Asesinados otros dos indígenas Awá

Hacia las 3 de la tarde de este domingo, Ernesto Jiménez, del resguardo Alto Ulbi Nulaibí, estaba con sus familiares y amigos afuera de su casa, ubicada en el kilómetro 98 de la vía que conduce de Pasto a Tumaco, cerca del municipio de El Diviso (Nariño).

Por esa zona, dicen autoridades indígenas, vienen transitando últimamente vehículos con vidrios polarizados y sin placas. En ellos, viajan personas que no se conocen en la región. De una de esas camionetas descendieron unos hombres vestidos de civil y se llevaron a Ernesto. Al rato, se escucharon disparos.

El cadáver de Ernesto fue trasladado esa misma noche a la morgue de Pasto. Pero el terror para los Awá no terminó ahí. A las 10 de la noche, Claudio Nastacuas, un joven de 24 años, fue abordado por personas vestidas de civil cerca de su casa, en el municipio de El Diviso. Se sabe que murió y que su cadáver permanece en la comunidad, pero las autoridades indígenas no conocen exactamente cómo ocurrió la muerte, según dijeron a Semana.com.

Con estos dos últimos hechos de violencia contra los Awá ya suman cuatro en los que han muerto 29 indígenas en menos de dos semanas. Veintiocho de ellos murieron en dos masacres recientes (ver artículo).

En reacción el gobierno ha querido fortalecer la presencia militar en la zona. “El Ejército de la Patria es para todos los colombianos. Hemos pedido fortalecer toda la acción militar en ese Pacífico para proteger a nuestros compatriotas indígenas y a la comunidad Awá”, dijo el presidente Álvaro Uribe el sábado en el consejo comunal en Samacá (Boyacá). Y anunció que nombró a un coronel del Ejército para que construya confianza entre los indígenas y la Fuerza Pública.

Pero los indígenas han insistido en que sus relaciones con el Ejército pueden ser perjudiciales. “En esta guerra, la seguridad no la va a garantizar el Ejército porque él no permanece ahí. Se queda un rato y luego se va. La única seguridad es que el Ejército entre, pero respete a la población civil”, dice Luis Evelis Andrade, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).

Los indígenas prefieren no comprometerse con ninguno de los actores del conflicto, que son varios en esa región de Nariño. Allí está la Fuerza Pública haciéndole frente a grupos ilegales como las Farc, el Eln, paramilitares como las Autodefensas Campesinas de Nariño (Aucn) y Águilas Negras, más el grupo Los Rastrojos, que está al servicio del narcotráfico.

De acuerdo con una nota emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 8 de enero, “los grupos armados saben que para controlar un territorio, el método más efectivo es hacer demostraciones de poder mediante el uso de la violencia. Esto significa doblegar la resistencia de los pobladores para imponer pautas de conducta que determinen el reconocimiento de su autoridad”.

Y lo que está pasando en Nariño, con tantos grupos en disputa, parece obedecer a que “cuando en el territorio actúa un solo grupo armado, su poder de subyugación se puede homogeneizar con mayor prontitud. Si el territorio se convierte en un espacio de disputa y confrontación, es preciso romper violentamente las reglas y pautas establecidas por el grupo armado predominante”, según la nota emitida por la Defensoría, con la que buscaba alertar a las autoridades para prevenir, precisamente, las muertes que han ocurrido.

Entonces si la guerrilla percibe o intuye, con razón o sin ésta, que los indígenas le están colaborando al Ejército, o a otro de sus enemigos, salen a violentarlos, y el Ejército no tiene aún el suficiente control ni confianza en la población como para garantizar su debida protección.  

Según el gobernador de Nariño, Antonio Navarro, esa situación de estigmatizaciones entre los actores del conflicto viene afectando a los indígenas Awá desde hace varios años. La situación se presenta en varias zonas del departamento, donde viven 30 mil indígenas de este pueblo.

Pero, ¿para qué masacran a los Awá? La respuesta que da el Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Cauca (Acín) se sustenta en los intereses económicos que hay en una región entre los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Samaniego y Ricaurte, donde han ocurrido las muertes de todos estos días.

El principal y más lucrativo negocio de todos es el narcotráfico, y los grupos armados ilegales se disputan el control de los cultivos y las rutas de salida al Pacífico. Pero también los habitantes aseguran que los proyectos legales para plantar de caucho y palma de aceite también han generado desplazamiento y violencia. Hay además allí, zonas mineras, proyectos de infraestructura que atraviesan territorios indígenas y hasta planes de proyectos turísticos.