Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2008/09/29 00:00

Castigo para responsables de falsos positivos

En los últimos dos meses la justicia y los entes de control han tomado decisiones trascendentales contra militares en varios casos de los llamados “falsos positivos”. En total, la Fiscalía investiga a 803 uniformados por delitos relacionados con ejecuciones extrajudiciales y montajes de atentados.

Si la justicia muestra resultados en los casos de falsos positivos es una manera de reivindicar a las familias de las víctimas con un estado que en lugar de cuidarlos, los persiguió.

Por colaborar en el montaje de atentados en Bogotá, alias ‘Yéssica’ fue condenada el pasado 6 de agosto a 10 años de cárcel. Dos semanas después, la Procuraduría destituyó por 20 años a un coronel activo por participar en el asesinato de tres sindicalistas en Arauca que fueron presentados como guerrilleros. La semana pasada, la Corte Suprema condenó a dos militares a 40 años de cárcel por la muerte de dos ex guerrilleros desmovilizados en Antioquia que fueron presentados como miembros activos del Eln. Y este lunes, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra 10 miembros del Batallón La Popa por su presunta participación en el homicidio de un indígena, cuyo cadáver fue reportado como muerto en combate en el Cesar.

Estos hechos dicen poco en una lista. Pero si se miran en detalle, se trata de decisiones judiciales y disciplinarias que sientan un precedente en las investigaciones de los llamados “falsos positivos” que, en otras palabras, son las acciones en la que miembros de la fuerza pública manipulan los hechos para mostrar aparentes resultados y ganar beneficios ante sus superiores. La mayor parte de estos delitos fueron cometidos en departamentos como Antioquia, Córdoba y Meta.

De acuerdo con un informe de la Fiscalía citado por la agencia AP, 99 oficiales están siendo investigados por “falsos positivos” en delitos que tienen que ver con ejecuciones extrajudiciales y montajes de atentados. Entre los oficiales investigados figuran seis coroneles. Además, son indagados 113 suboficiales y 480 soldados profesionales. “En total, entre militares y policías, la lista de investigados por falsos positivos llega a 803 uniformados”, dice la agencia.

Aparte de estas investigaciones, este año el Ejército destituyó a 947 efectivos y la Policía a 199 por delitos relacionados no sólo derechos humanos, sino también con narcotráfico y corrupción.

Que la justicia muestre resultados en estos casos sirve no sólo para que las familias de las víctimas crean en la justicia, sino para que el argumento recurrente de la fuerza pública de que los oficiales involucrados en estas horribles prácticas son solo “manzanas podridas” dentro de la institución, sea creíble.

Dentro de las decisiones judiciales y disciplinarias más recientes, se cuentan la del pliego de cargos que la Procuraduría formuló este lunes contra 10 uniformados del batallón La Popa, en Valledupar, por su presunta participación en el homicidio del indígena kankuamo Víctor Hugo Maestre, sucedido el 4 de octubre de 2004 y reportado como muerto en combate. Los afectados por esta decisión son el teniente (r) Elkin Leonardo Burgos; los cabos terceros (r) Pedro Cubillos y Elkin Rojas; y los soldados Luis Carlos Maestre, Luis Carlos Pacheco, Albert David Pertuz, Fernando Rodríguez, Juan Manuel Mejía, Ever de Jesús Peralta y Willinton Vera.

Así mismo, el pasado 6 de agosto, un juez condenó a Lidia Álape Manrique, alias ‘Yéssica', a 10 años y 4 meses de cárcel por colaborar en el montaje de atentados en Bogotá en el año 2006. La Fiscalía, que también investiga a un mayor y a un capitán del Ejército por su participación en los presuntos atentados, fue acusada de rebelión, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.
Después, el 28 de agosto, la Procuraduría interpuso la sanción más alta al coronel Luis Francisco Medina por la muerte de tres sindicalistas en 2004 que vivían en una vereda de Saravena, en Arauca. El oficial fue destituido e inhabilitarlo durante 20 años para ocupar cargos públicos y ejercer su oficio como militar.

Y la semana pasada se conoció que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la pena a 40 años de cárcel para los cabos Humberto de Jesús Blandón Vargas y Sandro Fernando Barrero, responsables por el doble crimen en Montebello, Antioquia, de José Evelio Gallo y Uberney Giraldo Castro, ex guerrilleros de la disuelta Corriente de Renovación Socialista (Crs) y del Ejército de Liberación Nacional (Eln). El homicidio, que ocurrió el 23 de enero de 2000, fue presentado como un positivo de dos integrantes del Eln.

La justicia no sólo investiga para castigar a los victimarios, sino también para conocer por qué mataron a las víctimas. Según lo dijo la agencia AP, la Fiscalía registró la apertura de 558 investigaciones en la unidad de Derechos Humanos, donde se indaga por la muerte de 933 hombres y 82 hombres. En casi todos esos casos, dice la Fiscalía, se habló de personas muertas en combate.

Estas decisiones que castigan a los autores de estos delitos alertan, sin duda, a quienes se empeñan en vencer al enemigo de una manera sucia, pensando en la equivocada ecuación de que a mayor número de muertos, más cerca se está de ganar la guerra.

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