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Fue un evento políticamente correcto. La semana pasada, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr) logró convocar a más de 350 personas que, expectantes, se reunieron para conocer el documento "Recomendación de criterios de reparación y de proporcionalidad restaurativa". La importancia de este texto es que busca ser el marco con el que los jueces de Justicia y Paz actuarán para reconocer y compensar a las víctimas de la violencia paramilitar.
Uno a uno, los miembros de la mesa principal saludaban a sus vecinos de puesto y a los delegados internacionales que veían en el público. Luego hablaban de las bondades de la reparación y del proceso con los paramilitares. Todo estuvo calculado. Hasta hubo víctimas para mostrar. Estuvieron los niños de Batuta, grupo musical integrado por niños afectados por la violencia. También hubo otras víctimas que presentaron como de la Fundación Germinar. Estos, de aspecto sencillo que contrastaban con la apariencia de cientos de encorbatados, tenían la labor simbólica de entregar el documento a los magistrados de los tribunales de Justicia y Paz. Mientras esto sucedía, uno de los organizadores orientaba a los fotógrafos y a los camarógrafos para que se ubicaran en el lugar desde donde podían lograr un mejor ángulo para una buena foto.
Este acto simbólico y tanto protocolo despertaron comentarios entre varios de los asistentes. Era difícil dejar de contrastar esta situación con la actitud de la magistrada María González, presidenta del Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, quien antes de hablar pidió un minuto de silencio por las víctimas.
El presidente de la Cnrr, Eduardo Pizarro, ha explicado en diferentes escenarios que una gran responsabilidad de esta Comisión es administrar las expectativas: "Si la expectativa que se genera es muy baja, la gente se desanima. Si es muy alta, la gente se frustra. No se puede ofrecer lo que no se puede cumplir", ha dicho. Y quizás un poco de esto fue lo que pasó en el evento. Se esperaban más hechos y decisiones, que discursos y loas.
La gente espera con ansiedad que se definan medidas concretas de reparación. Cada día aparecen más y más víctimas (ya hay registros de cerca de 50.000) y aún no hay claridad sobre lo que va a pasar, ni sobre el proceso.
La importancia del documento lanzado es que se construyó en consenso entre los diferentes sectores representados en la Cnrr. Allí están gobierno, organizaciones de víctimas y organismos de control, entre otros. Además, recoge la jurisprudencia internacional en la materia. Incluso en temas tan polémicos como que la reparación no se hará sólo con los bienes que entreguen los paramilitares, sino también por vía administrativa. Es decir que se propone que con los impuestos de los colombianos se paguen las consecuencias de las masacres de los paramilitares.
La inquietud es si el documento será obligatorio para los jueces. Es aquí donde se exacerban las posiciones jurídicas de lado y lado. Desde los que dicen que para eso están la Constitución y la ley, hasta los que están convencidos de que será la 'Biblia' de los jueces. ¿Carta de navegación o saludo a la bandera?
Este tipo de textos es clave en el difícil camino de la reconciliación y la reparación. Así mismo lo es que no haya ninguna duda en los mensajes que mande la Comisión con cada paso que dé. Más en un proceso sui generis que se adelanta en medio de un conflicto que aún no termina. "Acá tenemos que diseñar un proceso de reparación a la colombiana", dice Pizarro. Pero como en el pasado muchas cosas hechas de esa manera se han quedado sólo en una buena foto, nadie sabe si las nobles intenciones del documento se convertirán en realidad.
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