcionarios habían demostrado cumplir bien su trabajo. Estos le escribieron a Eastman para explicarle que se trataba sólo de una chanza, que no buscaban ofender al gobierno, que todo era un malentendido, y pidieron una audiencia para, de ser necesario, explicarle personalmente lo sucedido.

El jefe de los funcionarios, entretanto, decidió desacatar la orden del viceministro porque consideró que la ley no le permitía sacarlos hasta que no se siguiera el proceso disciplinario. A los pocos días le llegó el decreto firmado por Eastman en el que lo declaraba insubsistente, algo que se entendió como una reacción a su desobediencia. El ahora asesor presidencial asegura que él no decidió retirar al funcionario. Que el propio Presidente y el ministro del Interior resolvieron tomar la medida por razones políticas.

El Consejo de Estado revisó en segunda instancia la demanda interpuesta por el empleado despedido y consideró que a pesar de que se trataba de un funcionario de libre nombramiento y remoción, "no había razón legal ni práctica alguna para que se prescindiera de sus servicios, pues la orden recibida por su superior era a todas luces improcedente e impertinente, ya que si la conducta de los funcionarios debía ser juzgada, no se les podía sancionar de plano a través de la exigencia de la renuncia, máxime que se trataba de funcionarios claves para el buen funcionamiento de la corporación (...) al punto que era catalogada por las comunidades beneficiadas como un modelo de organización estatal".

El tribunal consideró que Eastman incurrió en una figura que se llama desviación de poder, que consiste en usarlo para algo que no le está permitido. Por ello ordenó reintegrar al funcionario a su cargo y pagarle todos los salarios dejados de recibir con su correspondiente indexación e intereses. Es así como éste se encuentra de regreso en su puesto ya hace un tiempo, y la noticia más reciente es que el Estado acaba de pagar la cuantiosa condena por perjuicios. Dinero que el funcionario ni siquiera disfrutó completo pues buena parte se le fue en pagar impuestos, abogados y deudas acumuladas como las de seguridad social.

Lo malo para Eastman es que la ley obliga a repetir contra la persona responsable los dineros que por su culpa tuvo que pagar el Estado. "La condena fue contra el Estado y no contra mí, y nunca fui escuchado en el proceso", sostiene el consejero presidencial. Dice que la repetición sólo procede si hay dolo o culpa grave y que cuando conoció la sentencia, le ofreció su renuncia al presidente Uribe para que no hubiera comentarios sobre injerencia indebida, pero no se la aceptó. "Lamento que el Consejo de Estado no haya entendido el contexto en el que se dio la decisión de retirar el funcionario y que ésta no se dio por algo personal. De hecho, tengo todavía la mejor opinión de él", dice. Aun así, el comité creado para estudiar el caso avanza en la labor de recolectar información "con el fin de confirmar la procedencia o improcedencia de la acción de repetición". Un trago amargo sin duda para un funcionario que, por lo demás, tiene una destacada hoja de vida.

8 de 10

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