Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2008/10/18 00:00

Corazón valiente

Asesinatos, secuestros y amenazas son una constante en la vida de los funcionarios encargados de realizar las investigaciones judiciales más complejas del país.

La labor del CTI ha sido fundamental en el proceso de Justicia y Paz. Los investigadores del CTI han realizado cerca de 1.000 exhumaciones de cuerpos

El pasado viernes 10 de octubre dos sicarios asesinaron a Jorge Arango Aguirre en Manizales. Ese mismo día, 10 de sus compañeros de trabajo completaban más de 72 horas atrapados en las montañas de Nariño rodeados de guerrilla. Dos semanas antes, otros cuatro de sus colegas habían sido secuestrados por la subversión en la frontera con Ecuador. Estos son tan solo algunos de los más recientes episodios que tienen algo en común: todos los protagonistas son funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI).

La situación es bastante particular, ya que en los últimos años los integrantes del CTI, que son la columna vertebral y la primera línea de todas las investigaciones judiciales del país, han terminado por ser víctimas de los delincuentes que deben perseguir. Las cifras hablan por sí solas. En la última década más de 200 investigadores han sido asesinados. Más de 50 han sido secuestrados, 520 han resultado gravemente heridos en cumplimiento de su deber y más de 400 han recibido serias amenazas contra su vida o las de sus familias.

Las cifras son alarmantes ya que en el mundo no existe precedente alguno en donde los integrantes de un organismo de investigación conformado por civiles tengan las tristes estadísticas de víctimas que posee el CTI de Colombia. Lo más irónico es que apenas hace tres meses, el Estado reconoció algo que era bastante obvio: ser integrante del CTI es una de las actividades de más alto riesgo que existen. Gracias a la gestión del fiscal general, Mario Iguarán, y a la directora del CTI, Marilú Méndez, el Congreso aprobó en julio pasado una ley que les da el derecho a los integrantes de ese organismo de tener acceso a una pensión de alto riesgo, como la tienen los miembros de la Policía y el DAS, la cual contempla, entre otras, la posibilidad de pensionarse a los 55 años de edad con 25 años de servicio, sin importar la edad. Ese reconocimiento llega en un momento crucial, ya que la entrada en vigencia del nuevo sistema penal plantea nuevas pero peligrosas obligaciones al CTI.

De acuerdo con la ley, los investigadores están en la obligación de, por ejemplo, acudir a la escena de un crimen en un tiempo máximo de 36 horas, sin importar el lugar del país. Como el CTI es un cuerpo civil que no tiene recursos, como helicópteros y fuerzas especiales entrenadas en lucha antisubversiva, fue necesario hacer una alianza estratégica con el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía. Esa alianza ha permitido contar con medidas de seguridad para acudir a lugares inexpugnables en la selva a efectuar la exhumación de cuerpos, destrucción de laboratorios de coca o arrestos de miembros de la guerrilla, los paramilitares o grupos de narcos.
 
Aunque algunos sectores han criticado esa alianza con el argumento de que no se garantiza la independencia, ya que los investigadores deben estar cerca de los miembros de las fuerzas militares, paradójicamente han sido justamente los investigadores del CTI quienes también han cumplido la misión de investigar algunos de los más complejos casos que involucran integrantes de las Fuerzas Armadas. Casos como el de la masacre de Jamundí, el Palacio de Justicia y la infiltración de la mafia en los batallones del Valle del Cauca son casos que ha tenido que investigar el CTI.

Aunque el DAS, es la otra entidad de carácter civil que también tiene facultades de policía judicial, el CTI ha sido el organismo que se ha convertido en la punta de lanza de las más trascendentales investigaciones. Han sido los encargados de recolectar gran parte de las pruebas de la llamada para-política, por la cual están siendo investigados más de medio centenar de congresistas. Pero incluso, aun más importante es la labor que ha desarrollado en el proceso de Justicia y Paz. Las cerca de 1.000 exhumaciones de cuerpos enterrados en las fosas comunes de los grupos paramilitares han sido clave no sólo para enjuiciar a los responsables de las masacres, sino que han sido fundamentales en el proceso de verdad para las familias de las víctimas. Son estos casos, sumados a la lucha contra las organizaciones criminales y la delincuencia común, los que han convertido el oficio de investigador del CTI en una profesión de alto peligro y para personas valientes.
 

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