Domingo, 22 de enero de 2017

| 2010/06/23 00:00

Arduo trabajo en derechos humanos le espera al Vicepresidente

Angelino Garzón está empapándose de los problemas que tiene que solucionar en los próximos cuatro años. Este jueves, se reunió con representantes de la ONU, entre otras cosas, para hablar de los desafíos que le esperan en la materia. Así vio Naciones Unidas el respeto por las garantías de los colombianos en 2009.

A Naciones Unidas le preocupa la violencia contra los indígenas colombianos. Angelino Garzón, como vicepresidente, debe asesorar el diseño de políticas que eviten el sufrimiento de estos pueblos.

El próximo vicepresidente de la República, Angelino Garzón, tiene entre sus muchas funciones la de asesorar al Presidente en la adopción de políticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Para hacerlo, antes de posicionarse en su cargo está empapándose de lo que pasa, y estableciendo contactos con quienes tendrá que trabajar durante el gobierno de Santos.

Por eso, se reunió este jueves con Christian Salazar, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El encuentro, según Garzón, estaba programado para hablar sobre varios temas, entre los que se encuentran los desafíos que le esperan para mejorar la situación de derechos humanos en el país.

Aunque la ONU reconoce algunas mejoras en la materia, tiene un preocupante panorama que plantea muchos retos. En el último informe anual, el de 2009, el organismo se mostró alarmado por las interceptaciones y los seguimientos ilegales que agentes del DAS les hicieron a defensores de derechos humanos, políticos de la oposición, funcionarios de la justicia, periodistas y altos funcionarios del Gobierno como el Vicepresidente.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un Relator Especial de las Naciones Unidas y la oficina en Colombia fueron también objeto de vigilancia. Estas acciones, en muchos casos, tenían como objetivo neutralizar las labores desarrolladas por las víctimas, a quienes se consideraba “blancos legítimos” por ser potenciales opositoras de las políticas gubernamentales”, dice en el informe.

En el documento, también se lee que “las acciones ilegales incluyeron interceptaciones de teléfonos y correos electrónicos, seguimientos, hostigamientos y amenazas, robos de información e ingresos ilegales a oficinas y domicilios. Esto provocó un clima de miedo e inseguridad y, en algunas ocasiones, sabotaje y descrédito del trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos. Las acciones contra las mujeres incluyeron amenazas directas contra sus hijos y sus hijas, en ocasiones con manifiesto contenido sexual violento”.

Estas conductas vulneran el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques”.

Violencia contra activistas y sindicalistas

Pero esta no es la única forma como se han vulnerado los derechos de los defensores. “La oficina en Colombia constató un aumento de las intimidaciones y las amenazas de muerte a través de panfletos y correos electrónicos contra defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y comunitarios y miembros de otros grupos marginados”, dice el informe de la ONU. Esto, para el organismo, merece especial preocupación.

Igualmente, en el documento se hace una mención especial a la violencia contra homosexuales y activistas que promueven sus derechos y los de las víctimas que buscan recuperar sus tierras después de haber sido desplazadas o que se oponen a abandonar sus lugares de vivienda ante las presiones de grupos armados.

Según la ONU, los ataques contra las personas LGBT aumentaron en Bogotá, Cali, Medellín y Cúcuta, mientras la Corte Constitucional, en su sentencia C-029 de 2009, subrayó la falta de protección de las parejas del mismo sexo.

A menudo, estos líderes reciben señalamientos, incluso, por empleados estatales. Al respecto, “la oficina en Colombia ve con preocupación que algunos funcionarios, civiles y militares han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y las defensoras y pueden limitar sus actividades, lo que provoca autocensura y profundiza la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil”, dice el informe.

Ejecuciones arbitrarias

Respecto a los civiles muertos por militares y presentados como bajas en combate, la ONU resaltó una disminución en las quejas recibidas entre 2008 y 2009. Según se lee en el documento, en 2009, la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía registró siete casos, frente a 144 de 2008 y 464 de 2007.

La ONU vio con satisfacción las políticas emitidas por el Gobierno para evitar que miembros de las fuerzas militares participaran de crímenes de personas inocentes para presentarlas como logros en la guerra. Pero también tuvo en cuenta que “el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, durante su visita en junio de 2009, reconoció los esfuerzos realizados por el Gobierno, al tiempo que expresó preocupación por la brecha existente entre las políticas y su aplicación”.

Respecto a las declaraciones que han dado altos mandos militares y funcionarios del Gobierno en cuanto a que la gran cantidad de denuncias sobre ejecuciones son mentiras que buscan cuestionar las operaciones militares, la ONU consideró que “las 109 resoluciones de acusación formuladas, los 38 casos con condena y las tres sentencias absolutorias en este tema ponen en entredicho tales señalamientos, al menos en algunos casos”.

Violencia sexual

Respecto a los casos de violencia sexual cometidos por los actores armados, la ONU dice que las cifras “siguen siendo incompletas y segmentadas”. Sin embargo, tiene en cuenta los datos de Medicina Legal, que dicen que en 2000 se registraron 12.732 casos y para 2008 aumentaron a 21.202.

“Resulta especialmente preocupante constatar que en casi el 86 por ciento de estos casos, las víctimas eran niñas, en su mayoría de entre 10 y 14 años”, resalta el documento.

Para la ONU, es alarmante la gran cantidad de casos de violencia sexual contra mujeres y niñas recibidos el año pasado, en los que los presuntos responsables son las Farc y paramilitares rearmados, que hasta han creado redes de prostitución, trata de personas y esclavitud sexual “en algunas ocasiones con la tolerancia, e incluso colaboración, de algunos miembros de la Policía Nacional, particularmente en Medellín”.

Algunas denuncias señalan como posibles responsables de las violaciones sexuales a miembros de la fuerza pública en Antioquia, Arauca, Bogotá, Bolívar, Cesar, Chocó y Guaviare. Por lo general, dice la ONU, sus víctimas eran niñas.

Tortura

“Colombia sigue sin contar con una fuente confiable de cifras oficiales sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los datos existentes no parecen reflejar ni la magnitud del problema ni su real impacto. El temor de las víctimas a represalias, la falta de confianza en las instituciones, la ausencia de acompañamiento legal y sicosocial apropiados, la falta de medidas de protección adecuadas y diferenciadas y la estigmatización social de las víctimas, son factores que dificultan la plena comprensión de la magnitud del problema”, dice el organismo internacional en su informe.

La ONU registró que en 2009, la Fiscalía estaba investigando 10.545 casos de tortura física y sicológica que se practicaron en concurso con otros crímenes como desaparición forzada, secuestro y violencia sexual. “Algunos grupos sociales son particularmente vulnerables a la tortura, como las mujeres, los niños y niñas, jóvenes, personas privadas de libertad y personas LGBT, especialmente en Antioquia”, dice la ONU.

Desaparición Forzada

En su último informe sobre los derechos humanos en Colombia, Naciones Unidas dijo que a diciembre de 2009, el Registro Nacional de Desaparecidos había identificado 37.300 casos, “de los cuales casi 10.000 correspondían a casos de desaparición forzada”.

La ONU registró que la mayoría de estos hechos permanece en la impunidad y aún no se han identificado ni los responsables ni los motivos para desaparecer a esas personas. “En el marco de la lucha contra bandas de criminalidad organizada, especialmente en Medellín, se han reportado casos de desaparición forzada atribuidos a la Policía Nacional”.

De acuerdo con la información que se tiene, “las víctimas de desaparición forzada siguen siendo principalmente hombres jóvenes de escasos recursos o desempleados y habitantes de áreas urbanas marginales o zonas rurales aisladas”, registra la ONU.

Derecho Internacional Humanitario

Durante 2009, se atribuyó a las Farc y al ELN un número elevado de homicidios de personas civiles, dice la ONU. Particularmente, el organismo mostró preocupación por el incremento de muertes violentas de indígenas, que aumentó el año pasado en 63 por ciento en relación con 2008. “Además, sus líderes, y representantes fueron víctimas frecuentes de señalamientos y amenazas. Algunas de las comunidades más afectadas se encuentran en Antioquia, Caldas, Cauca, Nariño y Putumayo”.

La ONU registró que la fuerza pública, particularmente el Ejército, fue señalada como responsable de algunas violaciones al DIH. “Se registraron homicidios; ataques indiscriminados; desplazamientos forzados; actos de pillaje, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes; amenazas e impedimentos arbitrarios al libre tránsito de personas y bienes. En ocasiones, las restricciones a la circulación de alimentos pudieron haber afectado los niveles de desnutrición de la población, particularmente en la niñez”, dice el informe.

El documento registró también que “miembros de la fuerza pública continúan ocupando ocasionalmente escuelas, viviendas u otros bienes civiles, y ubicando puestos militares a su alrededor. En la medida en que son decisiones deliberadas, es necesario revisar minuciosamente las causas que llevan a las unidades operativas en el terreno a ignorar la capacitación recibida en derecho internacional humanitario y a incumplir las directivas ministeriales y del Alto Mando Militar”. En esas acciones, según la ONU, los militares se han involucrado en la vida cotidiana de la gente hasta el punto de utilizar niños para actividades de inteligencia o acciones militares.

Desplazamiento forzado

“Se registraron desplazamientos forzados en casi todo el territorio nacional, siendo más frecuentes en aquellas zonas donde se desarrollan hostilidades. En 2009, el impacto de los desplazamientos forzados provocados por grupos armados ilegales surgidos del proceso de desmovilización de organizaciones paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Nariño fue particularmente preocupante”, registró la ONU en su informe.

Entre las razones de los desplazamientos, el organismo enumera el despojo de tierras, que siguen en poder de los victimarios y sus testaferros. “Además, es de suma preocupación que se registren numerosas amenazas y asesinatos contra personas que lideran o participan en procesos de restitución de tierras”, dice el informe.

Ese es el más reciente panorama de derechos humanos en Colombia que ha expuesto Naciones Unidas. El vicepresidente electo ya debe conocerlo y sabe que le espera bastante trabajo para los próximos cuatro años.

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