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martes, 14 de febrero de 2012

Colombianos sin tierra, el nuevo desafío del gobierno

El presidente Juan Manuel Santos en la presentación de la Política Integral de Tierras en Barrancabermeja.
EFE.El presidente Juan Manuel Santos en la presentación de la Política Integral de Tierras en Barrancabermeja.
NACIÓNLa tierra, una de las razones más importantes por las que se desatan las guerras en el mundo, por fin es un tema de primera en la agenda del gobierno nacional. Así fue el lanzamiento del proyecto que busca devolver unos 2 millones de hectáreas a víctimas del conflicto.
Sábado 4 Septiembre 2010
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Nació y se crió entre cabras, puercos, perros, gallinas y su mamá. Cuando su madre murió, éste quedó huérfano y solo. Con lo que ganaba del trabajo de la tierra y sus ahorros logró reunir para comprar su terruño. Pero la muerte le ganó. “Quedó tieso y frío” antes de ver su sueño realidad: tener la tierrita para él y su mujer.

La historia de “Siervo sin Tierra” de Eduardo Caballero Calderón puede cambiar de nombre un millón de veces y será la misma de los miles de desplazados en Colombia que tuvieron que dejarlo todo por causa de la violencia.

El paramilitarismo, la guerrilla y en general la violencia en Colombia han dejado generaciones de desterrados como Siervo que muy difícilmente recuperarán lo suyo. Sin embargo, un intento por recompensar a los campesinos que perdieron sus terrenos vio la luz este viernes: el proyecto de restitución de tierras impulsado por el gobierno nacional.

El presidente Juan Manuel Santos, acompañado de miembros de su gabinete, junto con la Comisión Nacional de Reparación y otras entidades, lanzó dicho proyecto en Barrancabermeja, una ciudad emblemática del Magdalena Medio que durante muchos años ha padecido la violencia de distintos grupos armados ilegales.

“Este es el mejor programa de paz y reconciliación que pueda hacer Colombia”, dijo el presidente Santos.

En un acto simbólico, el Presidente entregó el título de propiedad de una finca de 1.600 hectáreas a dos representantes de una comunidad integrada por 400 familias de Simití, en el Sur de Bolívar. Estas tierras eran de propiedad de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’, un poderoso paramilitar que azotó la región y que fue extraditado a Estados Unidos en 2008.

La finca está sembrada actualmente de palma y será administrada por el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio que dirige el padre Francisco de Roux, un reconocido líder de la región y defensor de los derechos humanos.

Colombia, con unas 114 millones de hectáreas, apenas utiliza en actividades agrícolas unas 4,9 millones de hectáreas, cuando se calcula que 21,5 millones hectáreas se pueden dedicar a tales fines.

“El mercado de capitales no puede ver a los campesinos como vendedores de tierra barata”, agregó el mandatario de los colombianos al explicar que la fuerza campesina tiene que ser una locomotora importante para la economía del país.
Dicho proyecto pasará además por el Legislativo en los próximos días para facilitar que las fincas, los cultivos, las haciendas y los lotes sean devueltos a las víctimas sin tantas trabas: “Es la puesta en marcha de todos los mecanismos políticos, jurídicos y financieros para saldar una inmensa deuda que el Estado colombiano tiene con muchas víctimas”, aseguró el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, luego de aclarar que el gobierno tiene planeado entregar unas 2 millones de hectáreas de tierra en el próximo cuatrienio.

Los restituidos

Mario de Jesús Ocampo hace parte de la comunidad que vino a recibir, de manos del Presidente, las tierras. Sin embargo, su esperanza es moderada. Dice que ni él, ni los campesinos que lo acompañan en esta “campaña” de restitución permitirán que les entreguen únicamente la administración de los terrenos. “A nosotros nos sirve la titulación, no que nos den un pedazo que es nuestro, pero que al mismo tiempo no lo es”, dijo a Semana.com.

Igual que él, David Nova, de una agremiación que proviene de los municipios de San Blas, Monterrey y Paraíso, en Bolívar, cree que lo importante es reparar con nombre propio, es decir, que los campesinos sean los dueños únicos de estas tierras. “De todas formas esto es importante. Que el Presidente y los ministros vengan y se den cuenta de lo que hay, de quiénes somos y de lo que somos capaces de hacer”, dice.

La Comisión de Reparación y Reconciliación calcula que alrededor de 3,5 millones de personas, o unas 750.000 familias, debieron abandonar o fueron despojadas de entre cuatro y cinco millones de hectáreas en los últimos años.



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