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Desde hace un año, cuando esta revista destapó y lideró las denuncias sobre las interceptaciones ilegales del DAS, el escándalo ha pasado por varias etapas. La primera de negación, la segunda de preocupación y una tercera de indignación. A pesar de los reiterados intentos por minimizar el escándalo desde diferentes sectores, hoy el país ya ha conocido gran parte de la verdad. Las investigaciones de la Fiscalía han demostrado que centenares de teléfonos de magistrados, periodistas, opositores y defensores de derechos humanos fueron 'chuzados' clandestinamente, se escarbaron cuentas bancarias, se husmearon transacciones financieras, se hicieron seguimientos y hasta se adelantaron campañas de desprestigio, que hoy tienen a 18 ex funcionarios de esa entidad en la cárcel y a otra media docena más en investigación, incluidos tres ex directores de esa entidad.
La investigación de la Fiscalía, que corroboró las denuncias periodísticas de SEMANA, ha avanzado especialmente en los últimos meses, gracias en gran medida a la labor de los dos fiscales delegados ante la Corte Suprema. Hoy, una de las pocas cosas que faltan por determinar es quién dio las órdenes a los funcionarios del DAS. Y ya se empiezan a dar las primeras puntadas.
Sobre todo gracias a seis testigos claves que no solo tienen información valiosa sino que fueron testigos de excepción sobre las razones por las que el DAS terminó metido en esta gigantesca operación de espionaje. La mayoría de ellos, con los que SEMANA habló, apuntan a funcionarios de la Casa de Nariño.
El más reciente de estos testigos decidió acogerse al principio de oportunidad, y a finales de la semana pasada empezó a contarle a la Fiscalía lo que sabía. El funcionario, cuyo nombre SEMANA se abstiene de revelar por razones de seguridad, trabajó en la Subdirección de Análisis de la entidad. "Recibí órdenes que tenían como objetivo trabajar temas que fueran sensibles para el gobierno. Ese comenzó en forma en 2007.Para ese año muchos de los esfuerzos y recursos que se aplicaban para control de ONG, oposición y algunos periodistas se reenfocaron a raíz de la parapolítica. Lo primero, por instrucciones del jefe de contrainteligencia, capitán Lagos, era saber en qué iban y a quién salpicaban exactamente los procesos de para política -explica el ex funcionario-. Para eso la única forma era 'trabajar' a la Corte. Se diseñaron labores de monitoreo de comunicaciones y vigilancia. Se buscaba saber con quién hablaban los magistrados y qué decían los testigos sobre algunos políticos que pudieran salpicar al gobierno. Se elaboraban perfiles de los testigos y se trataba de conseguir incluso apartes de los expedientes. Con gente nuestra y otros a los que se les pagaba desde fuentes humanas se trataba de grabar o conocer qué se discutía en las reuniones de los magistrados (ver artículo siguiente). Algunos de los audios de esas reuniones se destruían después de oírlos y desgrabarlos. Otros los tengo guardados porque eran mi seguro de vida. En la mayoría de las ocasiones esa información, ya procesada, la manejaba con los de inteligencia o el director del Departamento. Allí se definía cuál de esa información debía ir a la Casa de Nariño. Yo personalmente, siguiendo instrucciones, entregué datos sobre esos temas, como por ejemplo, el caso de Mario Uribe, al secretario general, Moreno, y al jurídico, Edmundo del Castillo. Si no las han desaparecido en Palacio, tienen que estar registradas mis entradas", afirma el ex funcionario.
Una semana antes, a comienzos de mayo pasado, otro ex miembro del DAS, que trabajó en la Subdirección de Contrainteligencia, ya había también empezado a contarle a la Fiscalía lo que sabía sobre el caso. "Entre 2008 y 2009 fui por lo menos en ocho oportunidades a la Casa de Nariño para llevar y recibir información, y me reuní en otras tantas con funcionarios de allá. Entre las labores que se realizaron, el señor Moreno en una ocasión me pidió monitorear y hacer un análisis sobre cómo votarían algunos políticos el tema del referendo. Yo le entregué algunas transcripciones sobre conversaciones de algunos de los que no estaban a favor del referendo. Por las órdenes posteriores que recibí, esas no directas de alguien de Casa de Nariño, pero sí solicitadas por ellos a mis superiores, se buscaron elementos, cuentas, contratos o actos de corrupción de algunos políticos para convencerlos por "las buenas" de votar. Entre lo que hay está, por ejemplo, lo que se descubrió sobre Javier Cáceres y sus negocios en Etesa. En anticorrupción del DAS había una investigación que se venía adelantando sobre eso. Lo que se hizo fue entregar eso a Palacio y allá le dieron manejo", explicó a SEMANA el funcionario, que fue uno de los hombres de mayor confianza del ex jefe de contrainteligencia Jorge Lagos.
En la semana de Navidad del año pasado, otro funcionario ya había contado también a la justicia parte de lo que venía ocurriendo en el DAS. "A mí no me tocó directamente el tema de la Corte ni nada de eso. Los blancos que me asignaron a mí tenían que ver más con políticos, especialmente del oriente del país. Allá, con equipos tácticos asignados a una misión legítima, que era relacionada con narcos, se terminó interceptando comunicaciones de políticos, empresarios, entre otros. Se sabía, por ejemplo, que el político X tenía vínculos con el narco Y. Eso se mandaba a Bogotá o directamente se le caía al político para que hiciera lo que necesitaba", contó entre muchas otras cosas este funcionario asignado al llamado Grupo Especial de Inteligencia (GEI).
Estos tres son los que ya han hablado con la justicia, entregando importante información. Sin embargo, a las contundentes declaraciones en las próximas semanas se sumaran las de por lo menos otros tres funcionarios activos que hablaron con SEMANA. "Yo estuve en la DGO (Dirección General Operativa). Por instrucciones de la directora del DAS, del jefe de contrainteligencia y en algunas ocasiones por instrucciones de la Subdirección de Operaciones, acudí y entregué informes a la Casa de Nariño. A los informes legales, en los que iba, por ejemplo, análisis de orden público, se les pegaban los informes de otras cosas no tan legales. A mí me tocó, por ejemplo, entregar todo el trabajo de seguimientos y rastreos de cuentas que se hizo cuando estaba estallando el escándalo de la yidispolítica. Ahí están las cuentas y toda la vida, obra y milagros de Yidis, Teodolindo y O'meara, entre otros. Se hicieron varias entregas. Parte de esa información la pidió contra la Uiaf y me la dieron para ser, a su vez, entregada al secretario general (ver documentos). Otras simplemente se dejaban en CD en la Oficina de Seguridad de Palacio y de Prensa para que se las dieran. No pueden negar que yo di eso. Tengo las firmas de recibidos cuando di eso, y en su momento lo entregaré a la Fiscalía", dijo a esta revista otro de los detectives que han decidido colaborar con la Justicia.
"El caos interno y la falta de control hicieron que muchos termináramos siguiendo órdenes directas de gente de Palacio. Aunque yo trabajaba en inteligencia, tenía instrucciones de colaborar en todo lo que se pidiera de Palacio. Tengo, por ejemplo, grabado cuando el secretario Moreno y Del Castillo me presentaron a unos abogados importantes que llevaban procesos y ayudaban a gente del gobierno, quienes necesitaban que les diéramos las sábanas (registro de números) de los celulares de otros abogados e investigadores para saber si habían conversado. Obviamente también solicitaron ayuda para monitorear números de magistrados que llevaban casos claves. Cuando se hizo eso, personalmente entregué esa información a las personas que el secretario general me presentó y me ordenó dárselas", contó a SEMANA otro funcionario activo del DAS que entregará su testimonio y las pruebas que tiene a la Fiscalía.
Estos son tan solo algunos de los testigos claves que están empezando a aparecer hasta ahora y cuya información tendrá que ser valorada por la Fiscalía. Aunque algunos funcionarios de la Casa de Nariño consultados sobre el tema negaron haber participado en las reuniones que describen los testigos, afirmaron que por ahora no se pronunciarán sobre el tema ya que prefieren que sea la Fiscalía la que determine la veracidad o no de los testigos y las evidencias. Aunque es claro que no todos los funcionarios de Palacio tendrían la misma responsabilidad de comprobarse esas acciones ilegales, el asunto sin duda deja un muy mal sabor sobre lo que hicieron algunos desde la sede presidencial al usar al DAS como una policía política.
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