Lunes, 23 de enero de 2017

| 2009/08/07 00:00

Asesinatos de indígenas de Cauca y Putumayo denuncia la Defensoría

Asesinatos de indígenas de Cauca y Putumayo denuncia la Defensoría

El Defensor del Pueblo hizo un llamado urgente a las autoridades del Estado colombiano para que se garantice la efectiva protección de los derechos fundamentales de los líderes de los Pueblos Indígenas del país, y denunció el asesinato de varios dirigentes de las Comunidades Indígenas en los Departamentos del Putumayo y el Cauca.

Entre los hechos de violencia sobre los que puso en alerta la Defensoría, están: 

PUTUMAYO:
2 de agosto de 2009: Homicidio del Líder Indígena del Putumayo EDILBERTO IMBACHI MUTUMBAJOY, reconocido dirigente que se había desempeñado como directivo de la Organización Zonal Indígena del Putumayo-OZIP, de la Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC y de la Organización Indígena de la Amazonía Colombiana - OPIAC, quien fue asesinado por desconocidos dentro del Resguardo Indígena de Puerto Rosario. Este líder indígena  adelantaba conjuntamente con las Autoridades Tradicionales de su comunidad, un proceso de protección de los territorios colectivos del Pueblo Inga a través de diferentes acciones de concertación con entidades del Gobierno nacional.

CAUCA:
26 de julio de 2009: La muerte violenta de ARNULFO PALACIOS CONDA, del  resguardo de López Adentro, quien fue asesinado por hombres encapuchados el día en la vereda Guabito.

Ese mismo día se reportó el secuestro y desaparición de JESUS DARIO FERNANDEZ  y su esposa YURI CAROLINA ROMERO, en en el municipio de Santander de Quilichao.

31 de julio: La muerte de JOSE WILSON RAMON VIVAS asesinado dentro de su vivienda en el municipio de Caloto.

2 de agosto: Homicidio de LUIS ANTONIO SANCHEZ e HIGINIO SANCHEZ GALLEGO, comuneros del Resguardo de Polindara, en la vereda el Bao.

3 de agosto: HORACIO PUAMA QUIRO del pueblo Eperara – Siapidara, quien fue asesinado con arma corto punzante el día 3 de agosto en la cabecera municipal de Timbiquí, miembro de la comunidad de la vereda Peña Tigre, quien había sido víctima de desplazamiento forzado.

Semana.com denunció a principios de julio la difícil situación en la que se encuentran las comunidades indígenas del norte del Cauca, presas en el fuego cruzado entre la fuerza pública y la guerrilla. Igualmente las amenazas de las Farc contra los líderes indígenas que han impulsado la iniciativa de sacar de sus resguardos campamentos, laboratorios de drogas y caletas de armas y explosivos. Lea aquí la crónica "Indígenas desafían al narcotráfico" y vea los videos:  http://www.semana.com/noticias-conflicto-armado/indigenas-desafian-narcotrafico/126360.aspx

En un comunicado, el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, condenó ayer de manera enérgica estos actos de violencia, “que ponen en riesgo la pervivencia física y cultural de los Pueblos Indígenas de Colombia”, según dijo Pérez.

En su visita a Colombia el pasado mes de julio, el Relator Especial para Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, Sr. James Anaya, en el informe de conclusión expresó “(...) su extrema preocupación que los grupos armados ilegales…parecen desconocer por completo los estándares de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según información recibida, estos grupos son los principales responsables de asesinatos de indígenas y otros graves crímenes, que afectan desproporcionadamente a los Pueblos Indígenas.” 

El Defensor  añadió que “persisten alegaciones de (violaciones) derechos humanos por miembros de la Fuerza Pública y que siguen sin ser resueltos varios casos con victimas indígenas. También urge a la Fuerza Pública a respetar la autonomía de los Pueblos Indígenas y concertar con las Autoridades Indígenas las condiciones de cualquier presencia necesaria en sus territorios”.

En este sentido, el Defensor del Pueblo instó a las distintas dependencias del Estado a concretar de manera urgente la implementación de los Planes de Salvaguarda Etnica ordenados por la Corte Constitucional mediante el Auto No. 004 de 2009, buscando desarrollar acciones efectivas de protección de los líderes y autoridades indígenas amenazados y en alto riesgo de vulnerabilidad de sus derechos. 

De igual manera, reclamó de los grupos armados al margen de la ley, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario y  sustraer a los pueblos indígenas de la dinámica de la confrontación armada respetándoles su condición de miembros de la población civil.

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