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| 9/24/2008 12:00:00 AM

Bulla y realidad en el debate sobre las Farc en la U

Las autoridades sí están compilando información grave sobre la infiltración de la guerrilla en las universidades, pero mientras no tengan pruebas judiciales concretas contra los culpables, no se puede andar señalando de terrorista a cuánto estudiante proteste contra el sistema.

La bulla que armaron la semana pasada los videos revelados por la senadora Gina Parody se quedaron en eso. En bulla. Las grabaciones que mostraban encapuchados en la Universidad Distrital de Bogotá alegando contra el gobierno frente a un grupo de primíparos y con un discurso afín a la guerrilla de las Farc, parece que sólo sirvió para hacerle un debate insípido en el Concejo de Bogotá al rector de esa institución, Carlos Ossa Escobar, por asistir sin hacer nada a un acto como este.
 
El problema de fondo no es que cuatro o cinco muchachos se pongan pasamontañas de lana, vistan camisetas del ‘Che’, digan “abajo el establecimiento” y rajen del presidente Álvaro Uribe y su gobierno por estar puyando el TLC en Washington. Lo que sería preocupante es que las autoridades pudieran demostrar si hay guerrilleros camuflados de estudiantes, o que hay estudiantes que le ayudan a la guerrilla a cometer sus actos contra la población. Y eso todavía está por verse.

Investigaciones de la Policía y del DAS están develando la posible mano de las Farc en colegios y universidades, pero aún no han podido conseguir suficientes pruebas para judicializar a los cómplices con nombre y apellido.

Sostienen que las Farc están armando una “línea insurreccional armada” en 12 universidades de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, el Eje Cafetero y Barranquilla y, que a pesar de la persecución intensa que hoy soportan en las selvas, pueden mandar plata a las ciudades para apoyar las actividades en los núcleos universitarios. También dicen que han constatado que un número cada vez mayor de estudiantes de colegios y universidades están yendo al monte para ver qué hacen los de camuflado y fusil con el objetivo de consolidar grupos clandestinos como la llamada “federación de estudiantes universitarios”.

Este concepto de trabajo urbano hoy se fortalece con la conducción de Alfonso Cano (jefe de las Farc y sucesor de Manuel Marulanda Vélez), buscando la tradicional combinación de las formas de lucha con la vieja estrategia de la ‘guerra popular prolongada’”, escribió un analista de inteligencia en un informe al que tuvo acceso Semana. Además hay evidencias de la existencia de un movimiento juvenil bolivariano de las Farc en el computador de Carlos Antonio Lozada incautado en un bombardeo en Arauca el año pasado, pues allí había correos electrónicos que indicaban que varios jóvenes habían visitado los campamentos de las Farc.

La Policía lleva más o menos cinco años haciendo un trabajo intenso de seguimiento a la infiltración de las Farc en los espacios educativos, estrategia que han tenido desde que nacieron en los sesentas. Pero una cosa son las simpatías ideológicas que siempre ha habido, y otra muy distinta tener las pruebas judiciales que demuestren que hay estudiantes involucrados en actos de violencia o de tráfico ilegal de armas o de narcóticos.

Para la Policía es difícil judicializar a los culpables porque trabajan de manera compartimentada y en grupos pequeños. Así, si capturan a unos, éstos no pueden dar razón de lo que hacen los otros.

Las Farc, autoras de secuestros, homicidios y actos violentos contra la población civil, se mueven en las universidades y colegios en una delgada línea difícil de trazar. Por eso con tanta frecuencia, tanto autoridades, como medios de comunicación y congresistas han confundido la manifestación, la protesta, la rebelión, o el desacuerdo con un gobierno (válido en cualquier sistema democrático como el de Colombia) con la insurgencia armada, la ilegalidad o el terrorismo.

De ahí que sea crucial que las autoridades establezcan claramente quiénes están metidos en el grupo ilegal armado, para no terminar estigmatizando a cuánto estudiante proteste o insulte al gobierno o a la “oligarquía”, así no tenga nada que ver con la ilegalidad.

Dicen las autoridades que en los últimos años, “se ha identificado una clara intención de recomposición armada a nivel urbano en las Farc, a la cual han querido vincular algunas células universitarias que vienen siendo preparadas en el desarrollo de terrorismo de baja intensidad, para avanzar en la formación y consolidación de células terroristas”.

Pero ¿qué es terrorismo de baja intensidad? ¿Un grupo de estudiantes que sale a manifestar a las calles porque viene el presidente Bush? ¿Manifestar contra el Presidente de Estados Unidos es un delito? ¿O se refieren a petardos, quemas de buses o recoger información de inteligencia para los grupos armados? Es un tema delicado que exige mentes abiertas de las autoridades para no terminar creyendo que ser estudiante de la Nacional o de la Pedagógica ya es ser sospechoso, y se lleva una camiseta roja (color universal del comunismo), o carga una mochila arahuaca, o lleva pelo largo ya es tomado como “prueba” suficiente. Esa paranoia puede crecer, y como en las dictaduras, terminar prohibiendo que los hombres lleven barbas o las mujeres pantalones para ir a la universidad.

De hecho, quienes tuvieron acceso al computador de Lozada encontraron fotos de un guerrillero que llevaba la máscara de un fantasma, idéntica a la que también fue utilizada por gente en una manifestación del Día del Trabajo en 2007, en Bogotá. Enseguida las autoridades señalaron la máscara como evidencia de que las Farc estaban metidas de cabeza en esta marcha. Desde luego, nadie duda que esta organización ilegal pueda infiltrarse en una manifestación, pero que una máscara de Halloween sea la prueba de reina de que las Farc llegaron a las ciudades o a las universidades, es risible.

Lo que no es risible es que se estigmaticen a estudiantes inocentes, cuya vida puede correr riesgo, sobre todo cuando las universidades también tienen organizaciones paramilitares. Tampoco lo es, por supuesto, es que las Farc realmente recluten jóvenes en las universidades y los metan en su guerra sin futuro, injusta y cruel contra los colombianos. Eso lo deben investigar y detectar urgentemente las autoridades. Pero hasta que el DAS, la Policía o la Fiscalía no muestren pruebas contundentes en contra de estudiantes o profesores que verdaderamente estén comprometidos con las Farc, es sano que la sociedad se serene y no arme escándalo con cualquier encapuchado echando una arenga.
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