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| 4/15/2009 12:00:00 AM

Carteles ponen la mira en concejales del Valle

El reciente asesinato de un concejal en Tuluá se suma a otros ataques contra ediles del Valle. Según Fenacon, el diez por ciento de los legisladores locales de esa región está bajo amenaza.

Rara vez la cúpula militar y policial del Valle del Cauca se reúne en pleno para atender el llamado de las autoridades cívicas de El Dovio, un pequeño municipio colgado en la cima de la cordillera occidental,  una región azotada por los carteles del narcotráfico.

El encuentro desarrollado este martes 14 de abril, tenía como eje central atender los temores de al menos tres de los nueve concejales elegidos democráticamente en las elecciones de 2007 y que hoy son objeto de intimidaciones por parte de grupos armados al servicio del narcotráfico.

“Ya tuvimos una reunión con funcionarios del Ministerio del Interior y se acordó una oficina única de la policía mediante la cual tramitaremos los casos puntuales de amenazas que se presenten y las debidas acciones de protección”, explicó Eliécer Pérez, presidente de la Asociación de Concejales del Valle.

Aunque ninguno de los ediles recibió en forma directa las amenazas, saben que el mensaje de sus victimarios es claro: no deben insistir en la idea de instalar el batallón de Alta Montaña en esa zona.

La propuesta de una base militar con 400 soldados en la zona surgió desde 2007 y fue liderada por el presidente Álvaro Uribe y el ministro Juan Manuel Santos, como mecanismo para poner fin a la guerra territorial protagonizada por Machos y Rastrojos, dos ejércitos irregulares al servicio de los capos Diego Montoya, alias ´Don Diego´, extraditado a los EE.UU. y Wílber Varela, alias ´Jabón´, asesinado.

La guerra desatada cinco años atrás, dejó un saldo parcial de mil muertos. Hay que recordar que El Dovio es la tierra natal de narcos de la talla como Iván Urdinola Grajales y Orlando Henao, quienes dieron origen al extinto cartel del norte del Valle. Ambos capos fueron asesinados y desde entonces El Dovio se convirtió en refugio territorial de sus sucesores, gracias a su cercanía con el mítico Cañón de Garrapatas, una zona agreste del Chocó en la que cultivan, procesan y trafican la coca que es llevada por el Océano Pacífico hacia Centro América y Estados Unidos.

La idea presidencial del batallón de Alta Montaña quedó en el aire pero a raíz de la reactivación de las vendettas entre narcos de la zona, la idea fue revivida recientemente. Sin embargo esta vez causó serias molestias entre quienes ostentan el nuevo control del negocio del narcotráfico.

“Retrocedimos varios años atrás, cuando en medio de la guerra mafiosa el pueblo fue dividido entre Machos y Rastrojos”, denunció un edil, quien pidió reserva de su nombre. Agregó, que a diferencia de esa época, aún no se han presentado crímenes o desapariciones masivas, “Pero existe un temor generalizado entre la comunidad por las muertes selectivas”, aseguró.

Las cifras de homicidios dejan entrever esa realidad. De acuerdo con estadísticas policiales, entre 2007 y 2008 los crímenes aumentaron un 200%, pasando de seis asesinatos a 18. En los primeros 50 días de este año ya se presentaron cuatro homicidios, una cifra alta para un municipio cuya población es de 9.500 habitantes.

En toda Colombia hay 12.600 concejales.

Temor en otros municipios
Los temores de los concejales de El Dovio sirvieron para poner en contexto el ambiente de zozobra que padecen el diez por ciento de los 517 concejales que ejercen sus funciones en el Valle. El problema afecta a legisladores locales de municipios como Yumbo, La Cumbre, Dagua, Candelaria, Buenaventura y Tuluá.

Precisamente en esa última localidad se hizo efectiva la primera amenaza. El pasado martes 31 de marzo dos sicarios motorizados acribillaron a bala al edil Carlos Arturo Wagner. El edil avalado por Alas Equipo Colombia, había sido objeto de amenazas por parte de la columna Víctor Saavedra de las Farc.

A la fecha otro dos concejales, Orlando Gallego de La U y Saúl Vela, se encuentran bajo intimidaciones. “Incluso nuestro colega Vela está exiliado y asiste a las sesiones por Internet o envía propuestas a través de medios magnéticos”, explicó Gallego, quien recibió una llamada a su celular donde le decían que tenía pocos días de vida.

¨No se puede hablar de un problema generalizado en la región; sólo tenemos a seis concejales bajo protección especial”, aseguró a Semana.com el coronel Nelson Aceros, comandante de la Policía en el Valle.

Aceros dijo que por ahora no hay indicios que permitan establecer que se trata de una acción premeditada de la guerrilla, “Ni siquiera hay claridad en torno a que estén tras el crimen del concejal de Tuluá”, dijo.

En el resto del país
Valle no es el departamento más afectado por el problema de asesinatos o amenazas contra concejales.

Pero la cifra más preocupante es la de los homicidios. Mientras en 2008 siete ediles fueron asesinados, este año la cifra ya llegó a cinco.

En los últimos diez años se han presentado 432 crímenes de concejales, de los cuales el 85 por ciento se le atribuye a la guerrilla, 11 por ciento a los paramilitares y los restantes a problemas por filiación política.

Carlos Urresty, director de Derechos humanos de la Federación Colombiana de Concejales, Fenacon, aseguró que en 2008 los hostigamientos en contra de los ediles aumentó en un 30%, con respecto al 2007.

“En la actualidad tenemos 1.700 concejales amenazados y el Gobierno a través del Mininterior protege a otros 2.000”, dijo a Semana.com Urresty recalcó que las regiones más afectadas en su orden son Caquetá, Llanos Orientales, Nariño y Cauca. En Caquetá hay 60 concejales intimidados y con intenciones de renunciar ante la presión de las Farc.
Una de las conclusiones a las que llegó Urresty es que el 95 por ciento de los concejales amenazados ejercen en municipios que no superan los ocho mil habitantes y con la mayoría de su población rural. En otras palabras, pequeñas poblaciones aisladas, muy apetecidas por las organizaciones mafiosas del Valle que las convierten en enclaves de su guerra territorial.

Por esa razón los habitantes de El Dovio, el pequeño municipio del norte del Valle, no entienden cómo una promesa Presidencial sobre la instalación de un batallón de Alta Montaña, se evaporó con el tiempo y los dejó a merced de un régimen de terror.
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